Para el Gobierno de Cristina Kirchner implicará un refuerzo de hasta M u$s 10.000 a las flacas Reservas del Banco Central. En cambio, para empresas, sindicatos y socios del Mercosur otorgaría beneficios extraordinarios a compañìas que tienen un 51% de control estatal.

Banco Central Argentina / Fuente: Wikimedia Commons Diana2803

Banco Central Argentina / Fuente: Wikimedia Commons Diana2803

El acuerdo que el Gobierno argentino firmó con el chino acumula más incertidumbres que certezas y, aún, se desconoce los detalles y los alcances de ese documento que en la Casa Rosada celebran y que en los sectores empresarios, sindicales, políticos de la oposición e, incluso, socios del Mercosur  se gana cada día más cuestionamientos.

Básicamente este acuerdo consiste en un swap financiero que le permite a la Argentina obtener unos 10.000 millones de dólares para engordar sus Reservas en el Banco Central  (BCRA) y, a cambio, China obtiene preferencias en el trato comercial de algunos productos y también en el acceso a las obras públicas. De ese monto, el BCRA que conduce Alejandro Vanoli, ya gatilló tres tramos para intentar achicar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo. A pesar de esos refuerzos las Reservas argentinas apenas rozan los u$s M 30.000; una de las más bajas de toda América Latina.

Lo que verdaderamente prende luces naranjas en los sectores no gubernamentales es la letra chica desconocida de este acuerdo. En especial en momentos en que justamente el alcance de acuerdos no revelados (aunque aprobados por el Congreso) en el caso de Irán y el atentado a la AMIA terminó con la sospechosa muerte del fiscal que investigaba esa situación, Alberto Nisman.

La Unión Industrial Argentina – que agrupa a las industrias de todo el país- difundió un duro comunicado cuestionando el acuerdo y el apuro del Gobierno por firmarlo y ponerlo en práctica. Desde esa entidad empresaria fundamentalmente cuestionan los artículos 5 y 6. Dicen en la UIA que le otorga a constructoras chinas la posibilidad de participar, sin licitación pública, es decir con contratación directa a empresas chinas en obras públicas y también de traer las materias primas que se necesiten e, incluso, mano de obra. Antes de que se firmara este acuerdo, una constructora china ya comenzó obras para construir una estación espacial china en la provincia de Neuquén, bajo el nombre Esuco S.A., dejando afuera a las compañías locales, como los grupos Pescarmona y Techint, que licitan en el exterior con éxito la construcción de represas.

Esta preocupación fabril se extendió a los sindicatos locales y también a los socios del Mercosur, como los poderosos industriales paulistas en Brasil, quienes ven en este acuerdo una virtual  perforación a las normativas de infraestructura del bloque del sur. La Presidenta Kirchner cuestionó las críticas de la UIA atribuyéndolas a intereses políticos partidarios.

Lo que despierta inquietud es que China no es un país contemplado dentro de las reglas de juego internacionales de la Organización Mundial de Comercio (OMC); es más, de acuerdo con información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos,  el 25% de las medidas antidumping internacionales aplicadas por diferentes países desde 2005 hasta la fecha apuntan a prácticas de compañías chinas, que en un 51% son estatales.

América Latina pasó a ser el segundo destino de las inversiones extranjeras chinas en los últimos años, luego de Asia. En la mayoría de esos países así como en los africanos (Nigeria y Angola) donde se han radicado capitales chinos también, la balanza comercial de esos países se primarizó y terminó en pronunciados déficits comerciales.

Alejandra Gallo | @alegalloinfo
Periodista. Escribe para el diario El Cronista y trabaja en los programas Le doy mi palabra y Esta Semana, de Radio Mitre