¿Cuánto colabora la ratificación de la candidatura de Lula, por el PT, a incrementar la percepción de ineficacia de las instituciones en la lucha contra la corrupción? Simplificar o subestimar los efectos demostraría una ceguera total.

El presidente Lula en la ceremonia de lanzamiento del Plan Safra, agosto de 2005 | Foto: Ricardo Stuckert, vía Wikicommons

El presidente Lula en la ceremonia de lanzamiento del Plan Safra, agosto de 2005 | Foto: Ricardo Stuckert, vía Wikicommons

Desde hace tres años, Brasil mantiene una profunda crisis institucional, iniciada con las investigaciones a Petrobras que derivaron en la multimillonaria red de corrupción del caso Lava Jato y devinieron en la polémica destitución de la presidenta Dilma Rousseff, a solo días de comenzar los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Hoy, este gran Estado sufre un nuevo remezón político tras la ratificación y aumento de la condena por corrupción del carismático expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, complicando la candidatura del gran favorito para ganar los comicios de octubre de este año, según las encuestas.

Hay quienes miran con esperanza la señal que envían los tribunales de Brasil, por generar un mínimo indicio de la existencia de una justicia igualitaria, mientras otros contemplan con horror el accionar del Partido de los Trabajadores (PT), que ratificó la candidatura de Lula llamando a sus adherentes a desobedecer la condena judicial y aumentando la tensión.

La corrupción es una de las enfermedades más graves de Latinoamérica, que tiñe casi todo el mapa de rojo, de acuerdo con el informe anticorrupción de Transparencia Internacional. Junto con África, nuestra región es el territorio de más alta percepción de corrupción. Brasil no está exento; ha sido testigo recurrente de prácticas antiéticas. La opinión pública, si bien está lejos de avalarlas, parece tolerarlas al preferir políticos que, a pesar de estar envueltos en escándalos de corrupción, reportan algún tipo de beneficio a la comunidad local.

Conocido es el caso de Adhemar Pereira de Barros, influyente político brasileño de los años sesenta, quien aseguraba «Adhemar rouba, mas faz», es decir, roba pero gestiona. A pesar de este lema, su candidatura, cual Robin Hood, consiguió gran apoyo popular para ser gobernador de San Pablo, demostrando una especie de compensación del elector.

A más de 50 años, el efecto Adhemar persiste en la sociedad. Lula, pese a ser condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, sigue manteniendo un amplio apoyo popular gracias a la herencia de las medidas económicas implementadas en su gobierno, que transformaron a Brasil en la octava potencia económica del mundo y permitieron la salida de la extrema pobreza a más de 20 millones de personas.

Manuel Villorria (2007) señala que la ciudadanía latinoamericana tiene, por regla general, una visión de las instituciones como altamente afectadas por la corrupción, y de los gobiernos, como entes altamente ineficaces en la lucha contra la corrupción, cuando no directamente propulsores de esta.

Ahora bien, ¿cuánto colabora la ratificación de la candidatura de Lula por el PT a incrementar la percepción de ineficacia de las instituciones en la lucha contra la corrupción? Simplificar o subestimar los efectos demostraría una ceguera total. Los dichos de una de las instituciones políticas más importantes del país configuran una realidad ciudadana permisiva frente a las malas prácticas. Hacer vista gorda a estos hechos parece estar justificado sobre todo si el PT no cuenta con un candidato que se acerque a la potencia electoral de Lula, quien, hasta fines del 2017 ostentaba un 34 % de adhesión y hacía presumible un hipotético aplastante triunfo de llegar a participar en segunda vuelta.

Brasil lo tiene todo: grandes reservas de recursos naturales, desarrollo del capital humano y un gran potencial económico. Esperemos que también tenga el coraje de medir a todos con la misma vara. Solo así superará el lastre de la corrupción. Gran parte de la solución está en manos de los tribunales locales, que tienen procesos abiertos a decenas de parlamentarios por hechos no menos graves que los del expresidente Lula. Si a este proceso se suman otros, se aclararán las legítimas dudas y desconfianzas respecto a la seriedad y oportunidad de la sentencia, alejando la posibilidad de que el proceso responda únicamente a pirotecnia política para impedir legalmente el entonces eventual ascenso de Lula al poder.

 

Karla Muñoz Ramírez | @KarlaMura
Administradora pública. Docente de la Universidad de Concepción, Chile