En el proceso electoral del 7 de julio pasado participaron por primera vez candidatos independientes, lo que representa una alternativa frente a los partidos tradicionales que ahora tienen el reto de renovarse o seguir perdiendo votación.

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Jaime Rodríguez, El Bronco, candidato independiente ganador de la gubernatura de Nuevo León | Fuente: Wikicommons.

Como parte de la reforma electoral aprobada a raíz del Pacto por México en el año 2013, y que incluyó una serie de cambios a la legislación en la materia, las elecciones mexicanas de 2015 presentan varios aspectos sobre los que es importante poner atención, pues afectan el modo en que los partidos enfrentarán los futuros comicios y, sobre todo, el proceso de 2018, cuando se renovará la presidencia de la República.

En primer lugar, llama la atención el entorno de violencia que se vivió los días previos y durante la jornada electoral: en total se registraron 28 asesinatos tanto de candidatos como de integrantes de los equipos de campaña, de los partidos o de simpatizantes, lo que deja una mácula preocupante sobre la capacidad de las autoridades de garantizar el correcto desarrollo de los comicios. La violencia es uno de los principales inhibidores de la participación ciudadana.

En segundo lugar, cabe destacar los actos de ilegalidad en los que incurrió el Partido Verde Ecologista de México, fuerza política aliada del Partido Revolucionario Institucional, que durante todo el proceso incurrió en constantes violaciones a la ley: inclusive el día de la elección contó con el apoyo en redes sociales de connotadas figuras públicas, como el técnico de la Selección Nacional de Fútbol; esto, aunado al uso indebido de tiempos oficiales de promoción, entrega de prebendas y otras acciones por las que no recibió reprimenda o fue sancionado de manera menor por la autoridad. Para el futuro, la incapacidad del Instituto Electoral de poner un alto a estas prácticas amenaza la imparcialidad de los comicios.

En tercer lugar, la aparición de candidaturas independientes dio un giro importante a la oferta política que de manera habitual tiene el electorado, y ofreció espacios de participación que fueron aprovechados por diversos perfiles para hacerse del triunfo, por señalar los más notorios, en la gubernatura de Nuevo León —tercera en importancia del país— y en la alcaldía de Guadalajara, segunda ciudad más importante. Este hecho, si bien representa un aliciente para la participación electoral que venía en declive en los últimos años y apenas en este 2015 tuvo un repunte considerable, está sustentado en un discurso antipolítico, en ocasiones que ciertos toques de demagogia, y que llama al electorado a distinguir entre ciudadanía y políticos tradicionales, generando un ambiente de maniqueísmo que reduce de forma simplista las ofertas entre buenos y malos.

Los resultados en la conformación del Congreso nacional, que dan al PRI una mayoría notoria y dejan a la oposición atomizada entre las fuerzas políticas tradicionales y otras nuevas que apuntan al radicalismo de extrema izquierda —con el partido de López Obrador, Morena, a la cabeza—, pueden abonar a la falta de acuerdos durante los próximos tres años, lo que será asimismo aliciente para que nuevos actores incursionen en candidaturas independientes, siguiendo el discurso simplista mencionado, abonando a un desprestigio de los partidos tradicionales que es de por sí bastante alto en la percepción ciudadana (la última encuesta realizada por el Instituto Electoral asigna un 19% de confianza ciudadana en los partidos, en contraste con el 35% del estudio realizado tres años antes).

Esta situación impone pues a las fuerzas políticas establecidas retos de gran urgencia y primera importancia, puesto que un nuevo competidor ha aparecido en el escenario y puede, con relativa facilidad, seguir una ruta que ya en este proceso de 2015 resultó de sumo atractiva para los votantes. Faltará sin duda ver los resultados en el ejercicio de gobierno, pero es un hecho innegable que la ciudadanía recibió con beneplácito esta participación y que los principales perjudicados fueron el PRI, el PRD y el PAN. En 1997 estos tres partidos sumaban 90 % de la votación; en 2015, ese porcentaje es de solo 60%.

Frente al proceso de 2018, los tres factores descritos apuntan a la necesidad de que los partidos tradicionales y más fuertes del país encuentren mecanismos de apertura, de vinculación ciudadana, de renovación y de modernización, tanto de sus cuadros como de su discurso, su comunicación y su modo de resultar empáticos a un electorado que exige, se involucra cada vez más, es crítico y puede con facilidad apuntar a lo nuevo frente a esquemas estancados. Hay tiempo aún para reaccionar.

Carlos Castillo | @altanerias