El valor político de la historia es su carácter legitimador. Aquello que deseamos recordar refleja los límites de lo que consideramos aceptable y memorable. La historia no es campo neutral.

Imagen: Guillermo Tell Aveledo

Imagen: Guillermo Tell Aveledo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente los esfuerzos de activistas norteamericanos para remover monumentos y denominaciones históricas vinculadas a la esclavitud y a la Confederación secesionista del siglo XIX. El partido Podemos, en España, considera un «error histórico» que se recuerden en conjunto a las víctimas del comunismo y los fascismos en Europa, y lo mismo ha boicoteado el Syriza griego. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que «fuerzas de la derecha» destruyeron este año varias estatuas del difunto presidente Hugo Chávez, cuyo gobierno cohonestó el derribo de estatuas de Cristóbal Colón, y borró nombres de estadistas civiles en calles y urbanizaciones. Lord Chris Patten, estadista conservador y canciller de la Universidad de Oxford, ha calificado los intentos de remover en dicha institución las estatuas de Cecil Rhodes —el magnate minero y pionero de la colonización británica en África del Sur—, de intento de «reescribir la historia».

¿Qué tienen todas estas alarmas en común? No tanto que la historia es una sucesión de hechos inmutables, sino que es relativa a la predilección de quien tiene el poder o la fuerza. La historia, en sí misma, es inalterable, puesto que el pasado está fuera de nuestro alcance. La historiografía y la interpretación del pasado pueden ser cambiantes. Pero ¿quién ha de tener la autoridad de cambiar la interpretación aceptada? Para casi todos los ejemplos anteriores, se trata de apuntalar un poder o, cuando menos, de no alborotarlo.

La interpretación de la historia importa porque con ella definimos las conductas que son aceptables y memorables. La comprensión más contemporánea nos ha servido para una gran desmitificación, que para algunos roba a las sociedades de sus ideas-fuerza, y —como es a ello proclive Occidente— debilita su autoridad moral. Para otros, esta revisión será siempre incompleta, puesto que dejamos de lado figuras objetivamente problemáticas pero subjetivamente menos controversiales; piénsese en los próceres de nuestras independencias, cuyas justas causas no escatimaron en acciones violentas.

Admitimos que la democracia moderna nos impone que ni el derecho ni la justicia han de ser meras racionalizaciones de quienes han vencido. ¿Qué debe hacer entonces una sociedad democrática con los aspectos más infamantes de su propia historia? No puede responder con una idea relativista: ni con un todo vale, ni con solo valen los míos. En las democracias modernas creemos en la dignidad del ser humano, por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo por escuchar a quienes se sienten desplazados o victimizados.

La democracia y sus valores nos imponen reconocer que parte de nuestra heredad es conflictiva, tanto entre nuestros conciudadanos como con nuestros valores. Pero, también, admitir que es nuestro legado y que no podemos escurrir el bulto de la responsabilidad que ello implica. Esta responsabilidad no se detiene en erigir remembranzas o destruir monumentos (aunque las iniciativas europeas para la memoria de las tragedias impuestas por las ideologías extremistas del siglo XX son un extraordinario modelo práctico). Debe llegar también al reconocimiento de las víctimas como conciudadanos, lo que puede implicar reparaciones y procesos de acción afirmativa que modifiquen ese legado desigual.

América Latina es un continente racial y culturalmente plural, pero no siempre ha estado atenta a su pasado violento. Tenemos, sin embargo, los cimientos democráticos para fortalecer este reconocimiento y lograr una mayor integración, que no sea simplemente material, sino que reconozca integralmente la dignidad de cada miembro de la sociedad, desterrando nuestras justificaciones épicas.

 

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas