La dictadura chavista avanza en Venezuela. Su nuevo propósito, que cursa en paralelo con el apaciguamiento de las movilizaciones opositoras a través de la “mesa de diálogo”, es liquidar a los partidos políticos no alineados con el régimen. El 2017, que en teoría debería ser un año para realizar las elecciones regionales y municipales en suspenso desde 2016, inició con un debate que estaba fuera del radar un par de meses atrás: la legalización de los partidos.

Venezolanos manifestando en la Plaza Independencia en Montevideo – Foto: Manfred Steffen, archivo KAS 2016

 

El Consejo Nacional Electoral, cuya rectoría la ejercen cinco funcionarios (cuatro oficialistas y uno independiente), ha informado que antes de cualquier evento electoral, aun violando la Constitución y leyes del propio Poder Electoral, los partidos deben renovar su inscripción ante el registro de organizaciones con fines políticos. La nueva excusa prolonga la mora antes mencionada y fortalece una afirmación que quedó a la vista tras el veto al Referendo Revocatorio convocado por la oposición: el voto ha muerto en Venezuela, o por lo menos ha sido suspendido hasta nuevo aviso.

En el marco de una dinámica llena de incertidumbre y desconocimiento para la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos pequeños que se encuentran en el Gran Polo Patriótico (concertación oficialista), el CNE ha articulado una operación de “legalización” de partidos con el fin expreso de proscribirlos. Una nube de preocupación cubre este proceso que reglamentariamente debe resolverse entre el 18 de febrero y el 1ero de marzo de 2017, y que ya fue prorrogado para el 4 de marzo sembrando más dudas. Al momento no ha sido aclarada la fecha tope para su celebración. Tampoco si se permitirá a los 59 partidos que deben cumplir con este requerimiento, la realización de elecciones internas para escoger sus autoridades. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela no está obligado a participar en la renovación, es el gran privilegiado.

Con 366 puntos en todo el país y 421 máquinas captahuellas, el CNE estima recoger la voluntad del 0,5% del electorado en 12 de las 23 entidades territoriales que debe presentar cada partido para ser legalizado. La logística anunciada es precaria y el tiempo que disponen las toldas para realizar este operativo es de dos días de 7 horas cada uno (jornada laboral anunciada para funcionarios del CNE en este operativo): en total, cada organización tendrá 14 horas para movilizar durante un fin de semana toda su maquinaria y cumplir con el requerimiento establecido.

La lógica planteada para este proceso de legalización de partidos da como resultado precisamente lo contrario: un esquema orquestado con la finalidad de ilegalizarlos.

Se ha dividido el cronograma para que seis partidos acudan en un fin de semana a validar su registro de militantes. Es decir que dada la escasez de puntos en los que debe acudir la militancia, las seis organizaciones deben extremar un esfuerzo de cooperación y coordinación para lograr la meta. También debemos resaltar que aunque en Venezuela no existe el financiamiento público a los partidos, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió la doble militancia, por tanto una persona solo puede registrarse ante el CNE por un solo partido.

Esta escena, tan propia de una dictadura que busca máscaras de legalidad para intentar ocultar la arbitrariedad de sus acciones, mantiene ocupada a la MUD mientras en paralelo alianza se encuentra en un proceso de reestructuración interna.

A diferencia de la recolección de firmas pro Referendo Revocatorio de 2016, la renovación de los partidos no convoca masas. El irregular experimento diseñado por el CNE tiene grandes probabilidades de lograr la eliminación de los partidos, e igualar, esta vez alegando la falta de respaldo popular y no una medida judicial, lo sucedido en Nicaragua recientemente.

 

Ángel Arellano | @angelarellano
Venezolano, doctorando en Ciencias Políticas, integrante del Centro de Formación para la Democracia