Latinoamérica a 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París se aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin duda una de las mayores hazañas de la humanidad.

Considerar al menos 30 derechos como básicos e inherentes al ser humano era un gran paso luego de haber soportado las atrocidades dejadas por las dos guerras mundiales. Parecía que se había logrado concientizar a los Estados sobre la importancia de tener un marco regulatorio mínimo en cuanto a los derechos para las personas, de forma universal y con garantías.

La mayoría de los Estados latinoamericanos votaron favorablemente por esta declaración, junto a Estados Unidos y Canadá. Fue un logro que marcaba un antes y un después. Hoy en día se podría hacer una evaluación sobre el respeto de los Estados a estos derechos universales y podríamos concluir que sin duda hemos mejorado en comparación con el siglo XX. El holocausto, el genocidio armenio, el genocidio en Ruanda y el Holodomor de la Unión Soviética, donde millones de personas fueron asesinadas, son escenas impensables en el siglo XXI. Sin embargo, los regímenes autoritarios y el abuso de los Estados han logrado mejorar sus formas para cometer delitos contra la humanidad y hoy en día existen Estados que violan los derechos humanos frente a los ojos de la sociedad internacional.

Las organizaciones multilaterales han conseguido sentar a los Estados en un foro donde dirimir las diferencias con diálogo y negociaciones. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer en cuanto a la capacidad de regular el comportamiento de los gobiernos en la conducción de los Estados. En Latinoamérica existen diversos foros que llevan adelante la tarea de protección a los derechos humanos; se destacan la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ambos órganos de las Organización de Estados Americanos, OEA.

Además, en el año 2001 los Estados miembros de la OEA aprobaron la Carta Democrática Interamericana, un instrumento más en función de la lucha por el respeto de los derechos fundamentales y la democracia. Es un instrumento que evalúa y podría juzgar el comportamiento de un gobierno en el manejo del Estado.

El marco jurídico en nuestro continente está muy bien estipulado y redactado; sin embargo, la realidad de su cumplimiento no es tan favorable como se quisiera. En pleno siglo XXI vemos cómo se han constituido Estados ilegítimos que utilizan la fuerza pública para atentar contra los ciudadanos, utilizan las instituciones para acumular poder y manipulan la voluntad de los ciudadanos en elecciones poco transparentes. Nicaragua y Venezuela son ejemplo de esto. Estos Estados se han unido para orquestar un modelo político donde sus gobiernos carecen de legitimidad y se caracterizan por ser gobiernos autocráticos, mientras Cuba sigue siendo una tarea pendiente. Daniel Ortega, como jefe de Estado de Nicaragua, ha propiciado la violación de los derechos humanos con la desaparición y el asesinato de civiles que por una u otra razón han salido a las calles a protestar en contra de sus políticas. Para esto ha utilizado las armas y el poder del Estado.

La organización Human Right Watch ha acusado directamente al gobierno de Nicaragua de «brutal represión» contra la población civil y de incluso premiar con ascensos de rango a los funcionarios que han liderado los comandos de la fuerza pública que cometieron abuso de autoridad y uso de las armas del Estado, demostrando que reprimir a los ciudadanos es lo que deben hacer para progresar en sus carreras profesionales.

Venezuela se ha convertido en un punto de referencia de atrocidad, incompetencia, corrupción y crisis. Incontables denuncias a los derechos humanos han surgido de ese país. La instauración de un modelo político neofascista con gran capacidad económica, gracias al petróleo, gas, coltan, uranio, oro y otros minerales que tiene este país, han llevado a los ciudadanos al límite. Los índices de pobreza son mayores al 80%, la inflación se cuenta en millones, la devaluación es galopante, mientras los ciudadanos deciden abandonar el territorio venezolano por mar, aire y tierra. Estos últimos son los más afectados, pues deben caminar kilómetros para llegar a algún territorio que les dé protección. La Organización de las Naciones Unidas contabiliza en más de 3.000.000 la migración venezolana. 

Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha dedicado buena parte de su labor a investigar y denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ha emitido tres informes donde detalla casos específicos con pruebas. Sin embargo, un grupo de Estados miembros de la OEA han preferido omitir estos informes y mostrarse indiferentes en las votaciones cuando se propone la discusión del tema Venezuela, especialmente porque reciben petróleo o dinero directamente del régimen venezolano. Es oportuno rescatar que otros Estados miembros de la OEA sí han tomado el rol de defensa de los derechos humanos en Venezuela y conformaron grupos de trabajo, como el Grupo de Lima.

Cuba, una tarea pendiente. El régimen cubano ha logrado algo impensable, la normalización de la violación a los derechos humanos frente a la sociedad internacional. Las libertades individuales se perdieron hace mucho tiempo y los presos políticos se cuentan por cientos; sin embargo, la sociedad latinoamericana mira a Cuba con poco interés y en muchas ocasiones ha reconocido al régimen y sus representantes, aun cuando estos carecen de legitimidad y legalidad.

La realidad latinoamericana tiene por delante un largo camino por recorrer en cuanto a la protección de los derechos humanos. Los Estados deben reconocer a estos derechos como fundamentales y universales. No se puede justificar la inacción con la excusa del respeto a la soberanía y menos aún a la autodeterminación de los pueblos, ya que un pueblo sin libertades fundamentales no puede elegir. Los mecanismos regionales están, la tarea debería ser fortalecerlos, profundizarlos, activarlos y respetarlos. En una región pacífica no se puede permitir la instauración de regímenes de poder que llegan a utilizar al Estado contra los ciudadanos. Es necesario que la sociedad internacional latinoamericana desconozca a estos regímenes y a sus representantes, de forma orquestada como lo propone la doctrina Betancourt, y así dar muestra real de interés por la promoción y la defensa de los derechos humanos. Los discursos en las cumbres no son suficientes.

Después de 70 años, como humanidad hemos avanzado, como latinoamericanos hemos avanzado. Necesitamos seguir luchando para que a cada ciudadano del mundo se le respeten sus derechos fundamentales. En nuestra América es necesario consolidar la libertad, ya que convivir con regímenes violadores de derechos humanos nos profundiza en el subdesarrollo como región. Hoy es un día para celebrar sin olvidar nuestras tareas pendientes.