La extracción de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026 marca un hito en la historia política latinoamericana reciente. No solo por haber depuesto al líder del régimen chavista —en una operación que rememora la captura de Manuel Noriega ejecutada por Washington hace más de tres décadas en Panamá—, sino también por reconfigurar el mapa político regional y exhibir que el corolario Trump a la Doctrina Monroe ha entrado en una fase de aplicación efectiva a lo largo y ancho del Hemisferio Occidental.
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Ciertamente, la caída de Maduro supone un reequilibrio inmediato del poder político en Venezuela y abre la posibilidad de una transición democrática largamente postergada. También apunta, de manera invariable, al debilitamiento de los socios regionales del chavismo. En este sentido, el fin abrupto del régimen venezolano debe leerse menos como un acontecimiento aislado que como un shock estructural para un entramado de alianzas autoritarias sostenidas durante años por recursos energéticos, respaldo diplomático y afinidades ideológicas. Entre los actores más expuestos a esta nueva coyuntura se encuentran Cuba y Nicaragua.
Cuba, ¿el principio del fin?
Tras la caída de la Unión Soviética, Cuba perdió de forma abrupta a su principal sostén económico. Esto dio inicio al Período Especial, marcado por la escasez, el colapso productivo y la contracción del Estado. En ese contexto, la llegada de Hugo Chávez al poder permitió a La Habana recomponer un esquema de subsidio externo que replicó, bajo nuevas coordenadas políticas, la antigua dependencia soviética. Desde los acuerdos firmados a partir del año 2000 entre Chávez y Fidel Castro, Venezuela asumió progresivamente el rol de principal sostén energético y financiero de la isla.
Lejos de tratarse de una alianza diplomática convencional, la relación entre ambos regímenes constituyó una simbiosis autoritaria. Durante más de dos décadas, los envíos de petróleo venezolano cubrieron una parte sustantiva de las necesidades energéticas cubanas. Funcionaron, además, como fuente de liquidez mediante su reventa o triangulación con terceros países, particularmente China. A cambio, Cuba aportó misiones médicas, asistencia técnico-ideológica y apoyo político y de seguridad, consolidando un esquema profundamente asimétrico de “petróleo por personas y políticas”.
La operación estadounidense de extracción de Nicolás Maduro, sin embargo, ha actuado como una clarificadora radiografía de esa interdependencia. El hecho de que un número significativo de agentes de seguridad cubanos hayan sido abatidos durante la incursión, y que Washington haya vinculado explícitamente la asistencia de La Habana con el sostenimiento del chavismo, devela el carácter profundo, material y operativo de una cooperación muchas veces descrita más en términos ideológicos que concretos.
En este nuevo contexto, pueden colegirse al menos dos consecuencias fundamentales para Cuba. La primera es la pérdida abrupta de un suministro energético esencial, con efectos inmediatos sobre la generación eléctrica, la movilidad y la ya precaria logística productiva de la isla. La segunda es la erosión acelerada de la influencia regional de La Habana, directamente asociada a la orden de la administración Trump de expulsar a los agentes cubanos y poner fin a las misiones médicas politizadas en Venezuela, desmontando así uno de los principales instrumentos de proyección hemisférica del régimen poscastrista.
Sin embargo, no todo apunta a un colapso inmediato del régimen. La pérdida de su principal benefactor histórico profundizará la crisis económica, energética y social que atraviesa la isla. Pero no la convierte, por sí sola, en un escenario de derrumbe inminente. La persistencia de apoyos externos —entre los que destaca México mediante el suministro de petróleo— permite al régimen amortiguar parcialmente el impacto del shock venezolano y ganar tiempo. Con todo, la presión acumulada y el creciente descrédito internacional, podrían abrir la puerta a concesiones específicas, como la liberación de presos políticos, sin que ello implique aún una apertura negociada.
Nicaragua: aumento de la presión
Si bien el caso de Nicaragua suele aparecer de forma colateral en los análisis sobre las consecuencias regionales de la caída de Maduro, la realidad sugiere que la Doctrina Donroe se ha desplegado con particular asertividad en Managua. La administración Trump ha comenzado a emplear instrumentos comerciales y financieros para presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vinculando de manera explícita el acceso al mercado estadounidense con el respeto a los derechos humanos, laborales y al Estado de derecho.
En diciembre pasado, en el marco de la Sección 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Washington adoptó una acción final que determinó que las prácticas del régimen nicaragüense resultan incompatibles con un comercio justo, al distorsionar las condiciones de competencia y afectar de manera directa los intereses comerciales estadounidenses en la región. En consecuencia, se habilitó la imposición de aranceles progresivos a exportaciones nicaragüenses fuera del amparo del CAFTA-DR. También, la aplicación de sanciones individuales contra funcionarios responsables, erosionando uno de los principales pilares económicos del régimen.
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Estas medidas serán potencialmente reforzadas por la creciente preocupación de Washington ante la presencia de actores extrahemisféricos en Nicaragua. Managua se ha consolidado como uno de los principales puntos de apoyo de la Federación Rusa en América Latina en ámbitos sensibles como la vigilancia, la inteligencia y el espionaje. También ha fortalecido sistemáticamente el vínculo con la República Popular China.
A lo largo de 2025, la dictadura nicaragüense profundizó su alineamiento con Pekín, estableciendo una Zonas Económicas Especiales (ZEE) vinculadas a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), y aumentando las concesiones mineras a empresas chinas en áreas naturales protegidas. Este acercamiento podría ser leído en Washington como un desafío directo a su influencia en Centroamérica, particularmente tras la presión ejercida sobre Panamá para abandonar la propia IFR.
La frontalidad de las acciones norteamericanas contra la influencia china y rusa en el hemisferio, potenciada tras el éxito de la incursión en Venezuela, sugiere, pues, que el régimen Ortega-Murillo enfrentará medidas coercitivas aún más severas si persiste en su trayectoria de alineamiento estratégico con estas potencias.
El necesario horizonte democrático
Con todo, conviene no perder de vista que el objetivo último de las incursiones de Trump en América Latina no debería agotarse en la mera deposición de liderazgos autoritarios hostiles a Washington, ni en su eventual sustitución por élites favorables a la potencia norteamericana. El horizonte deseable para las sociedades venezolana, nicaragüense y cubana sigue siendo la recuperación de la institucionalidad democrática, acompañada de procesos sostenidos de reconstrucción económica y social.
En este sentido, la presión ejercida por Estados Unidos y sus aliados solo resultará políticamente defendible si se traduce en incentivos claros hacia la apertura. Medidas como la excarcelación de presos políticos —anunciada en Nicaragua el pasado 10 de enero y parcialmente implementada en Venezuela— deben ser exigidas con transparencia, verificación y carácter permanente, como condición mínima para cualquier transición tutelada.
De lo contrario, el riesgo es sustituir un autoritarismo antioccidental por arreglos igualmente iliberales, carentes de legitimidad interna y sostenibilidad democrática.
