Las manifestaciones contra el régimen islámico de Irán comenzaron a finales de la década de 1990. Alcanzaron su punto álgido con la muerte de Mahsa Amini y el posterior surgimiento del movimiento Mujer, Vida, Libertad en 2022. A lo largo de estos años, la maquinaria represiva del Estado ha reprimido las protestas y ha conseguido mantener intactas las estructuras del poder.
Sin embargo, las reivindicaciones actuales surgen en un nuevo contexto en el que las autoridades iraníes, por primera vez, se están mostrando desbordadas. La crítica situación económica por la que atraviesa el país ha actuado como desencadenante para que todos los sectores críticos se sumen a las protestas y que las manifestaciones se sucedan por todo el país.
La incapacidad del gobierno alimenta el descontento entre la población y favorece que las demandas ciudadanas vayan mucho más allá del plano económico, exigiendo inminentes cambios políticos. A pesar de ello, los máximos dirigentes del país siguen confiando en las medidas represivas que tan buenos resultados les han proporcionado hasta la fecha. Como consecuencia de ello, los muertos en las últimas semanas se cuentan por miles. Todo indica que, en esta ocasión, la represión no va a ser suficiente para frenar las ansias de libertad de una sociedad reprimida.
¿Por qué no ha caído el régimen?
Los continuos desafíos que ha enfrentado la cúpula del poder iraní no han conseguido derrocar al régimen. El líder supremo, Alí Jamenei, ha forjado su fortaleza, en la creación de una férrea estructura que ha consolidado a través del Consejo de Guardianes y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La existencia de estos órganos permite dirigir las decisiones políticas, limitar las capacidades del presidente, Məsud Pezeşkian, y controlar los principales sectores estratégicos. Para ello, la resiliencia del régimen se ha basado en tres pilares: la economía pretoriana, la ausencia de una alternativa interna, y la narrativa estatal.
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La economía pretoriana situó al IRGC al frente de un conglomerado empresarial que gestiona las principales empresas del país, ejerciendo un control directo sobre la energía, las telecomunicaciones, o las fundaciones caritativas (Bonyads). El monopolio económico ostentado por el IRGC permite a Alí Jamenei ejercer un poder absoluto que va desde lo espiritual a lo ejecutivo, con plenos poderes en aspectos económicos y de seguridad.
Represión y el rol de la oposición
Por otro lado, la acción represiva ha conseguido frenar el surgimiento de nuevos liderazgos políticos, y ha permitido judicializar la disidencia, impidiendo la formación de alternativas políticas. Los sindicatos y las pequeñas asociaciones estudiantiles cuentan con capacidad para impulsar movilizaciones, pero carecen de estructura para liderar una alternativa de poder que pueda gestionar una transición.
Como consecuencia, muchos ciudadanos sitúan sus esperanzas en los grupos opositores que operan desde el exilio, llegando incluso a valorar la restauración de la monarquía. No obstante, la oposición en el exilio tiene visibilidad mediática, pero su arraigo real dentro del país es incierto.
El tercer pilar del régimen se construye a partir de la narrativa centrada en la retórica de la resistencia frente a la interferencia extranjera. A través de la victimización, el poder iraní busca incrementar el respaldo interno y la legitimización de sus políticas. Consignas como la dignidad nacional frente a las sanciones pretenden que la población acepte las dificultades económicas como un sacrificio para preservar la soberanía del país. De esta manera el gobierno se presenta como garante de la estabilidad y del orden frente al caos.
¿Por qué ahora podría caer el régimen?
Con las manifestaciones actuales, el régimen ya no combate solo una protesta, sino una erosión de sus mecanismos de supervivencia. Los ayatolás se enfrentan al fin de su contrato social y a la desacralización del poder. La mayoría de la población ya no ve al Líder Supremo como una figura sagrada, sino como un obstáculo político. El rechazo al hiyab (velo islámico) comienza a ser entendido como el derribo del principal símbolo de autoridad de la teocracia.
A la situación interna se ha de sumar la debilidad militar mostrada frente a las ofensivas israelíes y estadounidenses, que no solo destruyeron radares y plantas, sino el mito de la protección del Estado. Un régimen que no puede proteger sus propias fronteras pierde el respeto de sus ciudadanos.
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Otro aspecto a tener en cuenta es la avanzada edad del líder supremo y las tensiones desencadenadas por su sucesión. Las permanentes pugnas han llevado a que, en ocasiones, el aparato de poder esté más preocupado por las guerras intestinas que por sofocar las calles de forma coordinada.
Hasta ahora, la represión funcionaba porque el régimen podía apagar las protestas y volver a la normalidad. En 2026, esto ya no sucede, al encontrarse con unas fuerzas de seguridad exhaustas y con una economía de supervivencia. Por lo que el régimen ve limitados sus recursos para comprar lealtades y para superar las sanciones internacionales.
Esta situación podría llevar a que las protestas evolucionaran hacia posiciones radicales que incitaran al uso de la fuerza, e impulsaran la insurgencia en provincias como Sistán y Baluchistán y el Kurdistán iraní.
Equilibrio catastrófico
Irán se encuentra en un equilibrio catastrófico: el régimen ya no tiene legitimidad para gobernar, pero aún conserva las armas para no caer. La sociedad tiene voluntad de cambio, pero carece de la organización política para ejecutarlo. El futuro dependerá de la capacidad de la oposición interna para unificar sus diversas ideologías en una plataforma común que ofrezca algo más que el fin de la teocracia: una garantía de integridad territorial y orden social.
