Se profundiza la crisis en Nicaragua, el gobierno sigue cerrado al diálogo mientras la economía se hunde. Las presiones no hacen ceder a Ortega, que aprueba leyes y reformas bilaterales que traerán más pobreza e incertidumbre al país. ¿Podrá la crisis de Venezuela obligarlo a negociar?
Nicaragua cerró el año 2018 e inició el 2019 con la tensión, temor e incertidumbre que ha quedado como estela de la represión gubernamental iniciada en abril de 2018, y que, según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, después de nueve meses ha dejado un saldo de entre 350 y 520 fallecidos, 4000 heridos, 50.000 exiliados y 770 presos políticos, la gran mayoría jóvenes.
Los llamados de la OEA, la Unión Europea, la ONU, el Grupo de Lima, las internacionales políticas y muchos países y líderes políticos en carácter individual para que el gobierno convoque a un diálogo nacional y se encuentre una solución política y pacífica a esta grave crisis siguen siendo desoídos.
Una visita de once eurodiputados de todas las tendencias, a finales de enero, abrió un compás de esperanza, toda vez que insistieron fuertemente en un diálogo nacional y por primera vez se permitió que fueran visitados algunos presos políticos. La delegación del Parlamento Europeo inclusive pidió para ellos prisión domiciliaria por las condiciones infrahumanas de las cárceles; los eurodiputados lograron fotos y videos inéditos de algunos presos políticos y sus condiciones, y los divulgaron en sus cuentas y redes a nivel internacional. Esto causó el enfado del gobierno, que ordenó una segunda paliza a presas políticas y con ello ha indignado a Nicaragua entera.
Estados Unidos, tanto la Administración como el Tesoro y el Departamento de Estado, han anunciado sanciones para una decena de funcionarios de Ortega —incluyendo a su esposa y vicepresidenta del país, Rosario Murillo—, las que limitan seriamente sus movimientos financieros y relaciones con bancos e instituciones estadounidenses. Igualmente les fueron canceladas sus visas para entrar a Estados Unidos y congelados sus activos allí.
Sin embargo, no muestran señales de querer dialogar. Por el contrario, el régimen de Daniel Ortega y su esposa parece empecinado en negar una apertura democrática y prefiere resignar a la sociedad a un modelo socioeconómico de carácter estatista, regresivo, de mayor pobreza y sometedor de las fuerzas productivas a sus lineamientos sectarios.
Más que diálogo, el régimen ha tomado una serie de decisiones unilaterales, aprobando leyes como la de «Reconciliación y paz», e imponiendo una reforma a la seguridad social y una reforma tributaria que están profundizando la crisis y afectando seriamente la economía, el empleo y la calidad de vida de los nicaragüenses. La Ley de Reconciliación y Paz fue criticada por los organismos internacionales de derechos humanos, pues no contiene un solo elemento de lo que debería ser un proceso de reconciliación y de justicia transicional, luego de un conflicto tan grave como el sucedido en Nicaragua desde abril del año pasado.
Por otro lado, la represión no cesa y, si bien en los últimos meses no han habido enfrentamientos entre fuerzas policiales y ciudadanos, debido a la prohibición estricta de toda manifestación pública, difícilmente pasa un día en que no haya al menos un secuestrado por la policía, pues no son capturas con orden de juez, sino secuestros de jóvenes que participaron en las protestas de meses pasados.
Es tal la represión que hoy es delito portar una bandera nacional, sea en las manos, en los vehículos o en las puertas de las casas, pues son consideradas como símbolo de protesta y de exigencia de libertad y democracia.
Estados Unidos amenaza con más sanciones; el régimen chavista de Venezuela, principal mentor y financiador del régimen de Ortega, se encuentra en una profunda crisis de presión y aislamiento; continúan las presiones de la comunidad internacional; la Organización de Estados Americanos (OEA) podría expulsar a Nicaragua si se le aplica la Carta Democrática Interamericana, algo previsible en las próximas semanas.
Estos factores podrían quizás obligar a Ortega a buscar un diálogo o una negociación política para adelantar una solución pacífica y política de consenso a la grave crisis del país, pero el problema sigue siendo la voluntad personal del dictador, que no parece abrirse a un diálogo y muestra su tozudez por un supremo interés de aferrarse a su poder militar, político y económico, sintiéndose apoyado por potencias como China y Rusia y la asesoría de Cuba y de otros países de posiciones político-ideológicas semejantes.
Nicaragua necesita de suma urgencia un diálogo nacional, pero para el régimen de Ortega primero está quedarse en el poder y luego los intereses nacionales. La crisis se profundiza.