Nicaragua vive su peor crisis en 40 años. Comenzó con una protesta estudiantil contra una reforma a la seguridad social —que acabó derogada— y se extendió por todo el país, tras la violenta represión policial y parapolicial.
Desde el 18 de abril, organismos defensores de derechos humanos reportan casi 400 muertos, la mayoría civiles, alrededor de 2500 heridos, decenas de presos políticos y centenares de desaparecidos.
Mientras la persecución, las detenciones arbitrarias y los muertos se multiplican, el gobierno de Daniel Ortega organizó un acto en homenaje a la Revolución de 1979 traicionada por él mismo. Denunció que es víctima de una «conspiración armada y financiada por fuerzas internas y externas» que intentan derrocarlo del poder, en el que se mantiene desde enero de 2007. No mencionó quiénes son.
En este discurso, Ortega cargó contra la jerarquía de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), a la que tildó de «golpista», desafió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y llamó a sus seguidores a «no bajar la guardia» y mantener activos «mecanismos de autodefensa» para evitar un golpe de Estado, en medio de la grave crisis que vive el país.
Esas «fuerzas internas y externas», sostuvo, cuentan con la «complicidad» de los obispos nicaragüenses, que actúan como mediadores y testigos de un diálogo nacional. La CEN propuso a Ortega, el 7 de junio, adelantar los comicios generales de noviembre de 2021 al 31 de marzo de 2019, sin que él pueda presentarse a la reelección, para superar la crisis. Ortega descalificó a los obispos como mediadores del diálogo porque, a su juicio, «tomaron partido», están comprometidos con los «golpistas» y promueven el levantamiento de «sectas satánicas, golpistas y asesinas».
Durante su discurso, Ortega desafió a la OEA, cuyo Consejo Permanente aprobó el miércoles 17 de julio en una sesión extraordinaria una resolución que le pide elecciones anticipadas. «Las decisiones de Nicaragua no se toman en Washington (sede de la OEA), se toman en Managua», remarcó.
La resolución fue aprobada con el voto a favor de 21 de los 34 miembros activos de la OEA, mientras que tres (Nicaragua, Venezuela y San Vicente y Las Granadinas) votaron en contra y se registraron siete abstenciones (El Salvador, Granada, Haití, Trinidad-Tobago, Barbados, Belice y Surinam) y tres ausencias (Bolivia, Dominica y San Cristóbal-Nieves).
¿Es lógico el discurso de Ortega el 19 de julio? La verdad es que es más comprensible que lógico. Si bien es cierto que el gobierno de la pareja presidencial Ortega-Murillo es corrupto, represivo, protector y promotor de los paramilitares, el discurso de Ortega indica que el camino escogido es la línea más dura para resolver la crisis: la vía armada y paramilitar. Es decir, la pinochetización de la gestión gubernamental: intimidar y matar para doblegar la protesta social.
El llamado de Ortega a conformar «comités de autodefensa» en barrios y ciudades en todo el país tiene como objetivo buscar la legitimidad de los paramilitares que han estado operando junto con la policía en la represión contra la población, con la anuencia pasiva del ejército, pese a que la Constitución Política prohíbe la existencia de grupos irregulares.
El discurso de Ortega demuestra que al interior del partido de gobierno ha ganado la tendencia más infame, los que quieren la represión indiscriminada, el inmovilismo político, los que promueven la lógica de conservar el poder cueste lo que cueste, los que piensan que pueden restablecer el statu quo previo al 18 de abril de 2018.
El partido de gobierno es un partido desmoralizado por causar centenares de muertos, miles de heridos, presos políticos y desaparecidos. Es un partido vinculado a la corrupción de sus principales cuadros políticos. En este contexto, el discurso Ortega fue justificador de la represión ejecutada por los paramilitares. Los paramilitares de Ortega son como las «caravanas de la muerte» que creó el dictador chileno Augusto Pinochet luego del golpe de 1973.
El discurso de Ortega señala que la lucha a cuchillo contra la población continuará. Algunos pudieron pensar que en el día después, el gobierno Ortega-Murillo iba a moderarse. Pero no fue así. La pinochetización del gobierno va en serio. Ortega-Murillo adoptan esa estrategia porque saben que para rearticular su base social necesitarán mucho tiempo. Tampoco saben si lograrán hacerlo. Mientras tanto, quieren descabezar las protestas mediante la represión selectiva.
Han cruzado la frontera que separa un gobierno que se equivoca de otro despreciable, que ha perdido todo, hasta los principios. Por eso, lo razonable es que los poderes fácticos (económicos, Iglesia, etcétera) apuesten por evitar la pinochetización del gobierno. Para lograrlo es necesario que apoyen la unidad de todos los sectores sociales que protestan contra el gobierno Ortega-Murillo y presionen en ese sentido.
El gobierno ha demostrado que ha mentido más que hablado. Mintió diciendo que era un gobierno de las mayorías y resultó ser minoritario; mintió sobre su ideología, diciendo que era socialista y resultó ser neoliberal pinochetista; mintió sobre la democracia y quiere construir una dictadura. Igual que mintió sobre la corrupción, sobre el seguro social, sobre la defensa de la igualdad social y de género.
El discurso de Ortega nos obliga a todos a estar alertas. Ortega ha dado un paso de gigante en la dirección de pinochetismo autoritario y asesino. Los diferentes sectores del movimiento social no pueden dejarse amedrentar por las amenazas de Ortega-Murillo. El movimiento social tiene que definir con claridad su apuesta por una Nicaragua moderna y tiene la obligación de pararle los pies a ese proceso de pinochetización de la política del gobierno Ortega-Murillo.
