El diálogo y la construcción de consensos son el mandato derivado de la expresión del 65,73 % del padrón electoral que dijo presente en las urnas este domingo 4 de febrero.

3.322.329 costarricenses fueron convocados a las urnas. De ellos, 31.864 residentes en el extranjero. En disputa estaban la presidencia y vicepresidencias de la República y 57 escaños del Parlamento unicameral.

La oferta electoral fue variada. Trece partidos políticos disputaron la presidencia y 25 la presencia en la Asamblea Legislativa.

Los resultados preliminares, con un 90 % del total de las juntas receptoras de votos escrutados arroja que por tercera vez en la historia política del país, segunda de manera consecutiva, la población escogerá al titular del Poder Ejecutivo en una nueva ronda electoral prevista para el primer domingo de abril, que en esta oportunidad coincide con el Domingo de Resurrección, celebración religiosa central de la comunidad cristiana, especialmente católica.

En la elección legislativa se proyecta la conformación de un Parlamento integrado por siete bancadas, dos menos que la actual, con un peso político relativo similar, donde una vez más el Partido Liberación Nacional, la fuerza político-partidista más longeva de las existentes, será la primera minoría con 17 de los 57 escaños electos.

¿Qué explican estos resultados proyectados?

Temas extracampaña incidieron y determinaron la dinámica y el rumbo seguido por el proceso electoral, formalmente iniciado el 4 de octubre del año 2017. El resultado no fue la excepción.

Durante los primeros tres meses de campaña, la corrupción fue el tópico en torno al que giró el proceso político-electoral, reflejado en un hecho concreto: la asignación de créditos del Banco de Costa Rica, entidad del sistema bancario estatal, a un empresario que pretendió entrar en el mercado de la importación de cemento, dominado por dos grandes empresas de capital transnacional, y las posibles redes de tráfico de influencias suscitadas en torno al hecho, que llegaron a salpicar a los tres supremos poderes de la República y a actores políticos provenientes de distintas fuerzas partidistas, entre ellos candidatos en la presente contienda.

Ese primer tema implicó el ascenso en las encuestas de Juan Diego Castro, una persona autocalificada de outsider que, mediante una negociación política con el minoritario Partido Integración Nacional, sin representación en la presente Asamblea Legislativa, asumió su representación como candidato presidencial.

No obstante, en enero, a menos de un mes de la celebración de los comicios, otro acontecimiento puntual marcó de manera definitiva el rumbo y desenlace de los comicios, al menos en esta primera fase. Concretamente, el día 9 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en la ciudad de San José dio a conocer el contenido de su respuesta a la opinión consultiva efectuada por el actual Gobierno de Costa Rica en torno a dos temas sensibles: la figura del matrimonio de personas del mismo sexo y el cambio de identidad por razones de género.

En ambos tópicos, el criterio de la mayoría de los integrantes de la Corte fue favorable a su impulso, exhortando a las autoridades públicas del país a adoptar las medidas y los ajustes jurídicos e institucionales necesarios para su debida materialización.

Esto generó una reacción de indignación en un sector mayoritariamente conservador de la sociedad costarricense, que fue capitalizada de manera directa por el candidato Fabricio Alvarado, representante de un partido de corte religioso, del que hoy es su único diputado en la Asamblea Legislativa, portador de un discurso duro de oposición a estos temas. Muestra de esto fue su crecimiento de 3 % en diciembre a 17 % en la intención de voto marcado en distintos estudios de opinión.

La adopción del tema como eje de la campaña opacó los otros tópicos de la agenda político-electoral, incluido el de la corrupción, y derivó en un escenario de polarización social, entre adeptos y opositores al tema.

Un efecto indirecto de este alineamiento lo constituyó el crecimiento experimentado en el mes de enero de la candidatura del oficialista Carlos Alvarado quien, sin centrar su discurso alrededor de estos temas, se convirtió en la expresión político-electoral de los segmentos afines a la recomendación de la Corte, al haber expresado de manera directa y clara su posición favorable al llamado matrimonio igualitario y al cambio de identidad de género.

Derivado del escenario monotemático con tendencia a la polarización, los restantes candidatos con posibilidades de al menos entrar a una segunda ronda electoral fueron perdiendo fuerza conforme avanzaba el calendario electoral.

En el actual contexto sociopolítico costarricense, signado por la pérdida creciente de fidelidad partidaria y una tendencia a la alta volatilidad electoral, aunado a la ausencia de abordaje real de otras temáticas de interés nacional durante la campaña, entre los que destacan tópicos como la generación de empleo, propuestas para enfrentar un incremento de indicadores de inseguridad ciudadana o para el desarrollo de infraestructura y ordenamiento del transporte vial, entre otros, contribuyó a elevar el nivel de indecisos a un 36 % del total de personas dispuestas a emitir el voto, tan solo a una semana de la realización de los comicios y a aumentar el abstencionismo, que pasó de un 31,8 % registrado en las elecciones nacionales de febrero de 2014 a un 34,27 % en esta oportunidad.

En ese sentido, los resultados electorales fueron una expresión del predominio asumido por los temas antes citados, al colocar a los dos candidatos de apellido Alvarado en la II ronda de abril. El candidato afín a las posturas de corte conservador se ubica en el primer lugar con un 24,79 % del total de votos a falta del escrutinio del 10 % de juntas receptoras de votos restantes.

El candidato favorable al establecimiento de la figura jurídica del matrimonio igualitario obtuvo el 21,76 % de la votación registrada con el 90 % de las mesas contabilizadas.

Por primera vez desde su surgimiento a la vida política costarricense en 1951, el Partido Liberación Nacional no disputará de manera directa la presidencia de la República. En esta ocasión se ubicó como tercera fuerza más votada, con un 18,65 % de la votación registrada a falta del 10% de mesas por escrutar.

En cuarto sitio se sitúa el Partido Unidad Social Cristiana, con un 16,06 %, cifra superior a la obtenida cuatro años atrás pero insuficiente para colarse en la segunda ronda. El Partido Integración Nacional de la mano del candidato Castro quedó relegado a una quinta posición con un 9,48 %. Más abajo se ubicaron los restantes ocho partidos que disputaron la elección presidencial.

En la otra elección registrada, la legislativa, el voto duro del Partido Liberación Nacional se manifestó, colocándose en la proyección de escaños alcanzados como la primera de las minorías, con 17 curules, uno menos que la obtenida en 2014.

El segundo lugar será para el Partido Restauración Nacional del candidato Fabricio Alvarado, con una proyección de 14 curules, 13 más que su actual presencia en el Congreso.

Le seguirían los Partidos Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana con una estimación de 9 curules.

Esto confirma a quien resulte ganador en la segunda vuelta que una vez más la negociación y la articulación de acuerdos con distintas bancadas serán necesarios para cristalizar una buena parte de su agenda de gobierno, así como para el acometimiento de temas de gran urgencia nacional como el combate al déficit fiscal, proyectado en un 8 % al concluir el presente año.

Paradójicamente, en medio de una sociedad marcada por la polarización en torno a aspectos sensibles de su identidad cultural, nuevamente el diálogo y la construcción de consensos son el mandato derivado de la expresión del 65,73 % del padrón electoral que dijo presente en las urnas.

El reto está lanzado y la segunda ronda abre opciones de lo que será nuevamente un final de cierre imprevisto.

 

Sergio Araya Alvarado
Politólogo. Coordinador de Proyectos del Área Política para Costa Rica de la Fundación Konrad Adenauer