Los antecedentes del proceso que llevó al Paraguay al borde de la más grave crisis política en los últimos siete años —la última vez fue la que en 2012 terminó con la destitución del entonces presidente Fernando Lugo— llegaron de manera inesperada a la que parecía una difícil situación de gobernabilidad pero no a niveles de peligrar la continuidad del gobierno de la República. Este es un resumen de cómo comenzó la crisis y qué se puede esperar como evolución de esta.
El proceso de contratación de potencia de la Itaipú empieza con un organismo técnico de la Binacional, llamado CICOI. Luego pasa a una instancia administrativa en la que un representante de Eletrobrás (la compañía de electricidad oficial del Brasil) y uno de la ANDE (la empresa administradora de electricidad del Paraguay) con la participación del director técnico de Itaipú, formalizan un acta en la que sobre la base del pedido de contratación de la ANDE (tiene prioridad en virtud de un acuerdo del año 2007) se asigna el resto de la potencia a Eletrobrás a los efectos de la contratación plena, tal como indica el tratado.
Existen dos tipos de energía, por decirlo así: una más cara, de 44,6 dólares el MW, a la que llaman garantizada, y una más barata, de 5,6 dólares el MW, a la que llaman excedente. Por dos años, la ANDE no incrementó la contratación de energía garantizada y con frecuencia utilizaba parte de la energía del paquete que había adquirido Eletrobrás. Ante este panorama, en la negociación de la contratación de potencia para el presente año 2019, Eletrobrás e Itaipú le pidieron a ANDE que sincerara los costos y contratara gradualmente mayor energía garantizada, la energía cara.
El 13 de febrero se rompieron las negociaciones como consecuencia de que la ANDE rechazó la posibilidad de contratar más energía garantizada, alegando que los costos le serían imposibles de soportar.
Esta situación se prolonga e Itaipú sufre la posibilidad de una parálisis financiera ante la imposibilidad de facturar a las empresas, por falta de acuerdo. Sin embargo, optaron por una facturación provisoria después de la intervención del presidente paraguayo para destrabar el impasse.
El 19 de mayo se acordó una prórroga de 90 días para buscar un acuerdo. En este estadio, la firma de las actas pasan a la instancia diplomática, tal como lo dispone el Tratado. Entonces son las cancillerías los que realizan el acuerdo, representados por embajadores.
El acta se firmó el 24 de mayo y los contratos debían ser firmados al 6 de junio. Aquí empezaron las discrepancias entre el Gobierno y la ANDE, lo que generó una enorme crisis política que está en pleno desarrollo.
El debate sobre la conveniencia o no del acta bilateral se convirtió de la noche a la mañana un pedido de juicio político y destitución del presidente y el vicepresidente, a los efectos de declarar la acefalía y convocar a elecciones, a menos de un año de haber asumido en sus cargos.
Los intereses políticos de los seguidores del expresidente Fernando Lugo, agrupados en el llamado Frente Guazú, aliados con el oficialismo del tradicional Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) convierte una rutinaria negociación de compra de energía en una crisis institucional de tal magnitud interna y externa que los gobiernos de Estados Unidos y Brasil se pronuncian contundentemente.
En el plano internacional, se produjeron dos reacciones: la primera fue de la embajada de los Estados Unidos, que más de una vez expresó su respaldo a la institucionalidad; incluso se pronunció John Bolton, asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca y además se anuncia la visita al país de Ivanka Trump, principal asesora e hija del presidente Donald Trump. Otros voceros, junto con el presidente Jair Bolsonaro y el Ministerio de Seguridad del Brasil, expresamente advierten que no es aceptable un juicio político a la ligera para destituir al presidente Abdo, porque lo consideran un aliado importante para la democracia y la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero, etc. Inclusive Brasil advierte sobre la posibilidad de la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur.
En las antípodas ideológicas, la otra reacción. Se reúnen en Caracas el Foro de San Pablo, organismo impulsado por el expresidente Luis Inacio Lula Da Silva, que entre otras declaraciones dice: «Enfrentar de forma enérgica el avance de la derecha sobre nuestros pueblos. Así lo evidencian los gobiernos neoliberales reciclados, autoritarios y profascistas, como los de Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia y Mario Abdo Benítez en Paraguay, Mauricio Macri en Argentina, Lenin Moreno en Ecuador y Juan Orlando Hernández en Honduras, que destruyen la democracia y los derechos sociales conquistados».
A partir de ahí, toda la estructura de la izquierda, desde organizaciones de estudiantes secundarios hasta campesinos e intelectuales, se movilizan con el solo objetivo de la acefalía en el Paraguay.
En un giro sorprendente, un nuevo aliado de la izquierda irrumpe en el escenario. El más influyente diario del país, el ABC Color, con todo su pool de medios, se convierte en el principal factor de agitación. Inclusive reproduciendo como propias las publicaciones de blogueros del Partido de los Trabajadores del Brasil. Antes de la muerte de su fundador y director, Aldo Zuccolillo, esto era impensable, ya que se había mantenido siempre al margen de la radicalización de los grupos de la izquierda latinoamericana. Pero el manejo de su hija y heredera de la conducción periodística del diario dio un volantazo a esta posición histórica de este medio de comunicación.
En resumen, no es posible a estas alturas señalar que esta crisis no esté planificada o que simplemente es el producto de la torpeza del Gobierno. Hay indicios que se trata de una situación de falta de talento y manejo gubernamental, muy bien aprovechada por la izquierda radical, que posiblemente está motivada además por un deseo de pase de factura de lo ocurrido con Lugo en el 2012, ya que el Partido Colorado y sus referentes hoy en el gobierno apoyaron la destitución de la izquierda del poder.
En estas circunstancias, dada la debilidad demostrada por el gobierno de Mario Abdo y los bajísimos niveles de aceptación dados a conocer en las últimas encuestas, el escenario electoral es muy propicio para la izquierda radical, los populistas y los narcos, que tienen grandes intereses en el país.
La otra gran batalla se da en el escenario económico, que se está deteriorando rápidamente, porque hay una notable retracción de la inversión pública y de la actividad comercial. Todos los pronósticos indican tiempos difíciles y una posible recuperación recién para dentro de un año, cuando la actividad agrícola vuelva a mover el aparato productivo.
Por su parte, el Partido Colorado está movilizando a sus cuadros para defender al Gobierno, pero no está totalmente unido; la alianza entre los dos movimientos internos mayoritarios es muy endeble y genera más incertidumbre y temor que tranquilidad a la ciudadanía. En la semana pasada, en efecto cerraron filas y blindaron al Gobierno al rechazar el planteamiento de juicio político impulsado por los partidos de oposición. Sin embargo esta situación, lejos de traer calma, en realidad puso al presidente en la posición más débil de todo su primer año de gobierno y, contrario sensu, deja a su —hasta ahora—máximo adversario, Horacio Cartes, en una posición de privilegio. Para mayor confusión, Cartes no es de los que se queda encerrado en casa; ya ha salido a ostentar el poder en un evento oficial en el interior del país, como gritando a todos lados que ahora, el eje del poder se ha trasladado desde el Palacio de López (la sede de Gobierno) a su residencia particular, una imponente mansión ubicada sobre una de las avenidas más importantes de la capital.
Por su lado, la izquierda radical y el PLRA están en las calles exigiendo el juicio político. En principio, el juicio político al vicepresidente era lo que aparecía como viable. Pero la acefalía no era negociable, y el llamado a elección de inmediato, tampoco. Este es el objetivo de los izquierdistas y el oficialismo liberal y por eso están en la calle exigiendo seguir con el enjuiciamiento de los responsables del caso acta bilateral.
Por ahora parece haber disminuido el peligro pero, si se produjera el cambio de gobierno, es de esperar una reacción muy fuerte de Brasil, Estados Unidos y eventualmente Argentina. El presidente Macri había llamado al expresidente Horacio Cartes para solicitarle que su facción no se preste al juego de la acefalía. Solicitud que fue atendida, al menos, por ahora.
