En Bolivia, el 28 de noviembre el Tribunal Constitucional Plurinacional dio luz verde a la cuarta reelección de Evo Morales.

Voto anulado en las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017 | Imagen compartida en redes sociales.

Voto anulado en las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017 | Imagen compartida en redes sociales.

La búsqueda del poder total por el populismo no tiene freno ni diferencia ideológica, ya que no importa que los gobernantes sean de izquierda o de derecha. El único proyecto que tienen es la toma del poder por el poder.

En su fallo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) menciona la aplicación preferente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser una norma más favorable sobre derechos políticos. Declara inconstitucionales cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (156, 168, 285.II y 298) y cuatro artículos de la Ley del Régimen Electoral (64 inc. d, 65 inc. b, 71 inc. c y 72 inc. b).

Al Gobierno parecen no importarle las cuestionantes que plantea dicho fallo: si un órgano estatal puede declarar la inaplicabilidad de la Constitución Política del Estado, ¿qué norma es realmente aplicable?, ¿cuál es el límite?, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Son preguntas que no tendrán eco ni respuesta de los órganos que administran el Estado boliviano. Tras el fallo, la ciudadanía encabezada por los jóvenes tomó las calles en protesta por la decisión, que desconoce que en el año 2016 un referéndum negó a las altas autoridades del país ir a una futura reelección. Bajo este peculiar escenario, el pasado 3 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones judiciales.

Para la oposición al régimen de Evo Morales, las elecciones del 3D tenían el carácter de un plebiscito donde una vez más los bolivianos le dirían que no a una cuarta reelección. Empero, más allá de la contundente victoria de los votos nulos, las actuales autoridades no parecen preocuparse por la baja legitimidad de los magistrados electos.

Este 3 de diciembre Bolivia vivió una simulación democrática. El fallo del TCP destruye el Estado de derecho y es la muestra clara de que el Órgano Ejecutivo domina a placer a los otros órganos que conforman el Estado: el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial. El cuarto componente, el Órgano Electoral Plurinacional, se encuentra supeditado a los otros tres órganos y puede sufrir una fuerte caída en su credibilidad e independencia, sean cuales fueren los resultados de las elecciones judiciales, y será el mayor perdedor del único proceso electoral en el mundo para la elección de las más altas autoridades judiciales, pues tendrá que afrontar las elecciones generales posiblemente siendo mal visto por gran parte de la población.

Simular que aún vivimos en una democracia es el arma principal de los populistas y el gobernante Movimiento Al Socialismo lo sabe. Nicolás Maquiavelo mencionaba en El Príncipe que un buen príncipe debe crear las condiciones para que el pueblo crea que toma las decisiones importantes y que elija entre las opciones que le da la autoridad al mando. Esto es lo que ha ocurrido en Bolivia el 3D. Los postulantes a magistrados fueron elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el partido gobernante tiene los 2/3 en ambas Cámaras. El 70% de ellos fueron funcionarios en distintas instituciones estatales. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) participó revisando las aptitudes académicas y las competencias de los postulantes; únicamente la Universidad Mayor de San Andrés se desmarcó de ese rol. El show fue armado e interpretado a la perfección y una vez más la oposición al régimen simplemente hizo acto de presencia frente al avance del proceso de cambio. Todos fueron fichas que el Gobierno movió magistralmente.

El gobierno boliviano demuestra cada vez más sus ambiciones totalitarias y tiene obnubilada a la población con el simulacro democrático y el supuesto Estado de derecho existente. Prefiere que las multitudes salgan a las calles a reclamar por la agonía de la democracia cada día que pasa; mientras tanto, el Gobierno sigue su avance hacia el poder total. El próximo golpe se dirige a la libertad de prensa, con el proyecto de ley n.° 414/2017-2018 sobre información responsable.

 

Jorge Roberto Márquez Meruvia@JRMarquezM
Politólogo. Director de Gaceta Hoy y columnista de opinión de El Día y Los Tiempos, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia