Estamos exactamente en la mitad del período del segundo mandato del presidente Tabaré Vázquez en Uruguay. Hasta el momento se puede decir que al Frente Amplio le fue relativamente bien en las dos presidencias anteriores, con Tabaré Vásquez (2005-2010) y José Pepe Mujica (2010-2015). Tanto es así que llegó al tercer período consecutivo de gobierno con mayoría absoluta en ambas Cámaras. Sin embargo, esta administración presenta algunas señales que dan cuenta de un contexto político mucho más adverso y desafiante para el oficialismo. Sin ir más lejos, en septiembre de 2017 el Frente Amplio afronta una de las crisis políticas más complejas de su historia, tras la renuncia, nada menos que del vicepresidente Raúl Sendic, por el uso indebido de su tarjeta corporativa cuando era presidente de la estatal Ancap.

Las señales de advertencia son varias y se manifiestan en terrenos como la agenda de gobierno, la producción legislativa y la opinión pública. Veámoslo de inmediato en este artículo que tendrá dos entregas.

Tabaré Vázquez en acto político, septiembre de 2011 | Foto: Zeroth, vía Wikicommons

Tabaré Vázquez en acto político, septiembre de 2011 | Foto: Zeroth, vía Wikicommons

La agenda de gobierno

Hay una frase bastante popular en política que se le adjudica al exalcalde de Nueva York Mario Cuomo: «Las campañas se hacen en poesía, pero el gobierno en prosa». Es un dicho que calza para analizar lo que ha sido esta primera mitad de Vásquez II. La sensación generalizada es esa: un profundo contraste entre las promesas de campaña respecto a lo que vino después. En buena medida durante la contienda electoral de 2014 ya se avizoraba un horizonte adverso.

El primer problema con el que se encontró el gobierno fue una desaceleración de la economía en los años 2015 y 2016, y el incremento del déficit fiscal. Esto se vio reflejado en los permanentes mensajes del ministro de Economía pidiendo austeridad y mesura a los distintos sectores. Ello se tradujo en la aplicación de un ajuste fiscal no avisado en campaña. También generó enfrentamientos con los sindicatos, que, siendo los principales socios corporativos del gobierno, interpretaban esas señales como un freno a la redistribución del ingreso y al presupuesto público.

Por otra parte, el gobierno no pudo concretar una de sus principales promesas: la reforma educativa. El optimismo en cuanto a la aplicación de esta propuesta se reflejó en la rimbombante metáfora del «cambio en el ADN de la educación», a la cual Vázquez solía hacer referencia. Ese punto de su agenda también lo enfrentó tempranamente con los sindicatos de la educación y con el sector político del expresidente y actual senador José Mujica (Movimiento de Participación Popular) que controla la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), organismo encargado de la educación pública, a través del cual operó un veto a esa reforma.

La otra carta que tenía para mostrar el presidente era el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Fue una de sus promesas de campaña. Una política orientada a regular, proveer servicios de cuidados y formación para distintas poblaciones (primera infancia, personas en situación de dependencia y cuidadores). En este caso se lograron avances mediante la votación de la ley 19353 que puso en funcionamiento el sistema, aunque se le recortó sensiblemente su presupuesto.

En el plano de la seguridad pública se planteó como meta bajar los delitos, principalmente las rapiñas y los homicidios. Si bien aparentemente comienza a revertirse la tendencia creciente de estos delitos, ello no acontece de forma significativa, por lo cual la percepción de inseguridad de la población sigue en niveles altos.

Puede mencionarse el avance del proceso de inclusión financiera como un logro de la actual administración, aun cuando existan reclamos y críticas a diversos aspectos de esta plataforma. El ministro de Economía ubicó a este proceso entre las principales reformas del Frente Amplio, al punto de esperar que los uruguayos se «enamoren» de la inclusión financiera (sic). Lo cierto es que difícilmente este proceso pueda ser equiparado a reformas anteriores de la administración del Frente Amplio como la impositiva, laboral o de salud.

Por un lado, ya se avizoraba la existencia de una agenda de gobierno relativamente austera si se la compara con las dos administraciones anteriores del Frente Amplio. Pero a ello se debe agregar la baja capacidad de concreción de las promesas. Como si fuera poco, las políticas de mayor impacto vienen por el lado fiscal y tienen que ver con los ajustes de tarifas que han permitido mejorar el resultado de las cuentas públicas. A ello se agregan algunos impuestos (aumento de la tasa consular que se aplica a productos importados, impuesto a la renta de las actividades económicas, a la Banca de Quinielas, a la renta de las personas físicas y a los premios de juegos de azar) que se activarán una vez que se promulgue la rendición de cuentas que acaba de aprobarse en el Parlamento.

Seguiremos el análisis en una segunda entrega.

 

 

Alejandro Guedes | @GuedesAlejandro
Politólogo. Egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo. Maestrando en Ciencia Política e integrante del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política de la misma universidad