En el Perú, como en otros lugares, el escándalo de Lava Jato es, al mismo tiempo, una mala y buena noticia para la democracia. Es mala porque, al salpicar prácticamente a todos los partidos, ahonda aún más el desprestigio del personal político. Es buena porque desenmascara a un gran contingente de actores y da la oportunidad de depurar drásticamente el escenario.

Además, en la medida en que, de verdad, se haga justicia, caiga quien caiga y no de manera selectiva, se recompondrá en parte la pobre imagen de instituciones tan vitales como el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que, a su vez, refuerza la democracia. Podría añadirse a ello el efecto que tendría en términos de disuasión para otros en el futuro, el encarcelamiento de un gran número de personajes poderosos que parecían intocables.

No obstante, esto último es incierto, por lo menos si nos atenemos a la experiencia local: tras el megaescándalo de corrupción que explotó en septiembre de 2000 y que llevó a la caída del régimen Fujimori-Montesinos, fueron castigados con penas de prisión no solo los dos cabecillas, sino también altos mandos de las fuerzas armadas, ministros, parlamentarios y jueces y fiscales supremos, entre otros miembros de su red delictiva.

Menos de un año después llegó a la presidencia de la República Alejandro Toledo quien, por lo que indican las acciones judiciales en curso, no dudó en aprovechar su cargo para llenarse los bolsillos indebidamente. No solo eso, los gobiernos de sus sucesores, así como altas autoridades regionales y municipales, también se han visto comprometidos por el caso Lava Jato y otros episodios escandalosos. Incluso han surgido sospechas respecto del actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, por su actuación durante su gestión como primer ministro durante el mandato de Toledo, precisamente.

Lo que sí puede decirse con mayor certeza es que momentos como los actuales ofrecen una ventana de oportunidad para que los políticos efectúen, aunque solo sea por presión de la opinión pública, cambios normativos tendientes a prevenir lo más que se pueda la corrupción y, en general, a hacer menos vulnerable al Estado ante el juego de los intereses privados, y, más aún, ante el dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

De hecho, el presidente Kuczynski designó al inicio de su gestión una comisión de integridad, conformada por personalidades de prestigio, que planteó medidas destinadas a sanear el manejo de la cosa pública en varios aspectos. Por su parte, el Congreso, dominado por el fujimorismo, emprendió el debate de una reforma electoral con el objeto principal de evitar el ingreso de fondos sucios a las campañas electorales. El problema es que, en ambos casos, el esfuerzo, si bien ha dado lugar a la adopción de reglas importantes, de todos modos ha sido considerado como insuficiente por los especialistas. Así, por ejemplo, la mayoría parlamentaria optó porque se siga castigando el financiamiento ilegal de las campañas electorales con solo una multa administrativa. No se ha previsto la descalificación de los partidos infractores ni, mucho menos, la tipificación de esa irregularidad como un delito.

Parece que se ha puesto mayor ímpetu en aprovechar la ocasión para saldar cuentas con los adversarios, vejándolos en comisiones parlamentarias y ejerciendo presión para que estos reciban un tratamiento fiscal y judicial más severo que el reservado a aquellos de la tienda propia que también están procesados. Peor aún: la bancada fujimorista la emprendió contra la cabeza del Ministerio Público, el respetado Pablo Sánchez, a través de una acusación congresal por omisión de funciones, por una supuesta inacción y lentitud ante el caso Lava Jato. Esto, según una encuesta, ha sido visto por la mayoría de la población como un acto de venganza y de amedrentamiento, por la reapertura de una investigación por lavado de activos al financista y ex secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

Al momento de escribir estas líneas, cuatro connotados empresarios y miembros de la elite social acaban de ser enviados a prisión preventivamente por su supuesta complicidad con Odebrecht. Habrá que ver si, bajo el impacto de este hecho muy poco común, los políticos se enfocan plenamente en las reformas pendientes para evitar que momentos como los actuales se repitan en el futuro. Naturalmente, se requiere también que todas las instituciones y los ciudadanos en general asuman el rol que les corresponde. Así, el Perú podrá dar un gran paso hacia la consolidación de su sistema democrático.

 

Francisco Belaunde Matossian | @fbelmat
Abogado. Analista político internacional en TVPerú. Profesor universitario