El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, cumple sus primeros 100 días de gobierno

El balance de los primeros cien días de gestión del nuevo gobierno de Costa Rica presenta luces y sombras. En la asunción del poder el 8 de mayo último, el entonces presidente electo prometió a las dos mil personas congregadas en la Plaza de la Democracia en San José, y a los miles de ciudadanos que siguieron las alternativas de la asunción de mando por radio, televisión y redes sociales, conducir al país con inteligencia, con responsabilidad, con equilibrio y con fuerza. Concluyó su discurso asumiendo el compromiso personal y de su gobierno de trabajar duro para el bien de todos. El 16 de agosto Carlos Alvarado hizo un resumen positivo de su gobierno con las palabras: «Hoy cumplimos nuestra promesa: 100 días de trabajar, trabajar, trabajar».

Carlos_Alvarado_Quesada, presidente de Costa Rica 2018-2022.

Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica 2018-2022.

No obstante, la población hace una evaluación crítica de la gestión del presidente y su gobierno. Según una encuesta realizada entre el 13 y el 16 de agosto por el reconocido Centro de Investigación y Estudios (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, Carlos Alvarado solo obtuvo un 35,3 % de respuestas positivas, en tanto que un 35,7 % tiene una imagen negativa de su persona y el 29 % considera su gestión regular. Juicios negativos merecen sobre todo el gerenciamiento de la crisis financiera y el problema de la seguridad.

Apenas un 28 % de los encuestados considera positiva la gestión de gobierno de Carlos Alvarado. Un 25 % la catalogan de regular y un 47 % incluso la califican como mala o muy mala. En la percepción de la población, la elevada fragmentación en la Asamblea Legislativa y las relaciones de poder poco claras constituyen una traba para la gestión de gobierno. El Parlamento está dominado por la oposición, y los diferentes partidos, o bien bloques, están fundamentalmente ocupados con sus propios problemas internos. Consiguientemente, falta un claro liderazgo opositor. Como principales debilidades del Parlamento se mencionan la corrupción, mociones y proyectos legislativos poco realistas, así como la inexperiencia de los diputados.

Poder limitado

El resultado electoral limitó el poder del presidente en el sistema semipresidencialista de Costa Rica. Si bien Carlos Alvarado ganó en segunda vuelta con algo más del 60 % de los votos, la fracción del Partido Acción Nacional (PAC) está compuesta por tan solo 10 diputados sobre un total de 57 que integran la Asamblea Legislativa. Debido a esta frágil base parlamentaria, Carlos Alvarado aprovechó los dos meses entre ambas vueltas electorales celebradas el 4 de febrero y el 1.° de abril para abogar en favor de un gobierno de unidad nacional. El único político que en marzo firmó un acuerdo formal de cooperación fue el candidato por el Partido Unidad Social Cristiana PUSC, Rodolfo Piza, que no logró pasar a la segunda vuelta. El PUSC también aportó un programa de trabajo al posterior gobierno de Unidad Nacional. Aunque sin firmar un acuerdo formal, dirigentes de primer nivel del Partido Liberación Nacional (PLN) de extracción liberal socialdemócracta, del Frente Amplio y del partido cantonal Curidabat Siglo XX, manifestaron su disposición de cooperar con el gobierno. El PAC del presidente Alvarado solo reúne el 44,4 % de los cargos dentro del gobierno.

En principio, con los acuerdos alcanzados se sentaron efectivamente las bases para un gobierno de amplio apoyo popular. No obstante, las relaciones de mayoría en el Parlamento resultaron ser complejas y opacas. El mandato limitado a cuatro años de los diputados, sin posibilidades de reelección directa, no contribuye a dar continuidad a una labor parlamentaria orientada al mediano y largo plazo. De los 57 miembros que integran la nueva Asamblea Legislativa, apenas seis cuentan con experiencia como diputados de períodos anteriores. El Parlamento está fraccionado y se divide en siete partidos que cuentan entre uno y 17 diputados. La situación se dificulta aun más debido a que prácticamente no se conoce la disciplina partidaria y dentro de las bancadas ya se vislumbran diferentes corrientes y opiniones individuales, con límites muy fluidos.

Reforma fiscal

La difícil búsqueda de mayorías en el Parlamento se hizo manifiesta en el proyecto central del gobierno, que es la reforma fiscal. Esta debe ser abordada con absoluta prioridad si se quiere evitar que el país entre dificultades de pago con las conocidas consecuencias para un país emergente. El endeudamiento acumulado del país en los últimos años alcanzó a más del 50 % del PBI y el Banco Central pronostica para 2019 un déficit fiscal del 7,9 %, si no se reduce en forma urgente el gasto público y/o se elevan los ingresos del Estado. Las estadísticas más recientes del Ministerio de Hacienda sitúan el déficit del primer semestre de 2018 en el 3,3 % del PBI, lo que equivale a 1100 billones de colones (1900 millones de dólares), el valor más alto de los últimos seis años.

El borrador del Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal presentado a la Asamblea Legislativa desató debates intensos en los medios, en la población y entre expertos y partidos. El presidente Carlos Alvarado avaló expresamente el proyecto de reforma, que es determinante para su gobierno y para todo el período legislativo. Casi todos los partidos presentaron mociones para introducir cambios al proyecto que derivaron en prolongados debates que aún continúan.

La encuesta citada revela que la población está mayoritariamente dispuesta a aceptar un incremento en la carga impositiva, si ello permite superar la crisis financiera del Estado. No obstante, las dos terceras partes de los encuestados reclaman que paralelamente se recorte el gasto público. Un 37 % exigen que antes de incrementar la carga impositiva de la población se proceda a recortar el gasto público. El 52 % consideran que el principal responsable de la crisis financiera es el gobierno y el 20 % responsabilizan al Parlamento, en tanto que un 22 % mencionan a la evasión impositiva como responsable del déficit fiscal. A la luz de estos datos es evidente que el gobierno carece de una estrategia de comunicación que le permita explicar adecuadamente la compleja realidad que vive el país.

Interesante es la posición del PUSC, que prescindió de presentar mociones para modificar el proyecto de reforma. A cambio de aprobar la reforma fiscal le exige al gobierno que presente un programa económico que fortalezca la competencia y reactive la economía en un plazo perentorio. Su fracción parlamentaria envió al presidente Carlos Alvarado un escrito de ocho páginas que fundamenta el pedido. Sobre esta base, el PAC, el PUSC y el PLN podrían alcanzar un consenso y garantizarle al gobierno la necesaria mayoría para aprobar su paquete de reformas.

Perspectivas

Al cabo de los primeros cien días, la imagen del presidente y la gestión de gobierno muestran una tendencia negativa. No obstante, las decisiones más importantes como la reforma fiscal y la reactivación económica del país son temas muy complejos. Poco tiempo después de asumir el poder, el gobierno elaboró la reforma fiscal y remitió el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. La fragmentación del Parlamento y la inexperiencia de los nuevos diputados, así como la heterogeneidad de las opiniones dentro de los propios partidos y sus bancadas, generó en la población la impresión de que este gobierno, al igual que los anteriores, no está en condiciones de implementar las reformas urgentemente necesarias. Actualmente se observa una negociación más focalizada y se perfila la probabilidad de alcanzar la mayoría necesaria para la aprobación del proyecto. De consolidarse esta tendencia, es probable que las encuestas vuelvan a registrar valores más positivos para el oficialismo.