Parlamentarizar el sistema presidencial

Hablar de presidencialismo latinoamericano es hablar de algo más que una mera forma de organización del gobierno, es en realidad una concepción respecto a lo que debe ser el ejercicio del poder, una percepción societaria que ha venido sentando raíces cada vez más profundas que han terminado por convertirlo en una auténtica cultura histórica.

El contexto latinoamericano del siglo XIX se caracterizó por la proliferación de largas guerras producto del proceso independentista que afianzaron el poder militar en la conducción política y que, antes que permitir el surgimiento de instituciones jurídicas perdurables, transformaron las glorias militares en supuestas oportunidades de redención social. Esas circunstancias de afinidades entre los diversos países de América Latina durante la época independentista permitió, a su vez, que el presidencialismo tomara características de similitud a lo largo del continente.

Evidentemente una cosa es la institución presidencial como concepción normativa o constitucional y otra distinta es la presidencia basada en demandas sociales y comportamientos políticos. Ese divorcio aparente que muchas veces hemos registrado en el continente ha permitido el establecimiento de duros y cuestionables periodos autoritarios que han hecho del ideal democrático una aspiración poco alcanzable [1].

Claramente, las demandas sociales y las presiones políticas pueden transmutar el funcionamiento institucional distorsionando su propósito y generando asimetrías entre instituciones como el Ejecutivo y el Legislativo. El primero, que se hace ver como representante fidedigno de la mayoría y, por tanto, compelido a cumplir con las exigencias de esa mayoría a cualquier costo, y el segundo, arrogándose la representación nacional y demandando un cumplimiento racional y controlado del poder. Si esas posturas no se acompañan de serenidad política y visión de Estado, en definitiva, se moderan, el resultado puede ser bien una marcada parálisis institucional o bien la abolición de los controles políticos, lo que es lo mismo decir que sería el ejercicio autoritario y antidemocrático del poder. Exacerbar posturas nunca es aconsejable cuando del campo político-constitucional se trata.

Parte de las patologías que por mucho tiempo ha registrado el constitucionalismo latinoamericano ha sido precisamente la sobrecarga de atribuciones jurídicas otorgadas al presidente por vía constitucional o legal. Eso ha permitido no solo presidencias fuertes, que no en pocos casos —insistimos— rayan en lo autoritario, sino que, además, suelen mostrarse ineficientes al momento de atender las grandes demandas sociales, lo que ha ayudado a crear factores de desencanto democrático y ha animado el surgimiento de liderazgos altamente personalistas y populistas.

La solución más razonable ante este hecho es la parlamentarización [2] del sistema presidencial, entendiendo dicho proceso como la incorporación e incluso modificación de mecanismos de control político propio del sistema parlamentario al sistema presidencial, a objeto de evitar la concentración excesiva de poder y la recurrente personalización de la decisión política, para lograr así mejores contextos de gobernabilidad y estabilidad institucional.

No es necesaria una sustitución del sistema presidencial pero sí es impostergable una reforma sustancial de este para corregir las diversas patologías que lo aquejan y que en buena medida han permitido el proceso de distorsión del proceso político-constitucional que hoy registran algunos países del continente, con Venezuela como su ejemplo más nítido.

Algunos podrían argumentar que un presidencialismo acotado implica la disminución de facultades y, por ende, de efectividad en la acción de gobierno; empero, lo que se procura realmente es brindar soporte político a la decisión gubernamental desde el Congreso. Entenderlo es asumir que la pluralidad, la equidad y la responsabilidad deben ser puntos cardinales del ejercicio del poder.

 

Notas

[1] Las cifras que ofrece Rafael Arraíz Lucca al respecto, son cuando menos, elocuentes: «El país que durante más años sufrió el militarismo fue Cuba, con 56 años. La dictadura de Gerardo Machado (1925-1933), la de Fulgencio Batista (1952-1959) y la de Fidel Castro (1959-2000), que se extendió hasta 2006, pero ya fuera de los límites temporales del siglo XX. Le sigue Venezuela (¿no es un dato importante?) con 55 años. Los 45 de la hegemonía militar tachirense, y los diez de los gobiernos de facto de Carlos Delgado Chalbaud, Germán Suárez Flamerich y Marcos Pérez Jiménez. Sigue en la lista Paraguay, con 43 años: Higinio Mortinigio (1940-1948) y Alfredo Stroessner (1954-1989). Nicaragua sufrió 42 años de dictadura de la familia Somoza (1937-1979). Luego Brasil, con 35 años entre las dictaduras de Getulio Vargas (1930-1945) y la de la Junta Militar (1964-1984)» [link: ]

[2] Véase ampliamente: Valadés, Diego (2008). La parlamentarización de los sistemas presidenciales, 2.ª ed., México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Luis_Viloria
Venezolano. Abogado. Investigador académico y asesor parlamentario. Director general del Centro de Liderazgo Democrático Impulso