El gobierno venezolano muestra las peores tendencias de la historia política latinoamericana, tratando de evadir autoritariamente su evidente declinar. ¿Qué pueden hacer los demócratas de la región? ¿Qué deben hacer los demócratas venezolanos?

Imagen: Guillermo Tell Aveledo

Imagen: Guillermo Tell Aveledo

Durante años ha habido dudas acerca de cómo caracterizar al régimen venezolano, que no se parecía a las adustas dictaduras tradicionales, ni asumía los contornos de una república constitucional. Populismo, autoritarismo competitivo, caudillismo, democracia híbrida, neosocialismo… Lo que fuese, pero nadie confundía a Venezuela con una democracia liberal.

Hoy, esos contornos están mucho más definidos. Si Venezuela no es una dictadura hoy, es apenas por falta de declaración formal.

La pendiente resbaladiza tiene meses, y a cada evento aparece una actitud del gobierno venezolano que cruza la raya del decoro democrático. Esta semana, el Consejo Nacional Electoral acata, de manera instantánea, el amparo de unos tribunales sin competencia electoral para suspender el proceso de recolección de firmas que activasen la revocatoria de mandato del presidente Nicolás Maduro, e inician una causa penal contra la directiva de la Mesa Unidad Democrática.

La semana pasada, el presidente decidió aprobar el presupuesto nacional del año 2017 sin el control de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, avalado por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, mientras amenazaba a los poderes regionales y locales que no les traspasaría fondos si no declaraban fidelidad al Ejecutivo nacional. Unos días antes, la autoridad electoral habría postergado las elecciones regionales y locales que debían ocurrir este año, en las que previsiblemente arrasaría la oposición. Pero aun antes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha permitido al Ejecutivo la extensión inconstitucional de un estado de emergencia económica, el cual permite gobernar por decreto, mientras ha anulado expresamente las capacidades legislativas, de control y de vigilancia de los actos del poder público por parte del recién electo cuerpo legislativo. Esto sin contar las acciones directas de represión política, arrestos extrajudiciales, la militarización de las redes de producción y comercialización, la intervención económica irracional, hostigamiento material y violencia que se han incrementado desde la llegada de Nicolás Maduro al poder.

Sería fácil ubicar el problema en las insuficiencias de Maduro, pero esta no es una presidencia unipersonal. Existe una suerte de triunvirato, coordinándose la fuerza armada, el Tribunal Supremo y el Ejecutivo, ordenando a los cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela distribuidos a lo largo del Estado. Este triunvirato ha anulado todo avance electoral de las fuerzas opositoras, y que junto con la ineficacia gubernamental había logrado superar en votos las holgadas ventajas del chavismo en su apogeo.

Sería ingenuo pensar que esto comenzó hace pocos meses. Desde su origen, el chavismo ha sido hostil a las instituciones democráticas y a los límites constitucionales, anulando todo contrapeso político y desestimando a la sociedad civil al punto de abrogarse su representación. Apoyado por grandes mayorías sociales, estimuladas por la autoridad carismática del fallecido Hugo Chávez, o por la holgura de la bonanza petrolera, había interpretado su poder más allá del lindero que la propia Constitución de la República Bolivariana indicaba, caracterizando las libertades civiles como meras nociones burguesas que no podían con la soberanía popular que apoyaba a la revolución. Hoy, sin carisma, con carencias fiscales y sin apoyo popular, el poder chavista se revierte a lo más básico: la revolución es la voluntad del pueblo, y si el pueblo no la apoya, eso no impedirá que el Estado revolucionario defienda al pueblo de sí mismo.

Ante esta actitud, la ruta de la Unidad Democrática —la coalición de partidos moderados que concentra la mayor parte de las fuerzas opositoras, y que desde 2013 ha sido la organización con la mayor cantidad de votos en la historia venezolana— había apuntado hacia una constatación explícita: para sustituir al chavismo y sus calamitosas políticas públicas había que crecer como opción social con un programa realista, y así, lograr avanzar en los espacios establecidos en la Constitución. Crecer, pues, electoralmente.

Pero cuando se cancelan hacia el futuro cercano los procesos de consulta democrática, y se han cancelado los efectos de la voluntad popular de los más recientes comicios, esto ya no parece suficiente. Eso constatan sus líderes, que modifican su estrategia hacia nuevas formas de rebeldía social, que concierten a la sociedad civil y acaso a los elementos moderados y racionales del chavismo hacia una transición. En ello se juega la paz, la libertad y la vida toda Venezuela.

América Latina ha sido históricamente una región caracterizada por sus carencias republicanas y su postergada democracia, pero esa tendencia fue revertida en las últimas tres décadas. En ese cambio, la democracia venezolana jugó un papel importante, colaborando con la transición y los partidos democráticos de toda la región, y promoviendo el aislamiento internacional de las dictaduras. Ahora que la situación se ha revertido, la región no puede quedarse callada.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas