La convocatoria de una Constituyente Comunal por parte de Nicolás Maduro, no sólo es un fraude al llamado electoral de las mayorías venezolanas, sino la evidencia de su concepción totalitaria de la democracia.

 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro ha decretado el inicio de una Asamblea Constituyente con el propósito ostensible de responder “…ante la decisión de una parte de la oposición venezolana de abandonar el espacio de la política democrática, escogiendo el camino de la violencia y de la intervención extranjera”. Es así como los poderes públicos controlados por el Partido Socialista Unido de Venezuela han definido la serie de protestas que han sacudido las principales ciudades del país desde finales del mes de marzo, cuya represión ha suscitado duras críticas por parte de la comunidad internacional.

Lo que omite interesadamente esta decisión presidencial es que el origen del conflicto no sólo está en sendas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en las que se anuló la inmunidad parlamentaria de los miembros de la Asamblea Nacional (controlada por la Unidad Democrática), y asumir las competencias del legislativo en materias de crédito publico, sino además en la prolongada actitud de desconocimiento de la voluntad popular por parte de un gobierno que ha abandonado todo remilgo democrático. Este desconocimiento comenzó con las medidas en contra de la victoria opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, y se consolidó con los obstáculos a la solicitud de un referendo revocatorio del mandato de Maduro, así como la posposición indefinida del cronograma electoral pendiente. Es así un gobierno que ha decidido abandonar el fundamento democrático de su poder, sosteniéndose con medidas crecientemente represivas que alcanzan hoy su auge más tenebroso.

En ese sentido, podría parecer que la convocatoria a una constituyente es una ruta hacia la resolución del conflicto: si tanto la oposición como los países vecinos han clamado por un gran diálogo nacional y la realización de elecciones, ¿qué mejor oportunidad para atender ambos reclamos que la convocatoria una asamblea que reúna a los distintos factores políticos nacionales? Asumir esto, sin embargo, sería un error. En primer lugar, porque sus bases comiciales han sido diseñadas para disminuir -con una combinación de voto corporativo y redistribución de circunscripciones electorales- el peso del voto opositor. En segundo lugar, porque tiene como propósito abierto la exclusión de la “oposición violenta” del “juego democrático” (en este caso, las fuerzas coaligadas en la Unidad Democrática, que es el factor político mayoritario en el país). Por último, porque pretende dar rango constitucional al programa político del Partido Socialista Unido y a la estructura de poder paraestatal construida y cooptada por el chavismo.

Esto último es lo más grave: para allanar el camino de las contradicciones entre su práctica autoritaria y la norma constitucional, para acallar las demandas derivadas de la violación a los derechos humanos formalmente consagrados, y para resolver definitivamente la existencia de una sociedad civil cuyos partidos y organizaciones son obstáculos a un Estado socialista, se pretende eternizar un programa político por medio de una vorágine totalitaria. El presidente Maduro, formado en el marxismo-leninismo, realizaría así su agenda histórica.

Esta es una oportunidad para que la Unidad sea capaz de reorientar su gran estrategia. Aunque tras meses de inacción, letargo y acciones centrífugas, la protesta legítima ha reactivado a la oposición, aún no ha logrado imponer una agenda política clara. Ante el previsible reflujo de masas, el agotamiento de la de protesta y el avasallamiento de las rutas democráticas para el cambio, la Unidad está obligada a asumir la nueva dimensión de esta lucha con un diagnóstico realista, y enfrentarse tenazmente a esta amenaza como vanguardia de la Venezuela libre.

¿Podrá el Partido Socialista avasallar a toda la sociedad? ¿Podrá imponer una Constitución que rechacen las grandes mayorías nacionales? Los venezolanos tenemos una década viviendo en la zona gris entre una legalidad debilitada y un autoritarismo fáctico; ha llegado el tiempo de la resolución de esta gran dualidad.

 

Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas