Más de un mes ha transcurrido ya desde que Puigdemont diera un golpe de Estado que quebrantaba la Constitución española. Hoy, ante la convocatoria de unas elecciones verdaderamente democráticas, la sociedad civil catalana ha experimentado una reestructuración de fuerzas que también se percibe en el ámbito electoral de la lucha entre partidos.

Manifestación multitudinaria en Barcelona reclama la unidad de España, 8 de octubre de 2017 | Foto: Robert Bonet, vía Wikicommons

Manifestación multitudinaria en Barcelona reclama la unidad de España, 8 de octubre de 2017 | Foto: Robert Bonet, vía Wikicommons

Corrían tiempos de incertidumbre y desasosiego. Como si de una película de Hitchcock se tratara, la pseudodemocracia imperante en las vespertinas sesiones del Parlament revelaba la anodina indiferencia y el desdén de los mandatarios independentistas con respecto a sus representados, una mayoría silenciosa (y silenciada) que temía la posibilidad de una inminente declaración unilateral de independencia. Así, la tarde del 27 de octubre, el expresident Carles Puigdemont proclamaba la independencia de la República Catalana respecto del opresor Estado español. Más de un mes ha transcurrido ya desde un golpe de Estado que se estudiará en las escuelas de toda España.

En este lapso, Puigdemont se mudó a Bélgica y compareció ante la Cámara del Consejo de Bruselas; los líderes de las plataformas independentistas ANC y Òmnium Cultural, Oriol Junqueras y otros ocho exconsellers ingresaron en prisión acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación; mientras, la activación del artículo 155 de la Constitución reimplantó la legalidad en la comunidad catalana y posibilitó la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. La cuestión ahora es dirimir cuál será la coyuntura preponderante de cara a unas elecciones inéditas.

En este sentido, el análisis de la realidad catalana ha de fundarse en torno a dos reflexiones: por un lado, cómo llega a las elecciones una sociedad civil que ha de erigirse en el nuevo eje vertebrador de la democracia catalana; por otro, cómo llegan unos partidos políticos que representan el extraordinario grado de heterogeneidad sociopolítica de Cataluña.

Un burdo independentismo de sesgo populista y reaccionario se había convertido, en los últimos años, en el eje constitutivo de la sociedad civil catalana. El dominio de las manifestaciones, los medios y las escuelas fomentaba el adoctrinamiento masivo. Los resortes propagandísticos se encontraban tan desarrollados que el entramado sociocivil proindependentista había hecho creer no solo a la comunidad internacional, sino también al propio pueblo catalán, que el sentimiento nacionalista reflejaba el anhelo de un pueblo homogéneo que combatía las artes opresoras de un Estado anclado en una legalidad constitucional poco democrática. Aquellos que, aun así, se oponían al independentismo se sumergían en una espiral de silencio inducida por la voz nacionalista dominante. No es extraño que el hecho de no ser independentista reforzase el carácter comedido y reservado de algunas personas.

Hoy, los demócratas deberíamos estar agradecidos a los líderes independentistas. Solo ellos han conseguido desmantelar en pocos meses lo que parecía imposible de desarbolar en años. La sociedad civil catalana vuelve a hablar castellano y el sentimiento de orgullo nacional se ha normalizado por primera vez desde el periodo de la transición. La bandera de España ha dejado de evocar sensibilidades fascistas para convertirse en el vivo reflejo de la defensa de la unidad nacional y el orden constitucional.

Un millón de catalanes ya puede salir sin miedo a la calle para manifestar su voluntad de seguir perteneciendo a España. La mayoría silenciosa, en definitiva, ha probado que, hasta ahora, había sido silenciada. Los catalanes no independentistas, aunque aún con dificultad, ya se animan a hablar más de política y comienzan a sentirse cómodos al expresar sus ideas. La llamada espiral de silencio que se cernía sobre la sociedad civil opositora a los planteamientos nacionalistas parece inmersa en un inexorable declive. Nos encontramos, pues, ante la transformación de una sociedad civil que parecía estigmatizada, una transformación que advierte una reestructuración de fuerzas en las elecciones del 21D. Con la libertad de quien puede expresar lo que piensa, las fuerzas constitucionalistas se hallan en una tesitura novedosa; una tesitura que, si saben rentabilizar, podría derivar en la construcción de una mayoría parlamentaria el 21 de diciembre.

¿Qué ocurre con los partidos? Aún es pronto para vaticinar resultados. No obstante, lo que sí parece claro, según indican las encuestas, es que los independentistas aún se sitúan a la cabeza en la carrera del 21D. Los partidos no independentistas y constitucionalistas ocupan, sin embargo, una posición nada intrascendente. Dada la excepcional igualdad que se vislumbra de cara a estas elecciones, no sería extraño que sus escaños pudieran decidir el futuro de la región. Ahora bien, si algo resulta evidente es que los acuerdos poselectorales volverán, una vez más, a configurar el escenario político catalán para los próximos cuatro años. La heterogeneidad reinante en una sociedad tan diversa como la catalana ha de traducirse, según la lógica representativa de la democracia, en escaños que encarnarán ideas muy distintas sobre cómo gobernar Cataluña en el marco de su relación dialéctica con el conjunto de España.

En este sentido, parece que el bloque independentista ronda la mitad de los escaños. No obstante, sus opciones de consolidar una mayoría parlamentaria han disminuido considerablemente con respecto a otras elecciones. Como ya se ha señalado, la reestructuración de fuerzas de la sociedad civil catalana advierte un cambio en el tablero político en favor de los partidos constitucionalistas. De esta manera, la coalición de tales partidos, en otros tiempos impensable, se atisba hoy como una de las posibilidades. El resultado más probable, no obstante, parece la victoria de un bloque constitucionalista que podría obtener una mayoría junto a los no independentistas de Catalunya en Comú (CeC), la ramificación regional del partido de Pablo Iglesias.

Ahora bien, ¿estaría dispuesta esta formación a apoyar un gobierno conformado por los mismos partidos que aborrece en el plano nacional? Lo cierto es que la caída de los independentistas de izquierdas parece liquidar el sueño de construir una mayoría izquierdista entre constitucionalistas, independentistas y no independentistas. Por ello, y ante la probabilidad de que el bloque independentista no alcance la mayoría, CeC tendrá que elegir: o un gobierno con las fuerzas constitucionalistas que garantizan el ejercicio de las libertades democráticas dentro de un Estado de derecho, o un gobierno con las mismas fuerzas independentistas que han sumido a Cataluña en una vorágine de caos y confusión.

 

Javier Martín Merchán | @jmmerchan_10
Español. Estudiante de Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación (Universidad Pontificia Comillas de Madrid). Asistente de investigación en el Real Instituto Elcano