El país estaba embarcado en un debate removedor, pro y contra el colegiado de Batlle y Ordóñez. Todos los actores coincidían en que el presidente acumulaba un poder inmenso que desnaturalizaba la institucionalidad republicana.

Recinto de la Cámara de Diputados, Montevideo | Foto: Parlamento uruguayo

Hemiciclo de la Cámara de Diputados, Montevideo, 2017 | Foto: Parlamento uruguayo

El 30 de julio de 1916 se realizaron comicios para elegir la Asamblea Nacional Constituyente que reformaría la Constitución del año 1830. El voto secreto rigió por primera vez y posibilitó la expresión de una democracia de masas (se triplicó el electorado) y una participación ampliada que desplazaría la política de notables. El resultado inédito fue que, con voto secreto, el Gobierno perdió la elección.

Los esfuerzos políticos se encaminaron a domar el poder. Pero no se coincidía en los caminos para lograrlo. El batllismo veía en el presidente una amenaza tiránica y proponía un Ejecutivo de nueve miembros, elegidos en una primera elección y renovables anualmente de a uno. La oposición advertía que ello no reducía la amenaza de una tiranía, que en lugar de uno sería de una oligarquía, pues con el Colegiado se acrecían las facultades del Poder Ejecutivo. Reclamaban desconcentrar el poder central, fortalecer las facultades del Parlamento e introducir garantías al voto popular. Los blancos veían en el Colegiado un disfraz de Batlle para perpetuar al Partido Colorado y a él mismo en el poder, porque para tener mayoría debían ganar cinco elecciones seguidas, cosa improbable. La propuesta colegiada dividió a los colorados. Para los anticolegialistas, el Colegiado hacía del Ejecutivo un órgano deliberante y conllevaba la coparticipación con los blancos, abandonando la política de partido que había sido la bandera colorada desde 1904. Como alternativa se proponía el parlamentarismo, que tenía adeptos en varias fuerzas políticas. Sin embargo, el país recorrería caminos no previstos.

La derrota del batllismo en la elección del 30 de julio dejó a la oposición dueña de la Constituyente. El presidente Viera, acusando recibo del mensaje de las urnas, planteó el famoso alto a las reformas, abrió negociaciones para la unidad colorada y estableció un gabinete de conciliación. Batlle, en vez, movilizó sus artes políticas para maniatar a la Constituyente. Boicoteó la labor de esta con el ausentismo de los batllistas, que atacaron el voto secreto y se negaron a que rigiera en las elecciones parlamentarias. Un mes antes de las elecciones, el oficialismo modificó la distribución de las bancas para asegurarse la mayoría en las Cámaras, lanzó una tercera candidatura de Batlle y presentó el proyecto Buero-Martínez Thedy, que hacía imposible la ratificación plebiscitaria del texto que emanara de la Constituyente. La situación política se crispó, era el preámbulo de una crisis política sin precedentes y el fantasma de la guerra civil asomó en el horizonte. Las jugadas del batllismo buscaban sacar la reforma del seno de la Constituyente y obligar a los blancos a negociar una salida política.

El presidente Viera impulsó la negociación y se conformó la famosa Comisión de los Ocho de blancos y batllistas. Duvimioso Terra había presentado un proyecto transaccional de Ejecutivo bicéfalo. A su vez, el nacionalista Martín C. Martínez propuso la creación de un Poder Administrador para debilitar la concentración del poder. Ambas iniciativas separaban las funciones ejecutivas primarias de las secundarias, para formar con las de administración un poder aparte de integración colegiada, lo que convergía con la propuesta batllista. Martínez aprovecharía la creación batllista de empresas públicas para obtener la autonomía de todos los entes, que fueron desgajados de la Presidencia. A ello agregaba la descentralización territorial, otorgando un estatuto autónomo a los departamentos. Los blancos ampliaron los poderes de contralor del Parlamento, las garantías constitucionales del voto secreto y la representación proporcional. Lograron, además, un acuerdo clave: toda modificación de las reglas de juego del sistema requeriría una mayoría especial de dos tercios, o sea, un acuerdo de los dos partidos.

El pacto de los dos partidos rivales en 1917, que se tradujo en la nueva Constitución, disipó la crisis y diseñó un arreglo institucional que dio la forma clásica de la democracia uruguaya, pluralista y consensual. Institucionalizada la coparticipación y las garantías electorales, ya no habría medio país excluido y ello pacificó la política. El voto secreto, la representación proporcional y el doble voto simultáneo politizaron la sociedad y electoralizaron la vida política. Las urnas pasaron a dirimir los pleitos políticos. Un siglo después apreciamos su alta significación para la democracia uruguaya, que hace a la mejor historia nacional y nos enseña lo que fuimos capaces de realizar pactando nuestras diferencias.

 

Daniel Corbo | @Daniel_Corbo
Profesor. Candidato a doctor en Historia (Universidad del Salvador, Buenos Aires). Expresidente del Consejo de Educación Secundaria y miembro del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay. Fue diputado por el Partido Nacional.