La nueva justicia o injusticia ecuatoriana

La orden de prisión preventiva y el envío de la alarma roja a la Interpol contra Rafael Correa nos dan una clara señal de que la justicia ecuatoriana ha cambiado.

Al iniciarse el proceso por su presunta vinculación con en el secuestro del ex asambleísta alterno Fernando Balda (Partido Sociedad Patriótica, PSP), pocos se imaginaron los alcances de las acusaciones de la defensa de Balda y del poder de las evidencias que ha presentado hasta el momento. La jueza de garantías penales, Daniella Camacho, dictó orden de prisión preventiva el pasado 3 de julio al ex presidente Rafael Correa después de que el recientemente designado como Fiscal General encargado, Paúl Pérez[1], la solicitara debido a que Correa no se presentó en las cortes ecuatorianas el pasado 2 de julio. En lugar de eso, el ex mandatario acudió a rendir cuentas a la Embajada de Ecuador en Bélgica, país donde reside desde que dejó la presidencia en mayo de 2017.

El factor sorpresa de esta situación va más allá del hecho de que a un ex presidente se le haya dictado tal medida, que en realidad es un fenómeno bastante común en la región. La sorpresa reside más bien en los cambios del accionar judicial en Ecuador desde que Lenin Moreno tomó la silla presidencial. Sí, la transición es evidente, y no importa de qué lado de la moneda nos encontremos. Existen dos alternativas: o la Justicia se independizó porque finalmente dejó de estar controlada por el correísmo, y Moreno favoreció el escenario político para que esto sucediera, o, la Justicia se mantiene como un instrumento político que, sin embargo, esta vez se dirigió hacia el lado contrario, justamente en contra de la persona que la moldeó y manejó a diestra y siniestra por más de una década.

Con respecto a la primera alternativa, no se puede poner en tela de juicio que el plebiscito a comienzos de año[2], propuesto por Lenin Moreno, fue un factor determinante en el cambio de la justicia ecuatoriana. Una de las siete preguntas por las cuales el pueblo acudió a las urnas, implicaba  la sustitución de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social (CPCCS), una entidad inexistente antes de la Constituyente del año 2008, y al que se le reprochaba mucha cercanía y afinidad al correísmo. En la consulta ganó el sí (67.8 %), y consecuentemente la Asamblea Nacional eligió un CPCCS transitorio. Lo que llama la atención de esta institución son algunas de sus funciones, como por ejemplo la designación del Fiscal General del Estado, Procurador, Contralor, entre otros. A pesar de que esta elección en parte es realizada a través de  un concurso de méritos, tal función representa un cierto grado de poder muy alto del CPCCS. Efectivamente el nuevo Consejo designó nuevos fiscales y jueces en todo el país pero resolvió prescindir del concurso de méritos. Entre los nuevos funcionarios se encuentra al actual Fiscal General, Paúl Pérez.

De todos modos, tiempo antes de la consulta popular, Jorge Glas, ex vicepresidente de Rafael Correa y de Lenin Moreno, ya había sido enjuiciado y sentenciado a 6 años de cárcel por corrupción en el caso Odebrecht. Otros dos ejemplos son la sentencia también por 6 años del ex contralor Carlos Pólit, que desempeñó ese cargo entre 2007 y 2017, y la destitución de su sucesor Carlos Baca Mancheno y del entonces Presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista José Serrano (Alianza País, AP).

Probablemente no fue el liderazgo o la administración de Lenin Moreno lo que tuvo injerencia directa en las decisiones específicas del CPCCS, pero si fue él quien permitió y dio la libertad necesaria para que la Justicia se maneje de manera independiente y alejada del Ejecutivo. Partiendo de las consecuencias que dejó la década correísta, esta sí es una verdadera revolución.

Para Rafael Correa aquí no se trata más que de un “complot” del gobierno, del CPCCS y del Consejo de la Judicatura. Para él, los jueces han sido nombrados “a dedo” y según sus declaraciones, el presidente con mayor popularidad que ha tenido Ecuador, no tiene “una orden de arresto por la justicia, sino por la injusticia ecuatoriana”,  y todo gracias a lo que él describe como el fin del Estado de Derecho en el país.  Esto da pie a la oportunidad perfecta para que el mismo Rafael Correa y sus simpatizantes se escuden en el discurso de los mártires y de los perseguidos políticos. Se aprovecharán de la situación para acuñar en la opinión pública el término de lawfare, así como lo hizo Lula en Brasil y Cristina Fernández en Argentina. De todos modos, Correa utilizará la “injusticia ecuatoriana” y la supuesta “judicialización de la política” a su favor. No se puede descartar una eventual solicitud de asilo político en Bélgica  para amortiguar la caída que su imagen está teniendo a nivel internacional.

Con respecto a las reacciones en la región, Evo Morales y Nicolás Maduro pronunciaron en sus cuentas de Twitter su rechazo a la solicitud de la Fiscalía de Ecuador. El mandatario boliviano no perdió la oportunidad para resaltar la intención de Estados Unidos de encarcelar a Correa. Por su lado, Maduro exigió que se detenga la “persecución contra los líderes auténticos” de América. En consecuencia, el actual canciller ecuatoriano, José Valencia, anunció que queda suspendido el viaje del nuevo Embajador designado a Venezuela, Fabián Solano, y que en los próximos días regresará al país Franklin Columba, Embajador en Bolivia. Las consecuencias de estas  declaraciones reflejan el deterioro de unas relaciones diplomáticas que se mantuvieron muy estables durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Además, es público y notorio que la relación entre Correa y su sucesor Moreno es conflictiva. ¿Será esta medida judicial contra Correa lo suficientemente fuerte para mantenerlo alejado de futuras aspiraciones en la política ecuatoriana?

[1] El 2 de mayo de 2018, Paúl Perez fue designado por unanimidad como Fiscal encargado por el consejo de CPCCS transitorio después de que el ex Fiscal Carlos Baca Mancheno fue destituido por la Asamblea Nacional. Pérez se desempeñaba como fiscal en la provincia del Carchi, al norte de Ecuador.

[2] El referéndum y la consulta popular del 4 de febrero de 2018 estuvo compuesto por siete preguntas. Las modificaciones y enmiendas propuestas, implicaban gran cambio en ciertos aspectos de alta relevancia a nivel nacional. Aquí se destacaron la eliminación de la reelección indefinida, la imposición de límites a la minería metálica, y la no prescripción de delitos sexuales contra menores de edad, entre otros.