La justicia peruana sacudida por un megaescándalo

El sistema judicial peruano no goza de la confianza de la gran mayoría de la población desde hace mucho tiempo. Es muy probable que las próximas encuestas arrojen cifras aún más bajas de aprobación, tras la difusión, por el equipo de periodistas de investigación de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), de audios que revelan graves actos de corrupción y de tráfico de influencias entre altos magistrados y funcionarios.

Palacio de Justicia, ciudad de Lima

Palacio de Justicia, ciudad de Lima

Los peruanos han podido así escuchar al presidente de la Corte Superior de la provincia portuaria del Callao, vecina de Lima, coordinando la manipulación de los concursos de nombramiento de jueces y fiscales ante el organismo competente, el Consejo Nacional de la Magistratura, para favorecer a determinados postulantes. Otra de las conversaciones grabadas, particularmente chocante, es protagonizada por el presidente de una de las salas de la Corte Suprema, César Hinostroza, que se muestra dispuesto a negociar la absolución o la rebaja de la pena de un hombre condenado en la instancia anterior por la violación de una niña de once años.

Un canal de televisión se ha sumado al IDL y ha transmitido nuevos audios. Se anuncia además que vienen muchos más que, según lo informado, forman parte de una investigación que la fiscalía abrió contra una banda del crimen organizado y que ha terminado alcanzando al propio aparato judicial.

El material divulgado hasta ahora ha generado tal conmoción que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha anunciado que propondrá, en ocasión de su próxima presentación ante el Congreso, el 28 de julio, día nacional del Perú, una reforma integral del sistema judicial.

Las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo también han reaccionado prometiendo actuar. No obstante, diversos integrantes de la bancada mayoritaria, la del partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, parecen estar indignados, no tanto por lo revelado por los audios como por la divulgación en sí. De hecho, el presidente fujimorista de una comisión congresal citó a los periodistas Gustavo Gorriti, de IDL, y Rossana Cueva, del canal 5, para que revelen cómo los audios llegaron a su poder. Ambos anunciaron que no asistirían por considerar a la diligencia como un ataque a la libertad de prensa. La actitud de los parlamentarios de Fuerza Popular podría deberse a que en una de las grabaciones se oye al juez Hinostroza coordinando, en términos más o menos crípticos, una reunión con una «señora K» de «la primera fuerza». Para muchos, se trata de una alusión a la lideresa fujimorista, aunque ella negó cualquier conversación con el magistrado del escándalo. Como fuere, está claro que Fuerza Popular se ve afectada y se encuentra a la defensiva.

Habrá que ver qué sucederá en las próximas semanas, y, en particular, ante la anunciada divulgación de más audios. Por lo pronto, ya se ha producido una primera marcha de protesta en las calles de Lima contra la corrupción y se anuncian otras. Ciertamente, en esta temporada invernal le espera al país un clima bastante caliente. Tal vez sea la oportunidad para depurar profundamente el sistema judicial, una tarea que ha sido postergada una y otra vez, por falta de voluntad política.