A cinco años de anunciar «un nuevo PRI», ha quedado demostrado que el partido gobernante en México es incapaz de garantizar un ejercicio de gobierno honesto y transparente, alejado de la corrupción y la complicidad.

Javier Duarte, capturado en Guatemala

Javier Duarte, capturado en Guatemala, 15.4.2017 | Imagen: Carlos Castillo

Fue en la campaña por la Presidencia de la República, en 2012, cuando en un programa televisivo el entonces candidato Enrique Peña Nieto habló de «una nueva generación» de liderazgos de su partido que encabezaban lo que entonces llamó «un nuevo PRI».

Como ejemplo citó, entre otros, el caso de Javier Duarte, por esas fechas gobernador del estado de Veracruz y hoy bajo arresto, detenido por la Interpol en Guatemala el pasado 15 de abril y acusado de malversación de fondos públicos por un aproximado de 20 millones de dólares.

Duarte se ha convertido, desde su desaparición a finales de 2016, en el símbolo más señero de la corrupción en México: ya sea desde la prensa o desde las acusaciones formuladas por la nueva administración veracruzana —hoy en manos del Partido Acción Nacional—, su gobierno ha sido asociado además con el asesinato de periodistas, complicidad con el narcotráfico, desvío de fondos públicos de hospitales, entre otros crímenes por los que se espera pague una vez extraditado a México.

Este proceso, que podría culminar en el transcurso de este año, coincide además con la captura en Italia de otro exgobernador priista, este de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien es reclamado por la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico.

Simultáneamente, hay orden de aprehensión contra César Duarte, anterior mandatario en el estado de Chihuahua, por el delito de peculado, y se solicita —trámite aún no completado por el Congreso local— juicio político contra Roberto Borge, de Quintana Roo, por desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.

Todo ello ocurre durante la parte final de un sexenio marcado por la corrupción y la impunidad, con casos de eco internacional como los aún hoy desaparecidos en Ayotzinapa, las casas del presidente y del hoy canciller, Luis Videgaray, la cancelación de proyectos de infraestructura chinos por irregularidades en la adjudicación de licitaciones, entre otros que poco a poco salen a la luz, de manera coincidente, conforme el PRI pierde elecciones en estados a manos de la oposición.

Así, apenas cinco años después de aquella declaración de Peña Nieto, muchos de los señalados como jóvenes promesas del priismo son criminales hoy prófugos o capturados, asunto que se ha interpretado como un uso electoral de la justicia, pues los arrestos coinciden con la campaña por la gubernatura del Estado de México, que se desarrolla en este momento y hasta el próximo 4 de junio, fecha de la elección.

Más allá de este argumento, que sin duda no alcanza para explicar cómo el PRI podría capitalizar la captura de sus exrepresentantes en los comicios de este 2017, es importante señalar que la exhibición de la corrupción contribuye en gran medida al descrédito de la clase política, al desencanto ciudadano de las cosas públicas y al retraimiento de la sociedad de la participación cívica.

La aplicación de la justicia contribuye, en contrasentido, a la certeza de que el abuso y el crimen en cualquier nivel pueden ser castigados, y que el representante que incurre en la ilegalidad terminará tarde o temprano por rendir cuentas de sus actos: esto es sin duda un aliciente para el cambio de signo en los distintos gobiernos locales y, en 2018, para el de la Presidencia del país.

Sorprende, no obstante, que las detenciones de Javier Duarte y Tomás Yarrington, así como la orden de arresto contra César Duarte, ocurran después de años de saqueo de las arcas públicas, asunto que exige la venia de autoridades, la omisión en el escrutinio detallado de las cuentas públicas o la franca complicidad de quienes pasan por alto los diversos controles que, de manera periódica, debieran atajar la ilegalidad antes de que se multiplique hasta los extremos en los que han incurrido los tres exgobernadores.

El «nuevo PRI» de Peña Nieto no es pues sino el mismo que en el pasado hundió a las finanzas públicas mexicanas en una espiral de crisis económicas, de impunidad y de complicidad en todos los niveles de la vida pública.

Un PRI que sigue vivo, que aún hoy es un rival complejo en las urnas y que exige de una oposición capaz de exhibirlo para, de manera democrática, castigar mediante el voto cada uno de sus atropellos.

 

Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional en la Fundación Rafael Preciado Hernández, México. Director de la revista Bien Común.