Corrupción: el síntoma más grave del sistema democrático guatemalteco

La lucha contra la corrupción ha llevado a Guatemala a otra crisis política iniciada a mediados de agosto. Desde el 2015 que emprendimos esta lucha; hemos ido conociendo que es el mismo sistema democrático el que está configurado para generar corrupción. Aunque duela, es una realidad que nos corresponde afrontar.

Manifestación ciudadana contra la corrupción, mayo 2015 | Foto: Eric Walter, vía Wikicommons

Manifestación ciudadana contra la corrupción, mayo 2015 | Foto: Eric Walter, vía Wikicommons

Sin duda, el trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido crucial para develar al sistema como tal y empezar a perseguir a los corruptos. No obstante, es importante reflexionar sobre el abordaje integral para atacar este mal estructural cuya dimensión ha crecido a costa de los indicadores socioeconómicos y políticos del país.

Hoy por hoy, los casos de alto impacto que han salido a la luz pública para desarticular estructuras paralelas al Estado son los que han permitido poner al descubierto las formas y dimensiones en que el Estado guatemalteco ha sido cooptado en sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) por mafias enraizadas a lo largo de la historia. Como mencionó el comisionado Velásquez en una de sus entrevistas: «La base del financiamiento de la actividad política en Guatemala es la corrupción; es la corrupción la que unifica el sistema político del país».

Más de 26 casos de diversa naturaleza han sido presentados desde la gestión del comisionado Iván Velásquez. Algunos de ellos hicieron caer al binomino presidencial en el 2015 (Otto Pérez-Roxana Baldetti), como La Línea, Cooptación de Estado y La Cooperacha, [1] y hoy también salpican a los familiares del actual presidente, como Botín Registro de la Propiedad. En el organismo judicial existen casos como los de Bufete de la Impunidad y el llevado a cabo por enriquecimiento ilícito de la jueza Jisela Reinoso por mencionar algunos; y en el Legislativo, por su parte, son importantes los casos Plazas Fantasma de los diputados Pedro Muadi (expresidente del Congreso) y Christian Bousinott, y el de tráfico de influencias del diputado Gudy Rivera para tratar de beneficiar a la entonces vicepresidenta Baldetti.

Conforme ha ido avanzando el trabajo del MP y la CICIG, hemos podido comprender que el sistema ha permitido una penetración profunda de la corrupción y que el crimen organizado ha tomado por asalto el desarrollo del país. Somos el único país de Latinoamérica que padece hambre, [2] el único país de la región que, lejos de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, retrocedió. Aumentó el nivel de pobreza y desnutrición, y actualmente es uno de los más vulnerables al cambio climático, a pesar de ser uno de los 19 países megadiversos de todo el mundo.

Somos un país cuya certeza jurídica ha caído sostenidamente haciendo que la inversión extranjera directa cada vez se aleje más; un país donde cada año se gradúan miles de jóvenes del diversificado y se enfrentan a una reducida e insuficiente oferta de empleo; y además, formamos parte del Triángulo Norte de Centroamérica, [3] una subregión que comparte desafíos comunes como la migración hacia Estados Unidos, el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas, factores que nos han convertido en una de las regiones sin guerra más violentas del mundo, con una tasa de 50 homicidios por cada cien mil habitantes.

Gracias a lo que conocemos de la corrupción y sus dimensiones, ahora podemos hacer una relación directa entre la corrupción sistémica y su interrupción sostenida al desarrollo. No es casualidad que sea en Guatemala donde cuatro de cada diez niñas y niños, según UNICEF, padezcan desnutrición crónica y al mismo tiempo tengamos a un multimillonario reconocido en la lista FORBES; [4] ostentamos el noveno lugar a nivel mundial en términos de desigualdad y el cuarto en la región latinoamericana, es decir, uno de los países más desiguales en la región más desigual del mundo.

Por todos estos factores, los ciudadanos nos indignamos hace dos años; por las necesidades y desafíos que diariamente tenemos que sortear los guatemaltecos para gestionarnos un modo de vida digno es que, desde el 2015, la lucha contra la corrupción y la impunidad se ha vuelto un activo de lucha unificada en la población; un país históricamente dividido y polarizado que en la indignación y repudio a la desfachatez de la clase política ha sabido encontrar un punto de convergencia.

A partir de la primera manifestación, el 16 de abril del 2015, en cada oportunidad las protestas han sido verdaderas fiestas cívicas y manifestaciones pacíficas que este año volvieron hacerse presentes en la Plaza de la Constitución a partir de la nueva crisis política que desató el presidente Morales al declarar no grato al comisionado Velásquez.

Esta desafortunada decisión del presidente ante un inminente antejuicio en su contra por financiamiento ilícito en su campaña electoral, el respectivo resguardo de su inmunidad por el Legislativo y la decisión de «urgencia nacional» de 107 de los 158 diputados en el Congreso de la República para hacer entrar en vigencia dos decretos ley —que descaradamente les garantizaba a estos impunidad ante el financiamiento electoral ilícito de sus partidos pero además conmutaba las penas de hasta diez años de cárcel facilitando consigo la conmutación de aproximadamente 400 delitos tipificados en el Código Penal— han sido los ingredientes para un caldo de cultivo que despertó nuevamente la indignación de la población, que se hizo presente de nuevo en la plaza pública y generó el paro nacional del pasado 2o de setiembre.

Al parecer estamos envueltos en una vorágine donde cada rincón del Estado que se investiga permite encontrar nichos de corrupción a todo nivel y de toda jerarquía de funcionarios públicos. La actual clase política no da mínimas muestras de querer seguir apoyando la tan necesaria lucha contra la corrupción; lejos de escuchar el clamor popular, descaradamente trata de favorecer la impunidad y por eso se les exige la renuncia a los diputados y el trámite con lugar al antejuicio del presidente Morales y los que seguirán apareciendo. No obstante, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿resolveremos de fondo la corrupción si solo nos dedicamos a perseguir a los corruptos?

Si bien el trabajo de la CICIG ha sido fundamental para darnos a conocer que es el sistema el que está corrompido desde su estructura, también es cierto que la sola persecución de los corruptos no necesariamente nos llevará a resolver el problema de fondo. Hace falta una reingeniería al sistema como tal, repensar el sistema político en función de que responda a las necesidades de la población. Por eso se hace tan necesaria la reforma política del Estado, una reforma cuya piedra angular la podemos encontrar en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley del Servicio Civil. Ya lo dijo el comisionado Velásquez en su oportunidad: «El pecado original de la democracia en Guatemala reside en el financiamiento electoral ilícito».

Si bien es cierto que las últimas manifestaciones se han dispersado en el planteamiento de peticiones concretas por causa de la diversidad de sectores que han participado en las marchas pero, sobre todo, por factores que han influido en este nuevo rugir ciudadano, también es cierto que junto a los medios de comunicación y redes sociales se han vuelto un importante actor de presión para no permitir el avance de la impunidad. Por su parte, la sociedad civil organizada es la que ha tratado de orientar los temas según el sentir ciudadano y ha enlistado como prioritarias las reformas mencionadas.

Sin embargo, más allá de apostarle a los cambios inmediatos que se necesitan para transformar el sistema, también es importante ir más allá de lo inmediato para trabajar a largo plazo con intervenciones tempranas a todo nivel. Es decir, la lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser promovida junto con la formación en valores y la vivencia de estos, para entenderlos y atesorarlos, con la enseñanza y el fomento de una cultura de legalidad, trasparencia y ciudadanía responsable.

Es comprensible que esta tormenta provocada por desnudar el sistema corrupto que ha prevalecido en el país desate fuertes crisis políticas, pero lo fundamental es saber reconocer la gran oportunidad que tenemos para cambiar estructuralmente. De lo contrario, permitiremos que el sistema se recomponga y siga operando con más fuerza.

 

[1] En Guatemala se utiliza coloquialmente el término cooperacha para indicar una colecta o cooperación económica de un grupo de personas para conseguir un bien o servicio específico. En este caso de alto impacto, se refería a la compra de un avión privado para el presidente Pérez Molina por altos funcionarios del gobierno; entre ellos, hay involucrados varios ministros de Estado.

[2] Fuente: FAO (2015). Mapa del hambre.

[3] Subregión centroamericana conformada por Guatemala, El Salvador y Honduras.

[4] Este año Mario López también fue reconocido con el premio Excelencia Empresarial por FORBES Centroamérica.

 

Ingrid Morales | @ingridymorales
Internacionalista. Máster en Economía y Comercio Internacional. Miembro de la Fundación Esquipulas