La contienda por la entidad ha sido reñida y compleja. A menos de una semana de los comicios no hay claridad sobre quién ganará ni si el proceso terminará o no en los tribunales electorales.

Del Mazo, Gómez, Zepeda y Vázquez Mota, candidatos a gobernar el Estado de México | Imagen: Carlos Castillo

Del Mazo, Gómez, Zepeda y Vázquez Mota, candidatos a gobernar el Estado de México | Imagen: Carlos Castillo

Será el próximo 30 de mayo cuando concluya el tiempo oficial de la campaña por la gubernatura del Estado de México, entidad que no ha conocido la alternancia política en el Ejecutivo y donde el Partido Revolucionario Institucional ha fincado el más importante de sus bastiones electorales.

Por su población (es el estado el más habitado del país, con más de 16 millones de habitantes), su contribución a la economía (aporta el 9,3 % del PIB nacional) y su ubicación geográfica (rodea en su totalidad a la Ciudad de México), representa una de las más codiciadas victorias de este año, y en no pocas ocasiones se repite que quien obtiene el triunfo asegura el triunfo en la Presidencia de la República.

Si bien esa aseveración ya demostró no ser siempre infalible (tanto Fox como Calderón, del PAN, ganaron sus respectivas elecciones y perdieron esa entidad), su importancia no es menor, pues es sede del mayor apoyo del PRI, en un momento en el que la fortaleza electoral de este ha quedado reducida tras perder siete gubernaturas el año pasado.

A una semana de llevarse a cabo la elección, las encuestas señalan dos punteros: Alfredo del Mazo, del PRI, y Delfina Gómez, de Morena, ambos en empate técnico y protagonistas de una campaña que ha resultado plagada de descalificaciones, de revelaciones mediáticas, de actos de los contendientes que rondan en la ilegalidad y de una suma de acusaciones que pueden ser la antesala de lo que será el proceso de 2018 a nivel nacional y local.

Ambos contendientes han recurrido, aunque el priista en mucho mayor medida, a la entrega de apoyos en especie a cambio de que los ciudadanos comprometan su voto por uno u otro partido; el gobierno federal, en el estado de donde es oriundo el presidente Peña Nieto, ha activado programas sociales para repartir despensas y dádivas a condición de que se respalde al candidato priista, y es común que funcionarios federales se encuentren entre los operadores electorales de Del Mazo.

Delfina Gómez, por su parte, es incondicional de Andrés Manuel López Obrador, quien ha aprovechado la contienda para su promoción personal como futuro abanderado por la Presidencia de la República. Además, han sido reveladas grabaciones e imágenes donde dos diputadas de Morena reciben dinero en efectivo para apoyar la campaña de la candidata, práctica ilegal y que podría ser determinante para que la elección se resuelva más allá de las urnas, en los tribunales.

El escenario en el Estado de México ha sacado a la luz, de este modo, lo más vetusto y retrógrado de la política nacional y, a unos días de concluir, López Obrador podría ser el gran perdedor: su reacción frente a medios y periodistas que le han cuestionado sobre el dinero recibido, así como el probable respaldo de Elba Esther Gordillo —encarcelada pero aún con gran influencia en el muy poderoso sindicato de maestros, la SNTE, del que forma parte Delfina Gómez—, lo han llevado a descalificar a la prensa nacional, acusándola de tendenciosa o de franca calumnia, situación que ya antes le resultó costosa en sus dos intentos por hacerse de la Presidencia del país.

En tanto, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, ya libre de la influencia de López Obrador, ha desplegado una campaña que si bien no será suficiente para derrotar a sus contendientes, sí lo ha llevado a un incremento en las encuestas que lo ponen cerca —y en algunos casos, por encima— de Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional. Esto ha dado a la izquierda mexicana más democrática un nuevo nombre, Juan Zepeda, quien sin duda será un contendiente a considerar para la elección federal del año entrante.

Quedan pocos días para la jornada electoral del 4 de junio y es muy probable que, tanto en esa fecha como en las siguientes, un proceso de por sí turbio se enrarezca aún más, por lo que las encuestas previas podrían, como ocurrió en 2016, resultar superadas por un electorado y una campaña de sorpresas, contrastes y revelaciones.

Este proceso, además, podría cobrar caro el hartazgo ciudadano frente a una clase política que ha estado en su mayor parte muy por debajo de lo que se esperaría de una democracia, pero que es sin duda reflejo de la madurez democrática que se vive en el estado de México tras más de siete décadas de gobiernos del PRI.

Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional, Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista Bien Común.