Desde que asumí la responsabilidad de representar a la ciudadanía fui consciente del fuerte compromiso que ello implica con la sociedad, que demanda transparencia en el ejercicio público y reformas políticas importantes para garantizar la calidad democrática en Guatemala. Siendo la parlamentaria más joven de esta legislatura el reto es grande pero la convicción de luchar por un mejor país es mayor.

Manifestantes rodean el Congreso de Guatemala, setiembre de 2017 | Foto: Rafael Fotografía

Manifestantes frente al Palacio Nacional de Guatemala, setiembre de 2017 | Foto: Rafael Fotografía

La coyuntura política que vive Guatemala debe ser entendida como un proceso en el que diferentes grupos de poder se han resistido a la lucha contra la impunidad y han llevado el pulso incluso ante la comunidad internacional que ha apoyado explícitamente esta lucha.

La corrupción y la impunidad se encuentran tan incrustadas en el sistema político guatemalteco que se perciben como el cáncer que ha limitado todo intento de desarrollo económico y social del país. Se deriva así en un Estado precario y raquítico en su cometido de lograr el bienestar social.Guatemala cuenta con una institucionalidad tan debilitada que no ha sido capaz de garantizar elementos básicos de cualquier república, como la seguridad y la justicia. Por ello, en 2002 se iniciaron negociaciones con Naciones Unidas para establecer en Guatemala un ente internacional e independiente cuyo objetivo fuera apoyar el fortalecimiento de órganos internos de investigación, principalmente ante delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS). Esta serie de negociaciones finalmente culminó con la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2007.

A partir de su creación han salido a luz investigaciones que han llevado a funcionarios de alto nivel a enfrentar procesos judiciales por casos graves de corrupción en el ejercicio de su cargo público; el caso más emblemático es quizá el suscitado en 2015 con la investigación denominada Caso La Línea sobre defraudación fiscal aduanera que involucraba al expresidente y a la exvicepresidenta, así como a gran parte de su gabinete de gobierno. Esto causó una indignación generalizada en la población, materializada en manifestaciones masivas en diferentes puntos del país que llevaron a la renuncia del binomio presidencial.

El presidente Jimmy Morales, ganador del proceso electoral de 2015, en medio de la mencionada crisis política se promovía como un outsider de la política, cuyo lema era «ni corrupto, ni ladrón». Sin embargo, durante su gestión no impulsó una agenda frontal contra la corrupción; por el contrario, su grupo de asesoría más cercano lo ha motivado a buscar la manera de expulsar al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, incluso inmediatamente después de haber divulgado una investigación en su contra por supuesta implicación de recibir financiamiento electoral ilícito durante la campaña política. Por este caso, la CICIG y el Ministerio Público solicitaron que el derecho de inmunidad le fuera retirado al presidente Morales para que pudiera ser investigado.

La joven diputada

En esta coyuntura política es que asumo como diputada al Congreso de la República, en sustitución de Christian Boussinot, quien enfrenta un proceso judicial por supuesta implicación en corrupción en la administración de recursos públicos dentro del organismo legislativo. Desde que asumí la responsabilidad de representar a la ciudadanía fui consciente del fuerte compromiso que ello implica con la sociedad, que demanda transparencia en el ejercicio público y reformas políticas importantes para garantizar la calidad democrática en Guatemala. Para la parlamentaria más joven de esta legislatura el reto es grande, pero la convicción de luchar por un mejor país es mayor. Mientras que en las manifestaciones de 2015 estuve en la plaza alzando la voz, hoy me toca estar del lado institucional asumiendo la responsabilidad pública de tomar de decisiones que afectan a toda la ciudadanía guatemalteca.

Mis primeros días como legisladora han sido intensos; he mantenido y demostrado con hechos mi postura en la lucha contra la impunidad. Apenas algo más de dos semanas después de haber tomado posesión, me ha tocado conocer el antejuicio del presidente, en el expresé mi postura a favor, para dar viabilidad a la investigación que determinará su implicación real en los hechos por los que es acusado.

Sin embargo, un suceso importante para comprender lo que sucede en el Congreso de Guatemala ocurrió en la sesión del pasado 13 de septiembre. En esa oportunidad se aprobaron de manera espuria, sin ser conocidas las iniciativas y de urgencia nacional, reformas al Código Penal que claramente tenían como objetivo favorecer a la impunidad: exonerar de responsabilidades el financiamiento ilícito y ampliar a diez años las penas conmutables (la opción de poder pagar una fianza para evitar ir a prisión) para más de 400 delitos. En esta ocasión fui uno de 19 congresistas que votaron en contra de dicho acto repudiable, frente a 107 que lo aprobaron.

El impacto fue colosal, la indignación fue evidente en todos los sectores a nivel nacional e internacional, como un atentado al Estado de derecho. Este acto fue denominado #PactodeCorruptos y el descontento de la ciudadanía fue de tal magnitud que los congresistas se vieron obligados a retractarse dos días después, en la sesión del 15 de septiembre, Día de la Independencia de Guatemala. Los manifestantes celebraron rodeando las instalaciones del Congreso de la República y exigiendo la renuncia de los 107 diputados que votaron a favor de este intento de retroceso en la lucha contra la impunidad. Muestra del grave declive de la ya reducida credibilidad del organismo legislativo, las manifestaciones frente al Congreso de la República, en la Plaza de la Constitución y en el interior del país, han continuado realizándose; la más grande de ellas tuvo lugar el día 20 de setiembre.

La ciudadanía exige la depuración del Congreso, el retiro de la inmunidad del presidente de la República y reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para garantizar la calidad democrática. Para rescatar la legitimidad de este alto organismo es más que necesario no solo responder a estas demandas, sino ser un aliado en la autodepuración del Congreso. Que los congresistas que votamos en contra de dicho pacto nos unamos en un frente parlamentario, sin preferencias partidarias o ideológicas, que busque ser interlocutor de los colectivos sociales que perdieron la confianza en el resto de los congresistas y que pueda apoyar las propuestas de la sociedad civil. Esta propuesta se ha conversado con varios de estos diputados y está presente en el escenario.

El Estado se encuentra cooptado por intereses individuales, que han utilizado lo público como palanca de enriquecimiento a través de operadores políticos. Las investigaciones que la CICIG se encuentra realizando sobre financiamiento electoral ilícito pone en jaque a muchos actores públicos y privados relevantes; estos le han declarado la guerra y están haciendo lo imposible por ganar el pulso, al precio que sea.

Estamos frente a una de las mayores crisis políticas que ha vivido Guatemala, sin mencionar el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht que involucra a varios congresistas y funcionarios públicos, que está por venir y acentuará aún más la crítica coyuntura.

 

Andrea Villagrán | @avillagran502
Diputada al Congreso de la República por los municipios de Guatemala. Secretaria de Relaciones Internacionales del partido Todos