El 7 de febrero de 1992 se firmó en la ciudad holandesa de Maastricht el Tratado de la Unión Europea. Significó el paso más importante en el camino a la unión política desde los acuerdos de Roma de 1957.

Grupo del Consejo Europeo reunido en Maastricht, diciembre de 1991 | Foto: Comisión Europea

Grupo del Consejo Europeo reunido en Maastricht, diciembre de 1991 | Foto: Comisión Europea

El Tratado de Maastricht es el resultado de la estrategia de profundización antes de la expansión seguida frente a los cambios de fines de los años ochenta en Europa central y oriental. También la reunificación alemana y la relación de la cuestión alemana con el desarrollo de toda Europa habían actuado como catalizadores.

Contenido del Tratado

La Unión Europea debía unificar y dar marco común a los tratados preexistentes. El punto culminante previsto en el tratado era la construcción de una política económica y cambiaria común. En forma simplificada, la Comunidad Europea se basaba en tres pilares ya existentes, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, que constituyen el primer pilar supranacional.

A esto se agregan dos ámbitos de cooperación intergubernamental: la política exterior y de seguridad común (o segundo pilar, PESC) y los asuntos de justicia e interior (o tercer pilar, JAI). Otros temas del Tratado eran el establecimiento del principio de subsidiariedad, la introducción de la ciudadanía europea, un nuevo procedimiento de decisión en el Parlamento Europeo y la creación de comisiones de las regiones.

Unión económica y monetaria

En el Tratado se establece la piedra fundamental para la unión monetaria y la creación del euro en tres etapas. La moneda común debía ser introducida antes del 1.1.1999 en el sector bancario y antes del 1.1.2002 como dinero en efectivo.

Los llamados criterios de convergencia ponían condiciones a la introducción del euro en los países. Referían a la deuda estatal, las tasas de interés, la estabilidad del presupuesto y de las tasas de cambio. Se estableció que el déficit anual de un Estado no podía superar el 3 % y la suma de la deuda pública no podía superar el 60 % del producto bruto del país.

Política exterior y de seguridad común

Se sustituye la cooperación política europea existente hasta ese momento por la política exterior y de seguridad común, de características bastante más vinculantes. Los objetivos eran la protección de los valores compartidos, los intereses y la independencia de la Unión Europea, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la cooperación internacional así como de la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, las decisiones finales seguían en manos de los Estados nacionales.

Política común de asuntos de justicia e interiores

En el ámbito de los asuntos de justicia e interiores se acordó por primera vez la cooperación en cuestiones concernientes a políticas migratorias y de asilo, la lucha contra el narcotráfico, el combate a las estafas internacionales y al terrorismo, así como asuntos de derecho civil y penal. Para una mejor cooperación de las policías se acordó la fundación de la institución europea Europol.

Principio de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad implica que una actividad estatal debe ser realizada en lo posible por el estrato más bajo de gobierno. La Unión Europea recién puede entrar en acción cuando los objetivos políticos pueden ser alcanzados en forma más eficiente a nivel comunitario. Este principio ya estaba implícito en el Tratado de Roma de 1957 y explícitamente contenido en el Acta Única Europea de 1986 sobre temas ambientales.

Fortalecimiento del Parlamento Europeo

Una mayor democratización de la Unión Europea se debería alcanzar a través del fortalecimiento del Parlamento Europeo. La introducción del llamado procedimiento legislativo en la Unión Europea le dio al Parlamento potestades legislativas en varios ámbitos políticos que lo ponían en igualdad de condiciones respecto al Consejo de la Unión Europea.

Además se introdujo la posibilidad de la moción de censura contra la Comisión Europea. Por primera vez se reconocieron partidos políticos a nivel europeo, lo que permitió su financiamiento con fondos de la Unión Europea.

Ciudadanía europea

Para que la unión económica se convirtiera en una unión política, la ciudadanía europea constituía un símbolo claro. La obtenía cada ciudadano de los países de la Unión Europea; complementaba pero no sustituía la ciudadanía de su Estado. Los derechos del ciudadano comunitario comprenden el derecho a presentar peticiones al Parlamento Europeo, así como reclamos frente al Defensor del Pueblo Europeo, el derecho a formar iniciativas ciudadanas, el derecho electoral pasivo y activo en las elecciones comunales y europeas, el derecho a la libre permanencia y circulación, así como a la protección por las representaciones diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro.

Comité Europeo de las Regiones

En su calidad de órgano consultivo, este comité da voz a las entidades de carácter territorial en procesos de toma de decisión de la Unión Europea. Se compone de 244 representantes de entidades regionales y locales. Sin embargo, su carácter meramente consultivo no permite realizar plenamente la muy citada Europa de las regiones.

Política social común

Al Tratado se le agregó un protocolo sobre política social común. Allí se acordó la introducción de normas mínimas del derecho laboral y la puesta en marcha de un diálogo social mayor. El único país que voto en contra de este protocolo fue Gran Bretaña.

Reacción de la opinión pública al Tratado

La ratificación del Tratado chocó con algunas dificultades ya que la opinión pública se expresaba en forma contradictoria. En Dinamarca, Irlanda y Francia se realizaron referéndums que le dieron una escasa mayoría. En Dinamarca los votantes recién lo aprobaron en la segunda cita, después de rechazar el Tratado en 1992 por 51,7 %. En Alemania, el Tribunal Constitucional debió decidir si el Tratado significaba la renuncia a derechos de soberanía protegidos por la Constitución. Recién en octubre de 1993 el Tribunal dio luz verde para la ratificación. Por esta razón, el Tratado de Maastricht recién fue implementado el 1 de noviembre y no el 1 de enero de 1993 como se había planeado.

Las discusiones sobre Maastricht continúan. Los opositores argumentan ante todo que una integración impuesta desde arriba genera nacionalismo. Desde la cumbre de Maastricht el tema Europa está presente en forma constante en la discusión pública. En vistas a la posibilidad de una unión monetaria y política, ante todo en Gran Bretaña, Dinamarca y Francia se discute vivamente sobre la pérdida de soberanía nacional y de las monedas propias. También en Alemania la pérdida del marco alemán (DM) jugó un papel importante.

 

Reinhard Schreiner
Historiador. Archivólogo de la Fundación Konrad Adenauer

Artículo publicado originalmente en Geschichte der CDU.

Traducción: Manfred Steffen, coordinador de programas de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo