La decisión gubernamental de aumentar el precio de la gasolina desató rapiña y vandalismo en varias ciudades del país, en un año clave para las elecciones presidenciales de 2018.

Protestas por gasolinazo | Foto: PetrohsW, vía Wikicommons

Protestas por «gasolinazo» | Foto: PetrohsW, vía Wikicommons

Las reformas que surgieron a raíz de la firma del Pacto por México a inicios del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, aprobadas en el Congreso por los principales partidos políticos —PAN, PRI y PRD—, incluían entre otros avances la apertura de un sector energético monopolizado durante décadas por la administración federal.

Este logro, que llegó tarde a causa del bloqueo legislativo priista durante los sexenios encabezados por el Partido Acción Nacional (2000-2012), sucumbió en su intento por abaratar la producción de hidrocarburos frente a una reforma fiscal que busca recuperar en impuestos lo que se pierde ante un escenario internacional donde el precio del petróleo y de las gasolinas sufrieron reducciones y aumentos, respectivamente.

El abrupto recorte a los subsidios en el costo de los combustibles fue, así, anunciado a finales del año 2016, para empezar a aplicarse el primer día del año en curso, a razón de un aumento del 20 % en su precio al público. La noticia generó falta de abasto en gasolineras en buena parte del territorio nacional, largas filas de automovilistas urgidos de llenar el depósito antes de la inminente alza y un clima de crispación que estalló con la llegada del año nuevo.

La medida adoptada por el gobierno federal ha traído saqueos de tiendas de autoservicio, vandalismo en cadenas comerciales de no pocos estados, bloqueos carreteros y puentes fronterizos, así como manifestaciones pacíficas que exigen revertir esta decisión.

El presidente Peña Nieto informó al país acerca de las razones de esta medida el 3 y 4 de enero, con argumentos que si bien obedecen a motivos justificados, provienen de quien encabeza un gobierno acusado en numerosas ocasiones de corrupción, impunidad, incapacidad de llevar ante la justicia incluso a gobernadores hoy prófugos por malversación de fondos, entre otros desaciertos económicos y políticos que han desprestigiado a sus ministros más cercanos y mermado la credibilidad de sus decisiones.

Aunado a lo anterior, este año se realizarán elecciones en el estado de México, de donde es oriundo el propio presidente y que ha padecido los mayores saqueos y actos de vandalismo, encabezados en su mayoría por grupos de choque afines al propio PRI y a Andrés Manuel López Obrador. Esta situación podría traer la demanda de una intervención firme de la autoridad (el ejército ya realiza patrullaje y encabeza detenciones de presuntos culpables), lo que para el partido de Enrique Peña Nieto sería favorable al presentarse como garante del orden; Morena —el partido de López Obrador— se vería beneficiado en su constante crítica a cualquier acción de una autoridad que ha fallado constantemente en garantizar el Estado de derecho.

El Partido Acción Nacional, en ese sentido, si bien ha señalado lo inevitable del aumento, ha hecho también constantes llamados a la manifestación pacífica de la inconformidad y una enfática condena a los actos de vandalismo, y esto lo presentan ante la ciudadanía como una alternativa que en el pasado supo mantener orden las finanzas públicas y manejar la macroeconomía de manera que el país fue capaz de sortear incluso la crisis internacional de 2009.

El año que comienza presenta para México, además, la incertidumbre que produce el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, quien al menos desde su discurso y primeros nombramientos de gabinete ha asumido una postura proteccionista y cerrada que, de seguir la ruta de lo prometido en campaña, podría representar serios problemas para la economía mexicana. Todos estos factores, en suma, hacen que este 2017 represente un enorme reto para una clase política que deberá sortear un entorno internacional adverso, un descontento social en aumento y un escenario electoral que mira ya la sucesión presidencial de 2018.

Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional, Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista Bien Común.