Un creciente número de niños intenta ingresar a los Estados Unidos en forma ilegal. La situación está desbordando a las autoridades migratorias y amenaza con provocar una emergencia humanitaria.

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Foto: Manuel Rodríguez Lozano

Más de 47.000 niños han sido detenidos desde octubre del año pasado por ingresar en forma ilegal a los Estados Unidos. Provienen principalmente de El Salvador, Honduras, Guatemala y México y la cifra ya duplica las 24.493 detenciones hechas durante todo el 2013. Para fin de año se espera que alcancen los 90.000 casos. Este aumento exponencial llevó al presidente Barak Obama a hablar de una “situación humanitaria urgente” y a tomar medidas inmediatas. Se ha creado un programa de apoyo para estos niños, con fondos de USD 2.000 millones, y se han abierto refugios de emergencia en bases militares de Oklahoma, Texas y California para apoyar al refugio existente en Arizona.

Las autoridades gubernamentales atribuyen la oleada de niños migrantes a la violencia y a los problemas económicos que atraviesan sus países de procedencia. Por su parte, la oposición republicana la atribuye a las expectativas generadas por una iniciativa gubernamental conocida como Acción Diferida para Llegados en la Infancia, que permite a los menores diferir por dos a cuatro años los procesos de deportación. Desde su entrada en vigor en 2012, unos 600.000 extranjeros se han beneficiado con esta medida. Preso de sus propias promesas y a pocos meses de las elecciones de medio término, que amenazan con dejar a Obama gobernando con un Congreso opositor, la administración ha aclarado que los únicos que pueden acceder a este beneficio son quienes ingresaron al país antes de 2007.

 

La magnitud del problema está fuera de discusión. El debate se centra ahora en la solución que se puede ofrecer a estos niños. Actualmente, se intenta ubicarlos en Estados Unidos con un familiar que se haga responsable de ellos mientras se desarrolla el juicio de deportación. Si esto no es posible, son trasladados a refugios de emergencia y quedan a cargo del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Sin embargo, una vez que se termina el juicio no resulta claro qué sucede con quienes no cuentan con un familiar que los reciba en su país de origen. Ante esta situación, el gobierno de Honduras analiza presentar acciones legales, alegando que la deportación masiva de menores contraviene tratados internacionales. Por su parte, diversas organizaciones civiles están presionando a Naciones Unidas para que se declare el estado de emergencia en la zona fronteriza y se otorgue a estos niños el estatus de refugiados.

Ana Jacoby | @WAXJacoby