Las situaciones de Nicaragua y Venezuela requieren el replanteamiento de cuál ha sido la dimensión internacional de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en el derecho interno de cada Estado.
El debate iniciado en la OEA, a propósito de Nicaragua, es aplicable a la dictadura venezolana y, muy importante, al futuro de las democracias latinoamericanas.
Las dictaduras de Nicaragua y Venezuela han generado un hecho positivo: obligar a repensar los derechos humanos para una época globalizada. Y hacerlo en el sentido que reclamaba Norberto Bobbio: derechos que tengan un reconocimiento positivo —y no meramente declarativo— en los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, ámbitos en los que habrán de protegerse y garantizarse para su realización efectiva.
El pasado viernes 24 de abril, el Consejo Permanente de la OEA inició la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra de la dictadura de Daniel Ortega, proceso que se interrumpiría solamente si el régimen y la Alianza Cívica opositora llegan a un acuerdo político que comprenda liberación de presos políticos y la celebración de elecciones anticipadas. La fecha clave para dilucidarlo es el 26 de junio cuando se reúna la Asamblea General de Cancilleres latinoamericanos en Medellín, Colombia.
Días después, desde el jueves 2 de mayo, varios países de la OEA están preparando una resolución para condenar la «injerencia» en Venezuela de los gobiernos de Cuba, China y Rusia que respaldan al régimen de Nicolás Maduro. A nadie escapa que la intervención con diversos grados de injerencia de las superpotencias —incluido Estados Unidos—, más el régimen parásito cubano, agregan complejidad al análisis de la responsabilidad de Maduro y Ortega por su violación al derecho internacional humanitario (DIH).
Distintas estimaciones sitúan en más de 20.000 los cubanos diseminados en diferentes estructuras venezolanas. Específicamente, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió el 1.º de mayo a la existencia de unos 2500 en tareas de inteligencia y contrainteligencia militar. Otras fuentes ubican en 100 el número de asesores rusos que apoyan al régimen. El apoyo chino se visualiza, dentro de la opacidad generada por la ausencia de controles democráticos en esos vínculos, en función de intereses económicos.
Las situaciones de Nicaragua y Venezuela requieren el replanteamiento de cuál ha sido la dimensión internacional de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en el derecho interno de cada Estado.
No se puede seguir exclusivamente a la expectativa de los cambiantes discursos de los cancilleres americanos y sus chicanas argumentales, como recientemente se pudo constatar en la representación mexicana tras la asunción de un nuevo presidente en ese país.
Tabaré Vázquez llamó a los marines. A Uruguay le cabe también su cuota parte en esa pantomima. El gobierno de Tabaré Vázquez en 2006 no dudó en solicitar ayuda al Pentágono en caso de que la administración Kirchner incrementara sus hostilidades contra Uruguay además de bloquear durante años los puentes que unen ambos países. Vázquez lo confesó cinco años después, cuando reconoció haber pedido apoyo diplomático al gobierno estadounidense presidido por George W. Bush para neutralizar la amenaza argentina.
Pero en esta segunda administración Vázquez enarbola equivocadamente el principio de la no intervención para el caso venezolano.
Tampoco es saludable para la democracia latinoamericana seguir cediendo la derecha a la administración Trump que —debe admitirse— ha hecho punta en la exigencia del retorno a la democracia en los casos de Venezuela y Nicaragua, por más que la impulsen intereses diferentes y hasta opuestos al conjunto de Estados representados en la OEA.
Se impone atender a los expertos que han dedicado años al estudio de los derechos humanos.
No es intervención. Jaime Aparicio Otero, exjefe de la misión del Centro Carter para las elecciones en Nicaragua, afirmó el pasado 24 de abril ante los miembros del Consejo Permanente de la OEA, que «defender la democracia no constituye una intervención en los asuntos internos de América Latina, sino que es un compromiso de defender los derechos humanos».
«Cuando un Estado como el de Nicaragua se convierte en Estado delincuencial es necesario intervenir; la ruptura democrática es incompatible con la convivencia democrática», agregó Otero.
En la misma sesión Harold Rocha, presidente del Centro Nicaragüense-Americano por la Democracia, demostró que «ningún Estado democrático reprime a sus ciudadanos cuando ejercen sus derechos humanos», luego de reseñar las numerosas violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en el país centroamericano. Lo hizo a partir de dos informes de la CIDH, otro de Amnistía Internacional, así como uno más de Human Rights Watch (HRW). «Para superar esta difícil situación los instrumentos del Sistema Interamericano de Derecho (SID), cobran especial importancia», afirmó.
«No existe soberanía ni autodeterminación sin democracia. No existe impedimento para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua cuando hay una ilegitimidad de origen, imposición del estado de terror, ruptura de los compromisos democráticos», subrayó otra de las expositoras en esa instancia, Haydée Castillo Flores, ex presa política y defensora de los derechos humanos. La experta nicaragüense también reclamó el cese de préstamos desde el FMI, BID y BM «a un régimen que está reprimiendo a su ciudadanía».
No son Estados de derecho. «Es bien conocido que en Nicaragua no existe el Estado de derecho, no hay independencia de poderes. El poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral están todos controlados y manipulados por el dúo Ortega-Murillo», dijo en la sesión otro de los académicos invitados a exponer, el profesor adjunto de la Universidad George Washington, Rubén Perina.
El experto agregó que varios medios de comunicación «están bajo su control, y los que no, son acosados y perseguidos», lo que «le ha permitido a Ortega aumentar su poder personal de caudillo y así modificar la Constitución».
Desde abril de 2018 la dictadura de Ortega deja más de 320 muertos y casi 600 presos políticos.
Venezuela es un calco de lo que se verifica en Nicaragua. El pasado 30 de abril se inició una nueva fase de la oposición, empeñada en el cese de la usurpación de Maduro que dé paso a lecciones libres, sin candidatos proscriptos, con supervisión internacional.
Nuevos derechos. Por eso el debate iniciado en la OEA a propósito de Nicaragua aplica para la dictadura venezolana y, muy importante, aplica para el futuro de las democracias latinoamericanas. Democracias, como es proverbial, ya de por sí sacudidas por fuertes inequidades, a lo que se suma una migración venezolana que supera los tres millones de desplazados hacia países limítrofes; la migración centroamericana hacia Estados Unidos, con visos de africanizar esa región; y la corrupción escandalosa que, si bien ha derrumbado gobiernos de todo signo, no cede.
Así como los fenómenos de integración regional modifican instituciones de derecho existentes y crea otras nuevas que responden a las necesidades que van más allá de las fronteras nacionales, también en el plano del derecho internacional humanitario se hace necesario avanzar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tribunales penales internacionales consideran que la aplicación del DIH dependerá del análisis de hechos específicos y no de invocaciones abstractas.
Hay que repasar la evolución del concepto derechos humanos para asumir que se trata de un proceso en curso.
La primera etapa de protección de los derechos humanos fue la consagración de los derechos y libertades en normas legales contra la arbitrariedad del monarca, como bien señala el especialista colombiano Tomás F. Serrano. Una segunda etapa sería la incorporación de los derechos y libertades individuales a las constituciones nacionales superando la voluntad de los poderes ejecutivo y legislativo. Y una tercera etapa la constituye esta internacionalización de los derechos humanos mediante tratados y convenios internacionales protegidos por organismos supranacionales que ponen a salvo esos derechos cuando las dictaduras avasallan las constituciones y a sus conciudadanos.
Publicado en el portal Análisis Político, de CADAL, el 4 de mayo de 2019