Los 50 años del inicio de la última dictadura (1976-83) encuentran a la Argentina en medio de una extendida controversia sobre los alcances de la batalla cultural que emprendió el presidente Javier Milei. ¿Incluye la irrupción del fenómeno libertario una revisión sobre el papel de los victimarios y las víctimas de aquel sangriento ataque contra la sociedad? Inicialmente el gobierno lo hubiera deseado, pero hoy apenas puede afrontar los graves problemas del presente.
De hecho, el consenso democrático que emergió en la década del 80 bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín, con el grito del Nunca Más y los Juicios a las Juntas que son referencia en materia de derechos humanos a escala mundial, se mantiene firme entre los argentinos. Las encuestas de opinión reflejan que una base de 7 de cada 10 consultados rechaza a la dictadura y que la relaciona directamente con el significante “desaparecidos”. De acuerdo con un estudio de Pulsar UBA, también aparecen los términos “represión” y “violencia” como identitarios de aquel período histórico.
Lógica del amigo-enemigo
Sin embargo, un sector de la sociedad argentina y de la dirigencia sigue aplicando la lógica binaria del amigo-enemigo al hacer diagnósticos y propuestas políticas y electorales. No es una categoría exclusivamente local, como lo expone brutalmente la influencia global de Donald Trump. Pero la eliminación o exclusión del adversario cuenta con impulsores a ambos extremos del arco ideológico nacional. Con el agregado de que, en la actualidad, el poder político está en manos de la derecha radical.
Milei se ufana de que las fuerzas de seguridad “bañan a los zurdos” en cada manifestación frente al Congreso y desfinancia las políticas de derechos humanos. Su administración habla de la “memoria completa” y deja correr rumores sobre un pronto desalojo del edificio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura. Fue el más emblemático centro clandestino de detención donde fueron torturadas y asesinadas centenares de personas.
El Gobierno libertario aduce que los organismos de derechos humanos tienen filiación política (que están ligados al peronismo o a la izquierda). Argumenta, como lo hizo en el pasado cercano el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), que fueron cooptados por las administraciones kirchneristas (2003-2015) y el último gobierno de Alberto Fernández (2019-2023). Pero si bien hay sospechas y aún se desarrollan juicios por el manejo de fondos, pareciera que el símbolo de los “pañuelos blancos” no se ha manchado.
En las calles de Buenos Aires y de todo el país, en las canchas de fútbol y en las manifestaciones populares, siguen exhibiendo los pañuelos como un homenaje a Madres y Abuelas (de Plaza de Mayo; organización de DDHH) que resistieron a la opresión de la dictadura y pidieron por un hijo o un nieto del cual no tenían noticias. Y que, en tiempos de dictadura, las mismas autoridades que tenían que ofrecer respuestas eran las responsables de las desapariciones.
Ascenso del terror
El Estado argentino inició un proceso de reparación para esas familias diezmadas ni bien cayó la dictadura, tras la derrota militar en las Islas Malvinas (1982). Pero en muchos casos las respuestas tardaron décadas. Tanto es así, que este mismo año la Justicia identificó a 12 personas que estaban en condición de desaparecidas y cuyos restos fueron identificados en fosas comunes del centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. En esa docena de casos, la mayoría eran jóvenes de entre 20 y 30 años, estudiantes y obreros que los militares consideraban enemigos.
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Si bien el último gobierno peronista de la década del 70, que encabezó María Estela Martínez de Perón tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, estuvo signado por una explosión de violencia en el propio movimiento justicialista y el predominio de grupos guerrilleros como Montoneros y el izquierdista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), lo cierto es que la Junta Militar que tomó de facto el poder el 24 de marzo de 1976 extendió los tentáculos de la represión como un castigo a vastos sectores de la sociedad.
Por eso la prensa fue silenciada o sometida a censura previa, el Congreso reemplazado por una comisión legislativa (que presidía un militar) y las manifestaciones prohibidas. La emblemática ronda de las Madres de Plaza de Mayo, en torno a la pirámide que se ubica frente a la Casa Rosada de Buenos Aires, comenzó a realizarse porque los efectivos policiales y militares demandaban que “circulen” a las personas que hacían sus peticiones. Ahí aparecieron infiltrados como el marino Alfredo Astiz, apodado “el ángel de la muerte”, hoy preso en la cárcel federal de Ezeiza, donde fue visitado por un grupo de diputados libertarios.
Continuidad, deuda y democracia
Los grupos negacionistas no tienen anclaje social mayoritario. Los intentos por aplicar la Ley del 2×1 a los genocidas de la dictadura (que llegaron a obtener un fallo de la Corte, luego revocado) y antes los indultos del expresidente Carlos Menem (1989-1999) fueron masivamente rechazados por los argentinos. Y ahora mismo, el 83% de los consultados en la encuesta de Pulsar, ante la pregunta de qué pasaría si mañana hubiera un golpe de Estado, respondió “eso no va a volver a pasar”.
La democracia argentina no se quebró ni siquiera en su peor crisis reciente, la del año 2001, cuando fue saldada con una continuidad institucional que consistió en intervención del Congreso, y presidentes de distintos signos políticos que se sucedieron en el poder mediante elecciones libres y no fraudulentas. No obstante, existe una deuda social colectiva con los derechos humanos del presente, con los “descartados” que bregaba por rescatar el Papa Francisco, o simplemente Bergoglio para los argentinos.
La pobreza estructural se ramificó en un cuarto de la población y se afincó en la periferia de las grandes ciudades. Los distintos gobiernos no lograron atemperarla, en buena medida porque la gran deuda externa que sucedió a la devastación de la dictadura es de orden económico.
A caballo de ese fracaso llegó Milei a la Casa Rosada, como un emergente de la frustración colectiva ante la incapacidad dirigencial para forjar un acuerdo que traspase las diferencias ideológicas. Afortunadamente, o más bien a causa de las tragedias pasadas, los argentinos no están dispuestos a resignar el consenso que más les costó conseguir: el orden democrático. Eso vuelve a verse reflejado hoy, 24 de marzo, en las calles y en la conciencia mayoritaria.
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