Las presentes tribulaciones de nuestras democracias podrían ser el resultado de transiciones incompletas hacia sociedades más modernas y equilibradas, al hacer demasiadas concesiones hacia los poderes fácticos.

Graffiti que representa a Efraín Ríos Montt en una pared en zona 2, Ciudad de Guatemala, diciembre de 2006 | Foto: @Surizar, vía Wikicommons

Graffiti que representa a Efraín Ríos Montt en una pared en zona 2, Ciudad de Guatemala, diciembre de 2006 | Foto: @Surizar, vía Wikicommons

Las intervenciones militares en política y los viejos celos oligárquicos son moneda corriente en nuestras repúblicas. Pese a que la región ha vivido la etapa más prolongada y generalizada de instauración y transición democrática, aparecen siempre deudas y actitudes que parecían superadas pero que quedaron apenas soterradas con la llegada de los nuevos gobiernos.

El reciente fallecimiento del general Efraín Ríos Montt, otrora dictador de Guatemala, muestra los matices de toda transición democrática. Ríos Montt, quien gobernó el país centroamericano entre 1982 y 1983 como una de las figuras militares que competían por dominio tras la década de los cincuenta, dejó un legado inconcluso de violaciones a los derechos humanos ancladas en el conflicto civil de las décadas de los setenta y ochenta, especialmente las masacres de campesinos e indígenas catalogados como enemigos internos. Aunque la democracia guatemalteca no comenzó con el golpe que lo derrocaría ni por concesiones realizadas por su régimen, posiblemente fue facilitada por el arrase militar contra las guerrillas marxistas y es imposible negar que la presencia del peculiar general fue una nota de permanente ambivalencia en sus tres décadas de democracia.

Ríos Montt no logró regresar a la presidencia de la República, pero su Frente Republicano Guatemalteco llegó a obtener la victoria en 1999, y hasta esta década era un factor político que permitía relativa impunidad y presencia al general. El militar llegó a ser electo congresista en 2007, lo cual lo libró de cargos judiciales hasta una década más tarde, en polémica sentencia. A su muerte, aun sin recibir honores de Estado, sí fue homenajeado por el alto mando militar en sus exequias, dando un mensaje simbólico de apoyo tácito a su legado político. En las actuales circunstancias de descreimiento político y polarización, y con la presencia de creciente violencia criminal en Guatemala, fue un ritual de tono aciago.

Pero el ejemplo de Ríos Montt no es aislado, puesto que la presencia y vocería militar no cesa de aparecer en nuestros países, no como simple atavismo de épocas superadas. Nada más en las últimas semanas, varios incidentes resaltan: la alta oficialidad brasileña opinó solapadamente sobre el juicio de responsabilidad penal y administrativa seguido a Lula da Silva, diciendo que rechazaban la impunidad y que actuarían en su «responsabilidad institucional». En Paraguay, las fuerzas armadas criticaron a la Iglesia católica y a grupos de defensa de los derechos humanos por sugerir la eliminación de la fuerza de tarea conjunta en el norte del país donde existen notorios focos de violencia. En Venezuela, la politización de las fuerzas bolivarianas es evidente, pero también lo son los recurrentes llamados de líderes opositores a que el sector militar colabore con la reinstauración democrática. Y hasta en Uruguay, desde el Centro Militar se llamó a «dar vuelta a la página» a la instauración de la dictadura de la década de los setenta, caracterizándola como una acción salvadora de la democracia.

Estos casos no son solo muestras del modo ambiguo con que enfrentamos el mandato republicano del imperio de la ley (la severidad para nuestros adversarios y la lenidad para nuestros aliados), ni del debate sobre el rol ciudadano de las fuerzas armadas, el cual está abierto en toda democracia avanzada. En nuestros países, el tema va más allá: ¿hasta qué punto son las concesiones postransicionales —el pasar la página— una exigencia práctica que impide que podamos asumir la realidad política democrática con franqueza? Si exigimos transparencia en nuestra política democrática, también tendremos que conceder que mientras los demócratas no sean suficientemente fuertes, habrán de guardarse ciertos secretos.

El académico Mark Freeman, en su libro Necessary Evils: Amnesties and the Search for Justice (Cambridge University Press, 2009), realizando un estudio de la jurisprudencia y las decisiones concretas que rodean las transiciones hacia la democracia y los procesos de regulación y cese de conflictos en las últimas décadas en África, Asia y Europa del Este, demuestra cómo las amnistías generales no son solo ajustadas al derecho internacional, sino que se han convertido en una herramienta práctica para la consecución de sociedades más pacíficas y libres. Empero, aunque Freeman advierte que es necesario equilibrar la menor lenidad posible —especialmente ante abusos egregios— con la mayor capacidad de retribución a las víctimas, lo más probable es que los acuerdos transicionales no complazcan a todos los sectores sociales afectados, aunque sí a los más relevantes.

¿Fueron estas concesiones males necesarios? Visto con la indignación que el fin de la vida relativamente impune de Ríos Montt genera en sus adversarios y antiguas víctimas, se trata de una muestra del camino incompleto que hemos recorrido. Pero visto de manera optimista, y considerando el estatus de la democracia en nuestros países, podemos ser más comprensivos. Salvo el bloque socialista autoritario, los países de la región han gozado de la mayor preeminencia del Estado de derecho y el respeto a los derechos civiles. Los golpes de Estado son cosa del pasado y las elecciones competitivas están en su más alto punto, aun considerando la volatilidad electoral y la apatía ciudadana.

Ahora bien, esto puede ser un autoengaño: la historia latinoamericana es primordialmente una historia de violencias raciales y de clase no superadas. Una historia, pues, de injusticias que clama por resolución, mientras las alternativas autoritarias de izquierdas o derechas se regodean en acusaciones mutuas. Desde una perspectiva humanista ha de conciliarse la búsqueda de justicia con la armonía social, lo cual implica buscar trascender el conflicto atacando no solo a los victimarios, sino abordando las causas estructurales de su aparición: la pobreza, el racismo, la debilidad de la sociedad civil, el abuso de poder… No siempre es posible, pero no tenemos que contentarnos con el mal menor.

 

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas