Por primera vez en la historia venezolana el Poder Legislativo sesionó en la calle. Lo hizo en el barrio Mesuca, uno de los más grandes de Latinoamérica, en una obra de infraestructura desarrollada por Carlos Ocáriz, calificado como el cuarto mejor alcalde del mundo en 2015. Allí sancionó la Ley de Barrios en primera discusión, una ley que busca mejorar los servicios públicos y las condiciones sociales a más de tres millones de familias, la mitad de la población venezolana que vive en esos sectores. Es un buen ejemplo de la búsqueda de acercar los Parlamentos, instituciones que lucen alejadas de los ciudadanos.
Pero el Parlamento venezolano no está en la calle por esta razón, al Parlamento venezolano lo han dejado en la calle. Más de 50 sentencias han inhabilitado su función constitucional de legislar y controlar, 15 leyes sancionadas y 32 discutidas por primera vez fueron bloqueadas por los tribunales. Sus diputados han sido golpeados, encarcelados y asfixiados económicamente; su pago (unos USD 20 al mes) no se ha efectuado desde junio de 2016.
El gobierno venezolano ha revelado abiertamente su carácter dictatorial no solo al inhabilitar al Parlamento a través de un Tribunal ilegítimo, sino al bloquear el derecho constitucional a un referendo para revocar el mandato presidencial en 2016 y al no convocar las elecciones regionales que correspondían constitucionalmente en ese año.
Maduro y la cúpula militar buscan evitar que los venezolanos voten o, si lo hacen, que sea al estilo nicaragüense: con una oposición escogida al inhabilitar e ilegalizar a sus oponentes más fuertes. El gobierno no gobierna, el Tribunal imparte injusticia, el Consejo Electoral no convoca elecciones, el Defensor del Pueblo no lo defiende, los medios no informan y la Asamblea no puede legislar.
Todo esto sucede mientras Venezuela continúa con la inflación más alta del mundo, el decrecimiento económico más alto de Latinoamérica y una de las inseguridades ciudadanas más atroces. El Parlamento ha sido echado a la calle y con él la democracia. En el país reina el autoritarismo. ¿Esperarán los vecinos a que pase en casa para reaccionar?
Daniel Montero | @danmont
Venezolano, abogado, militante de Primero Justicia
