Nicaragua vive la peor crisis de su historia. La dictadura de Ortega ha reprimido, con un saldo de 520 muertos y 4000 heridos en ocho meses. El Gobierno se rehúsa al diálogo para una salida pacífica.

Protestas en Nicaragua frente a una barricada | Foto: VOA, vía Wikicommons

Protestas en Nicaragua frente a una barricada | Foto: VOA, vía Wikicommons

Daniel Ortega retornó al poder en 2007, luego de haber gobernado de 1979 a 1990, y definió un nuevo modelo: alianza con el capital, partidos satélites, populismo y alianza con Rusia y Venezuela.

Se hizo reelegir en 2011 con un fraude por el que se adjudicó el 70% de los votos y gran abstención electoral; suscribió acuerdos militares con Rusia y se sumó a la estrategia geopolítica de esta.

En 2013, los 60 diputados sandinistas de 90 parlamentarios del Congreso, aprobaron la Ley del Canal, para la construcción de un canal interoceánico, que provoca rechazo de los campesinos.

En 2016, Ortega fue a la reelección, con su esposa de candidata a vicepresidenta; participaron cinco partidos satélites, y un partido independiente formó una coalición opositora, pero fue eliminada bruscamente de participar. El FSLN logró 70 de 90 diputados, el 70% de los votos, con una abstención del 60%.

En marzo de 2018 se dio un gigantesco incendio forestal en una reserva biológica, ocasión en que el Gobierno actuó con negligencia, lo que desató protestas de los estudiantes universitarios. El 16 de abril el Gobierno anunció reformas unilaterales a la seguridad social, y los estudiantes subieron el tono de la protesta. Empresarios rompieron con el Gobierno.

Esos detonantes provocaron del 18 al 23 de abril de 2018 una rebelión estudiantil que Ortega sofocó brutalmente; hubo 65 muertos, casi todos jóvenes, y 100 heridos. Esa rebelión recibió apoyo popular y toda Nicaragua despertó. Se dieron protestas en todo el país; campesinos en lo rural y jóvenes en lo urbano erigieron tranques y barricadas y paralizaron gran parte del país. Igualmente se dieron gigantescas manifestaciones.

A fines de abril, la esposa de Ortega llamó a los obispos católicos y les pidió convocar a un diálogo nacional y mediarlo. El diálogo se inició el 16 de mayo, pero los muertos y heridos aumentaban, la policía y antimotines la emprendían contra las protestas. Los muertos ya pasaban de 100, heridos llegaban a 500. El 30 de mayo masacraron a 30, la mayoría jóvenes, y el diálogo entró en crisis. Pero se reanudó. Los obispos presentaron una agenda para reformas al Estado y pidieron adelantar las elecciones para marzo de 2019, como salida pacífica a la grave crisis.

El Gobierno consideró dicha propuesta como un golpe de Estado y organizó una fuerza paramilitar irregular de 3000 a 4000 elementos, armados con fusiles de guerra. El 9 de julio, los obispos fueron agredidos físicamente, por evitar una masacre contra gente que se había refugiado en iglesias. Ese día el Gobierno afirmó que no volvería al diálogo hasta que se levantasen los tranques y barricadas.

Los paramilitares iniciaron a mediados de julio la operación limpieza, para «limpiar» al «costo que sea» tranques y barricadas. Realizaron una carnicería humana en la que fueron asesinados más de 200 personas, y hubo más de 2000 heridos.

La comunidad internacional multiplicó en julio y agosto sus llamados al fin de la represión y a un diálogo para negociar la salida pacífica. La OEA se reunió en julio y agosto. Llamó a parar la represión, pero el Gobierno seguía con su operación limpieza.

Las fuerzas represivas eliminaron los tranques y barricadas y declararon su «victoria», con más de 400 personas muertas, 3000 heridos y cientos de desaparecidos, como saldo desde abril. Luego de la operación limpieza, el Gobierno comenzó a realizar detenciones arbitrarias de los que acusó de promotores de protestas. Hay de 400 a 500 presos políticos, según las organizaciones de derechos humanos, pero el Gobierno solo reconoce 246, parte de los cuales ya están con penas de 25 a 30 años de cárcel.

En las persecuciones se han dado asesinatos en agosto, septiembre y octubre. La cifra de muertos a la fecha llega a 520, y hay 4000 heridos, según la Asociación de Derechos Humanos de Nicaragua.

Es unánime la petición de que el Gobierno retome el diálogo nacional y que se adelanten las elecciones como la salida pacífica, pero el Gobierno sigue cerrado. Nicaragua está en incertidumbre.