El gobierno chavista enfrenta su primera campaña en desventaja en la última década, con una crisis que lo acosa como nunca antes. Sin embargo, cuenta con las ventajas del despliegue autoritario de poder, la estructura del proceso electoral y las heridas no sanadas dentro de la Unidad opositora y el público votante.

© Guillermo Aveledo

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El domingo 9 de agosto culminó el proceso de postulaciones de las alianzas políticas para las elecciones parlamentarias venezolanas a celebrarse el 6 de diciembre de este año. Alrededor de mil quinientos candidatos, seiscientos de los cuales pertenecen a las alianzas mayoritarias en la política venezolana, compiten por ciento sesenta y cinco escaños en la Asamblea Nacional.

Por primera vez en más de una década, la alianza liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) entra a una liza electoral en desventaja. La percepción negativa del gobierno de Nicolás Maduro, pese a disminuir levemente tras las sanciones impuestas a funcionarios públicos venezolanos por los Estados Unidos a comienzos del año, ronda el 70 %. A diferencia de su predecesor Hugo Chávez, Maduro es visto como el principal responsable de los problemas del país: ya no solamente la delincuencia y la violencia, o en menor medida la represión política, sino de manera más acuciante la carestía de productos y la galopante inflación que, según cómputos no oficiales, sobrepasa los tres dígitos.

En las elecciones regionales de 2013, el presidente Maduro apeló a aumentar el gasto público y a redistribuir existencias enteras de productos electrodomésticos expropiados en espectaculares operativos de fuerza pública, con muy buenos resultados. Ahora, la baja de los precios del petróleo y la escasez en los inventarios de grandes almacenes impide este acto de prestidigitación, por lo que ha aumentado la retórica agresiva, tanto en política exterior como ante el sector privado, los partidos opositores y la sociedad civil.

No solo es retórica: el autoritarismo electoral arrecia. El Gran Polo Patriótico, la alianza de partidos de izquierda nucleada en el PSUV, ha purgado a elementos disidentes y el Consejo Nacional Electoral ha impedido la inscripción de estos en nuevas organizaciones políticas. Mientras tanto, sobre potenciales candidatos opositores se ha recurrido a la inhabilitación política, neutralizando sus candidaturas y posiblemente descarrilando sus trayectorias. Aunque puede no ser suficiente, no es poco: si bien solo poco más del 20 % de los encuestados en el país señalan que votarán favor de los candidatos del gobierno, también manifiestan una intención más resuelta a participar del sufragio y tienen una opinión diametralmente opuesta al resto del país sobre el presidente: la fuerza identitaria del chavismo sigue dando réditos en esta minoría entusiasta y disciplinada.

El ánimo de la minoría oficialista es espejo de las cavilaciones de la mayoría opositora: aunque alrededor de un 60 % de encuestados se consideran opositores, la frustración derivada de las acciones de protesta y diálogo, y de manera más saliente de la pugna en la dirección opositora, no han permitido que esa mayoría se declare abiertamente partidaria de la principal alianza de partidos de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Ha emergido una importante cantidad de candidaturas independientes que pueden no tener fuerza electoral pero podrían lograr distraer votos de la alianza en circunscripciones cerradas, con un mensaje de «todos son iguales» contra el PSUV y la MUD. Escarceos como la imposibilidad de alcanzar acuerdos de listas electorales de candidatos del pequeño partido Vente Venezuela, liderado por la inhabilitada María Corina Machado, o el modo en que fue resuelta la expulsión de la alianza del partido socialcristiano Copei tras su intervención judicial, han robado centimetraje de la presentación del programa parlamentario opositor, que tiene pocos espacios amigables en los medios.

Sin embargo, el descontento puede llevar a un inédito resultado electoral en Venezuela, mientras la expectativa de cambio y la economía del voto pueden estimular al dubitativo elector. El reto principal para alternativa opositora será trascender los centros urbanos y los estados más poblados, y lograr representación política en espacios rurales y suburbanos, donde ya logró avances en las últimas elecciones municipales. Para el oficialismo, el reto puede llegar a ser aprender a gobernar con minoría parlamentaria y con un mayor control político. ¿Podrá tolerarlo el socialismo autoritario en Venezuela?

 

Guillermo Aveledo | @GTAveledo