La Asamblea Nacional y la convocatoria sistemática al pueblo venezolano

El 13 de octubre 2016, cuando la Asamblea Nacional mediante acuerdo decidió desconocer, de conformidad con los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que fueran contrarias a los valores, principios y garantías democráticas y lesionaren los derechos fundamentales, expresamente delegó en la junta directiva del Parlamento la responsabilidad de liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana, a los fines de procurar un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.

Protesta en las calles de Chacao, Caracas, 23.1.2019 | Captura de pantalla

Protesta en las calles de Chacao, Caracas, 23.1.2019 | Captura de pantalla

Ese mismo año, pero un 23 de octubre, a través del Acuerdo para la restitución del orden constitucional de Venezuela, la Asamblea Nacional reiteró su compromiso de convocar al pueblo de Venezuela, «en virtud de los preceptos constitucionales, en especial el artículo 333 de la Constitución, a la defensa activa, constante y valiente de la Constitución, de la democracia y el estado de derecho, hasta lograr la restitución del Orden Constitucional».

Es oportuno destacar que fue en ese acuerdo del 23 de octubre 2016, cuando la Asamblea Nacional declaró formalmente la «ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado continuado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Pueblo de Venezuela».

Nuevamente, el 2 de mayo de 2017, la Asamblea Nacional reiteró el llamado a los venezolanos para asumir el artículo 333 de la Constitución, como mecanismo de defensa del orden constitucional, a través de un acuerdo mediante el cual rechazó la convocatoria a la asamblea constituyente.

Y, luego, el 22 de mayo del 2018, la Asamblea Nacional, en el acuerdo mediante el cual desconoce las elecciones del 20 de mayo de 2018, nuevamente hizo un llamado «a todos los actores políticos, funcionarios públicos, y representantes de la sociedad civil para unir esfuerzos a los fines de diseñar una estrategia unitaria para promover un cambio político en Venezuela, orientado al restablecimiento efectivo del Estado de Derecho y de la democracia constitucional, tal y como lo ordena el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».

Es evidente que desde el 2016, la Asamblea Nacional ha sido coherente y sistemática en recordar y convocar a los venezolanos de todos los sectores a participar activamente en el proceso de cambio político que el país reclama. Además, en cada oportunidad que ha tenido, los acuerdos de la Asamblea Nacional han destacado al 333 como el fundamento constitucional en el cual debemos inspirarnos para interpretar el papel que tenemos como sociedad civil en la restauración del orden constitucional y democrático.

Es oportuno destacar que en el 2017, la coordinación de la consulta popular del 16 de julio y la conformación del Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia en ocasión a la convocatoria de la fraudulenta constituyente, representan dos hechos políticos en los que se concretó a nivel nacional la alianza coyuntural de la Asamblea Nacional y la sociedad civil en general, sin lograr que esos esfuerzos fueran sostenibles en el tiempo a los fines de materializar el 333 de la Constitución.

En esas experiencias del 2017 hay aprendizajes que hoy deben ser asumidos como lecciones aprendidas, que podrían ser útiles para estos momentos cuando la Asamblea Nacional encabeza un liderazgo muy importante en la crisis venezolana.

Cuánta falta hicieron en 2016, 2017 y 2018 los cabildos abiertos que hoy se están convocando, a los fines de procurar un proceso de pedagogía política y social, a través de la divulgación oportuna y el debate político de los acuerdos más emblemáticos que dictó la Asamblea Nacional. Tal vez, ese ejercicio hubiera podido mantener niveles básicos de cohesión en la sociedad democrática venezolana.

El diputado Juan Guaidó, en sus palabras como presidente de la Asamblea Nacional, el 5 de enero 2019, nuevamente recordó el papel de la sociedad civil en este proceso de cambio, al afirmar que el mismo no debe ser una concesión, sino que, por el contrario, debe ser el resultado de la exigencia del pueblo, de la comunidad internacional, del apoyo político y de la Fuerza Armada Nacional.

La comunidad internacional ha respondido, es el momento del apoyo político y de buscar el apoyo de la Fuerza Armada Nacional.
En el caso del pueblo, es oportuno recordar que cada vez que éste ha sido llamado, ha respondido y con muchas esperanzas. Aguarda en esta oportunidad por una dirigencia capaz de ofrecer una hoja de ruta viable para el cambio político, en la cual la sociedad civil sea parte activa de ese proceso de cambio.

Luego de la juramentación fraudulenta de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, fue contundente al afirmar que el papel constitucional que le corresponde asumir no puede ser efectivo con el solo hecho de apegarnos a las normas constitucionales. Por el contrario, advirtió que se necesita el respaldo efectivo de la sociedad civil organizada, de la Fuerza Armada y de la comunidad internacional para lograr la conformación de un gobierno de transición, fundamentado en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución.

La única Asamblea Nacional que desde 1999 se ha puesto al servicio de la democracia y de los ciudadanos hoy tiene el enorme desafío de concretar esa labor para lograr el reencuentro con la democracia. Ya no hay tiempo para más convocatorias formales al pueblo soberano, es el momento de escribir en páginas blancas la interpretación práctica del 333 con el acompañamiento del pueblo soberano a que hace mención el artículo 5 de la Constitución y, principalmente, para exigir a la Fuerza Armada Nacional una respuesta responsable apegada a la Constitución Nacional de 1999.

La propuesta de Ley Marco de Estatuto para la Transición Política y Restitución de la Constitución, el Plan País y las iniciativas de los cabildos abiertos, son instrumentos que hoy están al servicio de los venezolanos para construir la ruta hacia el cambio político. En consecuencia, el desafío inmediato es cómo hacer uso de esos instrumentos para lograr restaurar la confianza suficiente para asumir con espíritu unitario una hoja de ruta hacia el cambio político.

La capacidad de nuestra dirigencia política –precisamente de dirigir este proceso político con responsabilidad y visión de futuro, con un espíritu de unidad superior– será, sin lugar a dudas, decisivo.

Pero, para ser exitosos, tenemos la tarea de defender, sin vacilar, a la Asamblea Nacional como único bastión de la democracia y de nuestra historia republicana. Es el momento de ser facilitadores de un proceso de encuentro con los diputados, de concretar cada cabildo abierto en compromisos concretos con una hoja de ruta descentralizada y efectiva, que permita a cada uno, desde nuestros espacios habituales, ser promotores del restablecimiento del orden constitucional y democrático en Venezuela.

 

Nota publicada en Polítika UCAB, revista del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEGYP), de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas