¿Civilización o barbarie?

En medio de la turbulencia, los políticos deben mantener los valores republicanos que permitan proteger la democracia. Aun así aparecen episodios de violencia e irresponsabilidad que ponen a prueba a la sociedad. ¿Qué pasa en Argentina y cuáles son los retos que sortea la institucionalidad?

Protestas callejeras en Buenos Aires, diciembre de 2017 | Foto: Cornelia Schmidt-Liermann

Protestas callejeras en Buenos Aires, diciembre de 2017 | Foto: Cornelia Schmidt-Liermann

Días de angustia y zozobra institucional se vivieron en el honorable Congreso de la Nación Argentina.

Genera tristeza ver a los manifestantes rehenes de un grupo desesperado por volver al poder. Y duele mirarlos usar a aquellos más vulnerables que padecen día a día injusticias que nosotros justamente buscamos corregir.

Estamos ante la oportunidad histórica de revertir el daño de la década pasada. La mayoría de los representantes que integramos la Cámara de Diputados, coincidimos en los valores fundamentales de la democracia. Otros no, y cada uno pagará el costo político por la forma en que elige actuar.

Hoy también es tiempo de justicia: la responsabilidad con la que debe cumplir la institucionalidad, comprometida con una verdadera democracia, exige aplicar todo el peso de la ley a los organizadores y ejecutores de la violencia vivida en las calles de Buenos Aires durante las protestas contra las reformas que buscan mejorar el sistema de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El nunca más a la barbarie e impunidad cabe en toda su extensión para definir los tristísimos acontecimientos vividos en los últimos días en Argentina [1].

Desde Cambiemos y el Gobierno sí hay espacio para la autocrítica. Debemos buscar por todas las vías mantener la paz y evitar enfrentamientos entre ciudadanos, que no son otra cosa que hermanos. Tenemos que reconocer que gran parte de la ciudadanía al comienzo no percibió a esta ley previsional como justa, y al tratarse de un sector sensible de la sociedad, otros usufructuaron astutamente dicha debilidad.

En nuestro país, como en muchos de Latinoamérica, hay una concentración de la riqueza que ahonda la desigualdad económica, lo que a su vez alimenta la división política. Por tanto, los responsables políticos debemos estar a la altura de las circunstancias y encontrar la forma de integrar al que menos tiene y lograr que el ciudadano de a pie perciba que hay justicia.

Lo que se vio en las últimas horas demuestra que hay una franja que todavía no está a esa altura. Y de nuestra parte debemos abrirnos también a escuchar y analizar cómo coexistir con aquellos políticos de posiciones más extremas.

La ley que establece una fórmula de cálculo de ajuste a los haberes jubilatorios, de forma previsible y sustentable, fue una mísera excusa. Un manotazo de ahogado de un grupo de estructuras mafiosas y obsoletas que pretenden perdurar en el tiempo.

Son resabios de viejas ideologías que están en bancarrota y minimizan los verdaderos valores, aquellos que están plasmados en nuestra Constitución, libre y justa.

El expresidente de la Argentina (1958-1962) Arturo Frondizi decía: «Para que exista un régimen constitucional en la República no es suficiente la existencia de un edificio que se llama Congreso Nacional, ni un recinto como este, ni un reglamento, ni estas bancas; es preciso que el Congreso Argentino funcione en la integridad de su capacidad y de sus atribuciones; es imprescindible que se sienten aquí representantes de los partidos políticos pero, por sobre todo, que se sienten representantes del pueblo, dispuestos a servir a los ideales de la nación argentina, en sus grandes aspiraciones».

Están crujiendo las raíces torcidas de los últimos doce años y podemos decir que el alma de la República resurgió: la mayoría de los ciudadanos son personas íntegras, laboriosas, silenciosas, que aprietan los dientes y se esfuerzan en sacar adelante nuestra nación. Ellos saben que la productividad no se impone, se logra.

En el marco de las protestas recientes, lo más decepcionante fue encontrar a algunos opositores críticos, de vertiente justicialista [2], como cómplices, festejando la interrupción de la institucionalidad como si fuese un partido de Boca-River.

Más allá de estar a favor o en contra de una determinada ley, nunca debería ser esto justificación para boicotear una sesión y mucho menos alabar y festejar el salvajismo. Estas conductas son la indecencia pública que, a 34 años de la democracia, los argentinos no se merecen.

Intentamos desandar la dinámica destructiva que algunos quieren imponer y salir de la inercia populista para ir a una alianza federal desarrollista.

Con la aprobación de las reformas ha quedado fortalecida la coalición que puede asegurar la gobernabilidad y el cambio que necesita Argentina. Ojalá podamos velar por la convivencia política. Para ello, debemos superar la máxima de Sartre: «el infierno son los otros». Debemos ser adversarios políticos, no enemigos.

Tenemos la necesidad de construir un nuevo federalismo, más inclusivo. Y quizá logremos, de una vez por todas, que nuestra Constitución deje de ser una utopía para tener una democracia solidaria, que coincida con la razón humana a condición de incorporar la libertad y la fraternidad.

 

[1] Ver más en http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42407714

[2] Se conoce como justicialismo la corriente política del peronismo en Argentina. El Partido Justicialista es continuador del Partido Peronista, fundado por el general Juan Domingo Perón en 1946.

 

Cornelia Schmidt-Liermann | @CorneliaSL

Diputada nacional de la República Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.