La Unidad Democrática, la principal coalición política de la alternativa opositora en Venezuela, atraviesa una crisis paralizante. Sin un agente ordenador, el creciente descontento puede fortalecer paradójicamente al chavismo.

José Luis Cartaya, nuevo coordinador general de la Unidad Democrática, junto con Henry Ramos Allup de Acción Democrática, y Jesús Torrealba, Secretario Ejecutivo saliente.

Políticamente, postergar la resolución de diferencias conduce a la larga, a la inacción. Las heridas de la división estratégica opositora del año 2014, cuando se planteó el dilema entre la salida acelerada del Chavismo por la vía de la protesta, y la acción de crecimiento continuado de los espacios institucionales aún vigentes en la menguada democracia venezolana que tuvo su clímax en 2015, parecen haber alcanzado un punto muerto.

En apariencia, ninguna estrategia parece haber tenido éxito. Pero el fracaso no se debe a la misma causa: la perspectiva de un cambio súbito no concitó apoyos políticos y sociales suficientes, sobreestimando la capacidad que las protestas tenían para empujar el fin del régimen. La perspectiva de un cambio a mediano plazo, que descansaba en la acumulación de fuerzas institucionales que establecieran a la Unidad como un actor legítimo en la distribución del poder estatal, falló al claudicar su dominio estratégico y espacio alcanzado en las legislativas de 2015, suponiendo que esa victoria electoral dejaba desahuciado al gobierno.

Así, en lugar de fortalecer el poder de la Asamblea Nacional, se optó por una miríada de acciones dirigidas al cambio rápido de gobierno –la investigación sobre la nacionalidad del presidente Maduro, el juicio político y la declaración de abandono del cargo y, la más importante, la convocatoria a un referendo de revocación del mandato ejecutivo. Aunque esta última era una opción constitucional, la ausencia de claridad y cohesión en la acción retrasó y dificultó su activación, lo cual fue aprovechado por el gobierno para detener este proceso de manera arbitraria, primero con trabas ilegales y, al final, cancelando toda consulta.

Dos circunstancias se suman a esto: por una parte, el creciente autoritarismo del gobierno Maduro, que no sólo ha usado su dominio institucional para quitar competencias a la Asamblea Nacional, ampliando sus violaciones a los derechos humanos apuntando a la disolución de los partidos de oposición. Por otra, el agravamiento de la crisis social y humanitaria venezolana, que mella en la confianza social no sólo de la posibilidad de un cambio sino, además, hacia quienes serían agentes de éste, justo ahora que se hace más urgente.

Formalmente, la Unidad está dedicada a un proceso de reestructuración de la coalición y su funcionamiento, que restauraría los mecanismos de negociación interna de su origen. Sin embargo, no hay aún acciones concretas que den a la sociedad venezolana una noción de las propuestas del liderazgo opositor. Entre la lucha por su supervivencia inmediata, y las perspectivas de una acción política paralela a la electoral, la Unidad aparece hoy, lo cual estimula acciones parciales y sin coordinación, en un círculo vicioso.

Se le presentan, sin embargo, una posibilidad táctica y un obvio camino estratégico. Comencemos por esto último: el norte de la Unidad debe estar, de inmediato, no meramente en el cambio de gobierno como fin último, sino más inmediatamente en la restauración de las condiciones de competencia electoral. Ello incluye reafirmar la alianza, luchar por mantener su estatus legal aún ante medidas arbitrarias, y reasumir mecanismos de presión social de propósitos menos difusos.

La posibilidad táctica descansa en la posibilidad de una triangulación que permita una transición hacia la restauración democrática, con una negociación que alcance a los sectores moderados del régimen. Los errores metodológicos del diálogo arbitrado por la UNASUR y la Santa Sede entre la Unidad y la facción radical que domina el gobierno venezolano, junto con la falta de voluntad oficial en cumplir lo acordado, y el desgano con que la Unidad abordó las negociaciones, han desprestigiado este mecanismo. Pero una salida negociada sigue siendo un procedimiento viable y hasta urgente, pese a que los actores no tengan una perspectiva común sobre la inescapable crisis nacional, obligándose replantear esfuerzos anteriores. Escribiremos sobre esta posibilidad en una próxima nota.

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas