El año 2020 se ha iniciado con una arremetida autoritaria contra la oposición democrática venezolana, la cual ha reafirmado el apoyo de Occidente a la coalición liderada por Juan Guaidó. ¿Podrá aprovecharlos para un cambio político en el país?
Las primeras semanas del año para la política venezolana han sido inusualmente movidas, en un año que parecía signado por una pesimista certidumbre: el régimen socialista había no solo sobrevivido un año más, sino que además desplegaba una poderosa campaña masiva resaltando la «normalización» de un país «indoblegable» ante la oposición interna y la presión externa. Nos dirigíamos hacia unas elecciones parlamentarias sin alternativas reales de triunfo para la oposición democrática, derivada del vaciamiento de los estándares pluralistas mínimos, la dura represión sobre los partidos disidentes y la desconexión entre el descontento generalizado de la población y las opciones políticas efectivamente posibles.
Dos eventos signaron la política opositora de este inicio del año: por una parte, la toma de la Asamblea Nacional por una directiva espuria, emanada del cohecho y la influencia del Partido Socialista sobre poco conocidos legisladores electos en las planchas opositoras; fabricando una falsa y pretendida «mayoría», y violentando la entrada de los representantes legítimos al Capitolio federal en Caracas, pusieron al moralmente cuestionado diputado Luis Parra al frente de una Cámara falsa, con el ostensible doble propósito de «retomar la Asamblea» y profundizar la desconfianza entre los opositores. De inmediato, la mayoría parlamentaria legítima —aunque disminuida— sesionó fuera del palacio, iniciando formalmente su período de sesiones. Por otra parte, la tournée del presidente Juan Guaidó, reelecto por la Cámara, recorrió distintas capitales del Occidente democrático, reuniéndose con líderes globales y con venezolanos de la diáspora. A su regreso, hostigado por partidarios de Nicolás Maduro y fuerzas del Estado, recibió el espaldarazo de la vocería de casi todos los partidos de oposición, declarando que traía consigo «el compromiso del mundo libre, dispuesto a ayudarnos a recuperar la democracia y la libertad».
La indignación ante la usurpación de la Asamblea Nacional, y la gira de Juan Guaidó parecieron aliviar las tensiones entre la oposición, pero esto no ha definido con claridad la línea política del año por venir. Por una parte, siguen existiendo dos sectores relevantes de la oposición fuera de la coalición del Frente Amplio que coordinan los cuatro más significativos partidos democráticos. Estos dos sectores son el conformado por los partidos de la Mesa de Negociación Nacional (entre ellos Avanzada Progresista, del exgobernador y candidato presidencial Henri Falcón), que desean un acercamiento moderado con el oficialismo, y el más radical de la coalición Soy Venezuela, liderado por María Corina Machado, que plantea una ruptura con el statu quo por medio de una intervención extranjera. Ambos grupos pueden tener una influencia política mayor a la que su apoyo social corresponde, pero afectan la dinámica de la oposición a gran escala. Entretanto, los cuatro grandes partidos no parecen haber definido aún su línea de acción política interna. De acuerdo en la necesidad de reavivar la manifestación social, pero conscientes de los límites de esta táctica, no se muestran en una voz ante la estrategia de este año. Que el viaje del presidente Guaidó haya ocurrido sin que ese consenso estuviese alcanzado, solo puede perturbar lo que debe ser un debate franco entre importantes aliados.
El espectro de las elecciones parlamentarias, ante las cual el atribulado pero abusivo y dominante Partido Socialista se ha activado, es un horizonte pesado para la causa democrática venezolana. Por una parte, en las elecciones parlamentarias del 2015 la oposición no solo logró su mayor victoria, sino que esta es la fuente de su reconocimiento global como actor político relevante en la crisis venezolana, y el argumento central del liderazgo de Juan Guaidó dentro de la coalición. Por otro lado, el empeoramiento de las condiciones de libertad política, en un sexenio marcado por la más dura represión de las últimas décadas, ha minado la ya poca confianza en el sistema electoral y debilitado con ello la posibilidad de participar.
Entretanto, los partidos democráticos se encuentran debilitados, perseguidos y proscritos, aunque aún tenaces en su organización y formación de cuadros. Con ello, los demócratas venezolanos nos encontramos con que nuestra mayor fuente de legitimidad e influencia política se encuentra vedada, y ello da mayor cabida en la opinión a quienes plantean que la ruta de la oposición ha de procurar salidas de fuerza.
La paradoja es que el descontento venezolano no necesariamente se traducirá en votos y, si lo hace —como ocurrió crecientemente en la década pasada—, será negado por el poder del Estado. Sin embargo, se abre una esperanza cuando el apoyo democrático de Occidente reitera la esencialidad de elecciones libres, y cuando en torno a la Asamblea Nacional podrían producirse acuerdos políticos para la formación de un nuevo Consejo Nacional Electoral más equilibrado. No siendo esto aún suficiente por sí mismo, abre una puerta necesaria.
Muchas veces se plantea que la ruta parlamentaria, mellada como ha sido por el abuso judicial, es demasiado indirecta para la toma del poder. Quizás este no sea el foco pertinente, aunque lo reclame así el mensaje del liderazgo más conspicuo. Puede que se trate, hoy, de la supervivencia. Pero, ¿podemos los demócratas simplemente sobrevivir en una dictadura sin convertirnos en sus cómplices? ¿Puede sobrevivirse como opción de poder real si se reduce a los castigos del exilio? La oportunidad del momento está en que el inevitable debate sobre las elecciones se convierta en el necesario debate nacional sobre las libertades políticas y, con ello, el canalizador de un descontento interno real que aún no cuenta con una estrategia eficaz.
