La protesta contó con la convocatoria de todo el espectro de centrales gremiales que habían sido divididas por el kirchnerismo, y tuvo la adhesión clave de dos gremios muy cercanos al Gobierno: los transportistas y los metalúrgicos.

La Presidenta y Hugo Moyano, en otros tiempos, en abril de 2009 en Casa de Gobierno. Fuente: Presidencia de la Nación Argentina - wikimedia commons

La Presidenta y Hugo Moyano, en otros tiempos. Abril de 2009, Casa de Gobierno | Fuente: Presidencia de la Nación Argentina, vía Wikicommons

Por primera vez en los últimos doce años, el martes 31 de marzo se realizó un paro general convocado por todas las entidades gremiales, es decir, incluso aquellas que en las últimas medidas de fuerza habían preferido permanecer al margen por su cercanía con el Gobierno. La convocatoria fue disparada por la CGT que conduce Hugo Moyano, la Azul y Blanca, que preside Luis Barrionuevo, y la CTA, de Pablo Micheli, y logró paralizar a todo el país con la adhesión clave de dos gremios cercanos al Gobierno. Por un lado, la UTA (que agrupa a todos los transportes del país de corta, media y larga distancia), y la de la UOM, cuyo titular Antonio Caló dejó en libertad de acción a los trabajadores metalúrgicos agremiados en esa central.

El motivo de forma de este paro fue el reclamo por, entre otras cuestiones, la modificación del impuesto a las ganancias. Ese tributo grava con el 35 % (según escalas salariales) a todos los empleados en relación de dependencia que ganan desde $ 15.000 mensuales. Hace dos años, el Gobierno de Cristina Kirchner subió ese piso pero no actualizó las escalas y dejó fuera de la modificación a los trabajadores independientes, profesionales, autónomos y pequeños comerciantes.

Con una inflación cercana al 40 % anual, según reconocen las consultoras privadas aunque no el Gobierno, muchos de los acuerdos salariales (paritarias) que se obtuvieron, en la práctica, terminaron siendo contraproducentes porque cada vez son más los asalariados que tributan este impuesto. Tal vez por esto, el nivel de acatamiento de la medida de fuerza fue tan rotundo que todas las centrales convocantes ya discuten un nuevo paro general, esta vez de 36 horas.

Para el Gobierno, el paro del 31 de marzo fue una medida adoptada para defender a los que más ganan. Ese mismo día, en cadena nacional, la presidenta festejó las mejoras salariales de los últimos años y anunció un plan de incentivo al consumo, su caballito de batalla en cada contienda electoral. Y le atribuyó la protesta al hecho de que quienes más ganan ahora no quieren que les quite una porción de su bolsillo para ayudar a los que menos tienen. En una alusión indirecta a la cantidad de trabajadores que hoy tributan ganancias porque han mejorado sus salarios. Para el ministro de Economía, Axel Kicillof (quien suena cada vez más fuerte como candidato del oficialismo en las próximas elecciones), el impuesto a las ganancias está bien aplicado y desalentó cambios.

Desde el punto de vista político, el impacto del paro fue aún mayor, ya que es la primera vez que hay una medida de fuerza de todas las centrales gremiales juntas durante una gestión kirchnerista; en especial, teniendo en cuenta que fue el matrimonio Kirchner el que logró, justamente, fracturar la CGT entre una oficialista (en manos del metalúrgico Caló) y otra opositora (que conduce el camionero Moyano, otrora aliado incondicional del expresidente Néstor Kirchner). Claro que este paro sólo fue posible en los últimos meses de gestión de la presidenta y se convirtió en el preludio de la próxima contienda electoral de octubre.

Alejandra Gallo | @alegalloinfo
Periodista. Escribe para el diario El Cronista y trabaja en los programas Le doy mi palabra y Esta Semana, de Radio Mitre