Pablo Zeballos es experto en crimen organizado, inteligencia y terrorismo. Con Douglas Farah, publicaron De las calles al Estado, el DP Enfoque 18 de Diálogo Político, investigación en la que analizan la cuarta ola de crimen organizado en América Latina.
Luego de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Zeballos analiza la dimensión geopolítica del caso, que se da en paralelo a un nuevo orden hemisférico liderado por Estados Unidos y la ambición de Donald Trump de liderar la política regional de seguridad.
Lógica hemisférica del crimen organizado
¿Por qué es pertinente analizar el caso Marset desde una perspectiva geopolítica?
—En la actual reconfiguración que observamos del crimen organizado trasnacional, vamos a ver cada vez más casos como Marset, y otros casos menos mediáticos. Pero ambos representan el mismo fenómeno: criminalidad que ya no cabe dentro de la frontera de un solo país. Por lo tanto, no cabe dentro de las capacidades de una sola policía o un único sistema de investigación penal. Se trata más bien de operadores conectados a flujos, en este caso de cocaína, entre Sudamérica y Europa y a profundas redes de lavado dinero que utilizan sistemas financieros internacionales, incluso de países con altos estándares de exigencia. Se complementan con complejas redes de protección. Son además redes capaces de operar entre varios países simultáneamente.
Por eso el caso Marset es importante. Estas redes de protección permitieron que él operara entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y también en Estados Unidos, donde existen acusaciones fundadas que evidencian que él, o su entorno, lavó varios millones de dólares a través del sistema financiero de ese país. Este caso deja de ser un asunto netamente criminal y se convierte en una pieza dentro de la seguridad hemisférica y ahí su importancia en la dimensión geopolítica de la criminalidad.
La captura de Marset ocurrió seis días después de la cumbre de lanzamiento del Escudo de las Américas. ¿Coincidencia o estrategia?
—No existe evidencia para afirmar que la captura fue planificada como un operativo directo del Escudo de las Américas. Lo que sí podemos afirmar, sin ninguna duda, es que cualquiera haya sido el origen del operativo, el hecho adquirió rápidamente un valor narrativo absolutamente estratégico, tanto para el gobierno boliviano, recién asumido por el presidente Paz, como para Washington, que enmarca este proceso en una nueva fase de cooperación regional.
Es importante entender que una cumbre de seguridad no genera en pocos días una investigación capaz de ubicar y capturar un objetivo criminal de alto valor. Lo que sí puede generar es algo distinto; tensiones, filtraciones, quiebres dentro de las redes de protección que durante años permitieron que este actor permaneciera prófugo. Quizás la coincidencia no está en la captura, sino en la forma en que se construyó el relato político alrededor de esta captura.
Disputa por el relato de la seguridad
Aunque la DEA oficialmente solo actuó en el traslado de Marset de Bolivia a EEUU, el gobierno de Donald Trump sostuvo: “El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”. ¿Cómo leer esa declaración?
—Esa frase es relevante no porque prueba una autoridad operativa norteamericana en la captura de Marset. Refleja algo que es mucho más importante: la disputa por el relato que tiene el presidente Trump respecto a la seguridad. Bolivia fue clara al señalar en más de una oportunidad que la DEA no participó en la detención, sino, únicamente en el traslado posterior hacia EEUU. Sin embargo, desde Washington, el caso fue presentado como un éxito de la cumbre.
Desde una perspectiva geopolítica, esto sugiere que EEUU busca mostrar resultados rápidos para legitimar esta coalición de seguridad y reafirmar su liderazgo regional. Esa es la diferencia entre lo que ocurrió operativamente con lo que se construyó políticamente a partir de este hecho. Ambas dimensiones importan, pero no son lo mismo.
Si iniciativas como el Escudo de las Américas reúne principalmente a gobiernos alineados con Washington, ¿existe el riesgo de que la lucha contra el narcotráfico funcione también como mecanismo de alineamiento político?
—Sí, pero no es un riesgo nuevo. Cuando la arquitectura de seguridad reúne principalmente a gobiernos políticamente cercanos, en este caso a Washington, la cooperación antidrogas puede operar en dos niveles. Uno que es generalmente funcional: compartir información de inteligencia, mayor confianza para perseguir redes criminales. Y otro, más bien político, orientado a ordenar afinidad y reconstruir la influencia regional bajo un liderazgo que en este caso de EEUU.
Pero existe un problema conceptual mucho más profundo según lo que hemos visto en el Escudo de las Américas: estamos reduciendo el crimen organizado solamente al narcotráfico. Y el narcotráfico es una expresión del crimen organizado, pero esa actividad se sostiene en otras economías ilícitas mucho más dañinas, que dañan específicamente a las poblaciones más marginalizadas, como la extorsión, el contrabando, la minería ilegal, en este caso la destrucción de la Amazonía, el tráfico de personas, corrupción institucional que daña el estado de Derecho. Entonces, limitar la estrategia de lucha contra el crimen organizado al narcotráfico nos devuelve una lógica que no funcionó, de los años 80, sentada en los carteles colombianos y que deja fuera gran parte de las economías criminales que hoy afectan a la democracia de las comunidades.
De hecho, en algunos países las ganancias por otras economías ilícitas desplazan al narcotráfico. El caso de Perú, por ejemplo, donde las ganancias por la minería ilegal del oro están desplazando a las ganancias que provienen de la cocaína en un país que produce cocaína.
Respecto a este mismo punto, también es llamativo que en esta coalición no participen países que son clave para la lucha contra el crimen organizado, como Brasil, México y Colombia. Además son las mayores economías del hemisferio. Pues la red de Marset operaba precisamente en territorios que conectaban Bolivia con Paraguay y Brasil, por ejemplo.
Finalmente yo sumaría un último elemento. En las redes criminales extrarregionales participan cada vez más grupos que provienen de Italia, la mafia albanesa o de los Balcanes, grupos rusos y también estructuras criminales asiáticas. Por eso, pretender enfrentar este fenómeno solo con una arquitectura exclusivamente americana y dejar fuera a Europa y Oceanía es desde el punto de vista estratégico un error súper importante.
El rol de Bolivia y el cambio con Paz
Rodrigo Paz retomó la cooperación con la DEA después de 17 años. ¿Qué señal política y estratégica envía?
—Creo que hay dos, una señal de ruptura y otra de reubicación. La ruptura, obviamente, con la etapa abierta por el presidente Evo Morales a partir del 2008, cuando expulsa a la DEA de Bolivia. Y la reubicación del presidente Paz o de Bolivia dentro de una arquitectura de seguridad más cercana con Washington. Por eso la cooperación se retomó recién el 24 de febrero del 2026, apenas un par de semanas antes de la captura. Esta es evidentemente la manifestación política de esa reubicación de Bolivia.
Una señal se dirige hacia afuera, donde Bolivia quiere mostrar confiabilidad como socio de seguridad. La otra, hacia adentro, donde el presidente Paz busca instalar que el crimen organizado exige capacidades externas que el país por sí solo no tiene plenamente consolidada, después de 17 años de ausencia de la cooperación con la DEA. Pero eso tiene un costo político doméstico fuerte para el presidente Paz y que es lo que hay que observar. Porque durante años del gobierno del MAS, pese a las fracturas internas que conocimos entre los expresidentes Evo Morales y Liber Arce, ese periodo generó indudablemente algún tipo de dinámicas de protección en uno de los tres países productores de hoja de coca y, por ende, cocaína. O sea, alguna dinámica de protección para articulaciones criminales. ¿Estos vínculos permanecen independientemente de quién sea el gobierno de Bolivia?
¿Es plausible pensar que contó con protección política, institucional o criminal?
—Es una hipótesis muy fuerte y yo diría que hoy día con algunos elementos es casi innegable, pero debe formularse con responsabilidad y también con precisión.
Marset estuvo prófugo durante años. En 2021 fue detenido en Dubái porque portaba un pasaporte paraguayo que era falso. Pero pudo salir legalmente para recibir un pasaporte uruguayo. Es un episodio que generó una crisis en Uruguay que derivó en renuncias de altos funcionarios públicos. Un ministro boliviano, Marco Viedo, afirmó que en Bolivia Marset tuvo protección del anterior gobierno. Pero esas son afirmaciones políticas, no una conclusión judicial probada. Hoy se tiene que avanzar en poder entender si la duración de su fuga, con los antecedentes que se tengan después de su detención, permiten inferir que efectivamente existen zonas de facilitación o protección que deben ser judicialmente acreditadas. País por país, no es solo Bolivia, y esa investigación es tan importante como la captura misma de Marset.
Combate cooperado
La acusación más fuerte contra Marset fue presentada en Estados Unidos, en una corte federal de Virginia. ¿Qué implica que la causa termine en la justicia estadounidense?
—Implica varias cosas. EEUU logró construir jurisdicción a partir del uso del sistema bancario norteamericano para lavar dinero proveniente del narcotráfico en América del Sur. Eso es muy importante, porque cuando estos flujos financieros pasan por bancos o plataformas que operan bajo la jurisdicción de regulación americana, ellos pueden activar su jurisdicción extraterritorial y perseguir penalmente estos delitos. Incluso si lo hecho ocurre en otros países. Así vemos que este caso se traslada a un sistema judicial que tiene definitivamente mayores capacidades para rastrear dinero, activos, redes financieras complejas. El sistema federal norteamericano cuenta con herramientas muy desarrolladas que le permiten seguir el rastro del dinero y eso es interesante en el caso de Marset y su implicancia en otros países.
Lo complejo surge por dos cosas: el liderazgo procesal se desplaza fuera de Sudamérica por delitos muy graves que Marset cometió dentro de Sudamérica y, con la extradición de Marset a EEUU, el caso convive con señales contradictorias en la política regional. No olvidemos que hace muy poco se generó el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández que estaba condenado en EEUU por delitos vinculados al narcotráfico. Este tipo de decisiones introduce un ruido político en un escenario donde la cooperación judicial y la lucha contra el crimen organizado requiere consistencia y credibilidad.
En casos como este, ¿queda expuesta cierta dependencia de los países sudamericanos respecto a Estados Unidos para combatir el narcotráfico transnacional?
—No creo que en forma generalizada, pero en algunos países existen ciertos niveles críticos. Cuando se trata de consolidar una persecución penal sobre el lado transnacional, circuitos bancarios y cooperación multinivel, EEUU sigue siendo el actor de mayor capacidad de arrastre en la región. Este expediente contra Marset en Virginia generó además una recompensa de dos millones de dólares que ofreció el Departamento de Estado y obviamente la coordinación de la DEA con Europol, por ejemplo. Eso refleja justamente que la jurisdicción y capacidad de primer nivel la tiene EEUU. Eso no significa que sin EEUU no exista acción posible. Hay países que demuestran una autonomía superior. Lo que sí podemos ver es que, en ciertos casos de mayor complejidad, la arquitectura de persecución sigue siendo absolutamente asimétrica en comparación con las capacidades de algunos países en América Latina con la de EEUU.
¿Qué tan determinante fue el rol de las fuerzas locales, bolivianas, en comparación con el apoyo o la coordinación internacional?
—Por lo que se conoce públicamente del caso, la captura fue ejecutada por fuerzas bolivianas y fue una captura perfecta, por así decirlo, sin bajas, y la internacionalización del caso fue estadounidense y aparentemente multinacional. La DEA no participó en el arresto y es algo que Bolivia ha remarcado explícitamente, pero sí estuvo involucrada en el traslado posterior. Esto nos permite reconocer el peso operativo local sin desconocer la presión internacional previa. Es lo más importante porque probablemente fue lo que elevó los costos para Marset, redujo su espacio de refugio y ayudó a cerrar el cerco donde se encontraba. Las fuerzas bolivianas ejecutaron la captura, eso es innegable, pero quizás la arquitectura que permitió ese momento fue controlada durante meses con información e inteligencia que provino de varios países, no solo EEUU.
¿Es conveniente que América Latina profundice alianzas con EEUU para combatir el narcotráfico?
—Las alianzas serán siempre útiles si son equilibradas y si fortalecen las capacidades locales. La región necesita cooperación en inteligencia financiera, en trazabilidad de activos, en análisis digital, en protección de fiscales e investigadores, en detección de activos criminales operando en diferentes países. Pero si esa cooperación no deja instituciones locales más fuertes en los países donde están operando, entonces solo vamos a tener victorias tácticas, pero no una autonomía estratégica para la persecución del crimen organizado. En otras palabras, si la cooperación internacional no fortalece las capacidades locales, la región va a ganar en operaciones, indudablemente sobre ciertos caudillos, pero va a perder grandes espacios de soberanía en materia de seguridad.
La investigación por el fiscal Pecci
Marset tiene causas abiertas por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. ¿Cómo puede seguir esa ramificación? ¿Queda en segundo plano?
—Esto es importante y no debería quedar en segundo plano. El asesinato de un fiscal o de cualquier investigador que enfrenta redes criminales y redes de poder constituye un ataque directo al estado de Derecho y la institucionalidad democrática de cualquier país. Cuando el crimen organizado decide eliminar un fiscal, el mensaje es único y claro: intimidar a quienes investigan y denuncian y a través de eso debilitar la capacidad que tiene el Estado.
Sin embargo, existe el riesgo de que el proceso judicial en EEUU priorice aquellos delitos que caen directamente dentro de la jurisdicción americana y que, por lo tanto, van a resultar más fáciles de probar. Es el caso del lavado de dinero, la complicación financiera o el uso del sistema bancario norteamericano para monetizar ganancias del narcotráfico.
También decir que, hasta el momento, Sebastián Marset no ha sido formalmente imputado en ninguna causa por el asesinato del fiscal Pecci. Existen menciones en el plano político, existen hipótesis investigativas que lo vinculan indirectamente con el entorno criminal que podría haber estado tratando el crimen, pero no una exclusión judicial directa en su contra. Por lo tanto, hay que estar atento en si Marset decide cooperar con las autoridades estadounidenses como parte de una estrategia de defensa o para negociar beneficios procesales. Podría utilizar el caso del fiscal Pecci.
Este escenario podría abrir nuevas líneas de investigación y en ese contexto yo creo que es fundamental avanzar en el esclarecimiento completo de su homicidio, no sólo para identificar a los autores materiales que de alguna forma ya están condenados e identificados, sino también para confirmar o descartar la participación de autores intelectuales o estructuras de poder que pudieron sentirse amenazados por las investigaciones que llevaba adelante el valiente fiscal Pecci. Esclarecer plenamente este crimen es una señal política y ética, porque cuando el crimen organizado tiene la capacidad de matar un fiscal la respuesta del sistema de justicia debe ser proporcional a la gravedad de ese desafío.
