Jaque a las ideologías democráticas

El transcurrir de las primeras décadas del siglo XXI plantea seis retos a las ideas inspiradoras de las políticas democráticas en América Latina.

El siglo XXI presenta doce retos a las políticas públicas que buscan un desarrollo en democracia para América Latina. En particular, seis son ideológicos, ya que desafían las ideas sobre la organización y el funcionamiento del Estado y la sociedad, los principios, valores y las condiciones del desarrollo.

1. Accionar lo planificado o planificar lo accionado

El peor diseño es el que no se gestiona después y la peor gestión es la no se diseña antes. Aunque, excepcionalmente, puede hacerse al revés.

Las políticas públicas son un medio y no un fin. Una herramienta que tienen los gobernantes y administradores públicos para resolver los problemas prioritarios y, de esa manera, avanzar hacia la satisfacción de las necesidades y la consiguiente aceptación de la ciudadanía. En ese marco, las políticas públicas suponen planificar primero y accionar después. Sin embargo, recurrentemente, se acciona sin planificar. Entonces, el reto no es planificar el futuro, sino planificar —u ordenar— el presente y, si fuera necesario, el pasado. Siempre cuidando que la excepción no sea la regla.

2. Gobernar y administrar con responsabilidad

El Estado debe ser el responsable principal del diseño y la gestión de las políticas públicas y, sobre todo, de sus resultados.

Sin Estado no hay políticas públicas. Tampoco las hay con un Estado a solas. Los populismos, de derecha y de izquierda, ya deberían saberlo.

Hace falta un gobierno que decida los planes, programas o proyectos y se haga responsable de sus decisiones. Asimismo, hace falta una administración pública que los implemente y se haga responsable de sus acciones. Se puede privatizar o estatizar cualquier obra o cualquier servicio, pero los gobiernos y las administraciones públicas no pueden soslayar la responsabilidad del Estado de cara a la sociedad.

3. Participar antes para no lamentarse después

La sociedad debe ser la primera destinataria de las políticas públicas y, también, la partícipe necesaria en los procesos de diagnóstico, ejecución, comunicación y evaluación.

La pretensión de gobernar para pero sin el pueblo es propia de un iluminismo falaz que los ciudadanos deben abolir con la participación.

Todas las decisiones y acciones, de cualquier gobierno y de cualquier administración pública, deben tender a la satisfacción de necesidades de uno o más sectores sociales. Si no, no son políticas públicas. Pero, además, hay que asegurar la participación de los actores provenientes de esos sectores. Podemos debatir cómo, cuándo o cuánto pueden participar, pero no podemos discutir si deben hacerlo.

4. Buscar el bien común, privilegiando a los más débiles

Los principios y valores son los cimientos y las columnas que sostienen el edificio del desarrollo. Sin ellos, se construye en el vacío.

Hay que respetar la dignidad de las personas humanas, de todas y de cada una de ellas. Hay que buscar el bien común, con prisa y sin pausa, privilegiando a los sectores sociales que tienen necesidades más urgentes o más graves. Los valores de la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad deben inspirar esa búsqueda del bien común como principio rector de un desarrollo integral en una democracia real. Para eso hay que practicar el diálogo, ejercitar la responsabilidad, cultivar la inclusión y desempeñar el compromiso.

5. Votar buenos candidatos y botar malos gobernantes

En una democracia representativa, el representante debe ser votado. Pero también botado por el representado si no es fiel a su mandato.

Hay que mejorar los sistemas electorales y de partidos políticos, sin dudas, para que los electores puedan elegir a los mejores candidatos mediante elecciones competitivas. Eso es necesario pero insuficiente. También hay que perfeccionar los mecanismos de accountability, para que los elegidos rindan cuentas, en tiempo y forma, de sus decisiones y acciones. Solamente de esa manera los gobernados pueden controlar a sus gobernantes y sancionarlos judicial o políticamente si hubieran violado las normas legales o incumplido sus promesas electorales.

6. Atender las prioridades de la gente y no de los dirigentes

Los gobiernos que son elegidos mediante el voto pero no son capaces de resolver los problemas prioritarios deslegitiman la democracia.

Los gobernantes deben ser elegidos y deben rendir cuentas, obviamente. Luego, deben gobernar bien; es decir, resolver los problemas prioritarios que impiden u obstaculizan la satisfacción de las necesidades sociales. Si son capaces de hacerlo, ganan el apoyo ciudadano y, por su intermedio, legitiman la democracia como sistema y régimen. Si son incapaces de hacerlo, pierden ese apoyo y, lo que es mucho peor, deslegitiman la misma democracia. El reto es atender las prioridades de la gente y no de los dirigentes, sean estos actores políticos, empresariales o civiles.

 

José Emilio Graglia | @JEmilioGraglia
Politólogo y jurista. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC), en Gobierno y Administración Pública (UCM) y en Política y Gobierno (UCC). Presidente del Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad, Córdoba, Argentina.