El primero de febrero del 2026, Costa Rica celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias a nivel nacional. Podrían marcar un punto de inflexión para una de las democracias más estables de América y se consideran una prueba de resistencia crucial para la resiliencia de las instituciones democráticas del país.
El país se enfrenta a unas elecciones trascendentales que podrían determinar el futuro de sus casi ocho décadas de democracia estable. Las elecciones incluirán un presidente, dos vicepresidentes y 57 representantes. Aproximadamente el 73% de los cinco millones de costarricenses tienen derecho a voto. Ni el actual presidente, Rodrigo Chaves, ni los diputados tienen derecho constitucional a la reelección. Si ningún candidato obtiene al menos el 40% de los votos, habrá una segunda vuelta el 5 de abril entre los dos candidatos más votados.
Existen problemas estructurales profundamente arraigados: déficits en el sistema educativo, el alto desempleo y la falta de perspectivas —especialmente entre los jóvenes—, la desigualdad económica, el agravamiento de la crisis de seguridad y las tensiones institucionales en un panorama político altamente polarizado.
El gobierno de Chaves
El político Rodrigo Chaves Robles y su Partido Progreso Social Democrático (PSD), fundado en 2018, resultaron victoriosos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2022. Su victoria reflejó la creciente insatisfacción pública con los partidos tradicionales después de que gobiernos anteriores dejaran problemas clave sin resolver. Esto ha socavado permanentemente la confianza pública en el sistema político.
El agravamiento de los déficits incluye el aumento del costo de la vida, el deterioro de las infraestructuras, la ineficiencia administrativa, los reveses en salud y educación, y los recurrentes escándalos de corrupción. El discurso populista antisistema de Chaves resonó en una población cada vez más desencantada políticamente, una tendencia que continúa hasta el día de hoy.
Chaves logró reducir el déficit presupuestario, pero su historial en salud y educación es deficiente. Además, la situación de seguridad se ha deteriorado significativamente desde que asumió el cargo, y el tono político, incluso en el parlamento, se ha endurecido. No obstante, su índice de aprobación se mantiene estable en torno al 50%.
La Constitución limita el poder del presidente mediante una estricta separación de poderes. Dado que el partido de Chaves sólo cuenta con diez de los 57 escaños del parlamento, este se basa en el consenso. En cambio, ataca a sus oponentes políticos y a los medios de comunicación, culpando a instituciones como el parlamento, el poder judicial y la prensa por agravios que su gobierno no puede remediar. En su narrativa, estas instituciones constitucionales supuestamente bloquean la implementación de las reformas prometidas en beneficio de una élite. Con su discurso populista sobre los «ticos con corona», se suma a la retórica de otros líderes polarizadores como Donald Trump, Javier Milei y Andrés Manuel López Obrador.
Chaves también muestra simpatía por los modelos autocráticos: una visita de Estado del presidente salvadoreño Nayib Bukele en noviembre del 2024 dio lugar a planes para construir una megaprisión inspirada en el modelo salvadoreño. Analistas políticos advierten que el estilo de gobierno de Chaves podría socavar la singularidad de Costa Rica como democracia estable y debilitar sus instituciones a largo plazo.
Campaña y polarización
El 1 de octubre de 2025 marcó el inicio oficial de la campaña electoral. Ante la imposibilidad de la reelección directa, el chavismo nominó como candidata a Laura Fernández, una figura cercana y exministra de la presidencia. Fernández anunció que ofrecería a Chaves el cargo de ministro de la presidencia si ganaba las elecciones. Esto representa el primer intento en Costa Rica de institucionalizar un movimiento político independiente: el chavismo, que se considera un movimiento contra el sistema, pero está fuertemente apegado a la personalidad del presidente. Chaves se presenta como cercano al pueblo, movilizando a los votantes y, al mismo tiempo, dividiendo a la oposición. En los últimos meses, varios alcaldes se han pasado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de tendencia cristiano-humanista, y del Partido Liberación Nacional (PLN), de tendencia socialdemócrata, al chavismo. Esto ha disminuido la influencia de la oposición, ya que los alcaldes desempeñan un papel clave en la movilización de votantes.
El enfrentamiento de Chaves con los demás poderes del Estado culminó recientemente con sus dudas sobre la objetividad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su cuestionamiento de la legitimidad del proceso electoral. Chaves calificó de «mordaza» la orden del TSE, basada en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de suspender actividades públicas como sus conferencias de prensa semanales desde el inicio de la campaña electoral. La campaña electoral cobra especial relevancia por su dimensión jurídica. Por primera vez, la Corte Suprema solicitó el levantamiento de la inmunidad de un presidente en ejercicio. El contexto de esto son las acusaciones de malversación de 32 mil dólares del Banco Centroamericano de Desarrollo para beneficiar su estratega de campaña.
El 22 de septiembre de 2025, la solicitud recibió solo 34 votos en el parlamento controlado por la oposición, cuatro menos que la mayoría requerida de dos tercios. El resultado fortaleció a Chaves de cara a las elecciones y dividió aún más a la oposición. El 7 de octubre, el TSE finalmente convocó nuevamente al Parlamento para votar sobre la revocación de la inmunidad del presidente Chaves. Sin embargo, esta vez se trató de «beligerancia política» e interferencia en la campaña electoral.
Además, la campaña electoral se está viendo ensombrecida por luchas internas de poder en los partidos y casos de corrupción en varios frentes. Actores extranjeros también podrían intentar ejercer influencia: en septiembre, el presidente Nayib Bukele publicó un video en sus redes sociales, posteriormente retomado por el gobierno de Chaves, en el que abogaba por la continuidad de los proyectos de Chaves. Dicha interferencia por parte del jefe de Estado de otro país es inconstitucional y anteriormente impensable en Costa Rica.
Partidos y candidatos 2026
Un total de 19 partidos políticos y una coalición de dos partidos compiten por la presidencia y la vicepresidencia de la República, cuyo resultado, según las encuestas, aún es incierto.
- Pueblo Soberano: partido utilizado por el oficialismo como «vehículo» para participar en las elecciones y que lidera la ex ministra de Planificación y de la Presidencia Laura Fernández.
- El Partido Liberación Nacional: partido socialdemócrata, liderado por Álvaro Ramos, quien presidió la Caja Costarricense de Seguro Social al inicio del actual mandato. Su presidencia más reciente fue entre el dos mil diez y dos mil catorce.
- Partido Acción Ciudadana: en coalición con el nuevo partido Agenda Democrática Nacional, con como candidata Claudia Dobles, esposa del expresidente Carlos Alvarado (dos mil dieciocho – dos mil veintidós).
- Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): partido cristiano-humanista aliado del KAS, liderado por Juan Carlos Hidalgo, expresidente del partido. Este partido ejerció su presidencia por última vez entre el dos mil dos y dos mil seis. Durante más de doce años, trabajó como analista político para Latinoamérica en el Cato Institute de Washington D. C. y como comentarista político en medios internacionales. Hidalgo es licenciado en Relaciones Internacionales y Comercio Internacional y un comprometido defensor del transatlántico. En su campaña electoral, se centra en promover la competitividad económica, la justicia social y la lucha contra la inseguridad y la delincuencia transnacional, objetivos que pretende alcanzar mediante una mayor cooperación internacional, en particular con la Unión Europea. Se posiciona como defensor de los valores democráticos y destaca en la campaña electoral al hacer un llamamiento a los diputados y candidatos del PUSC para que se posicionen contra el populismo y defiendan los valores éticos que defiende el partido.
- Partido Unidos Podemos: bajo el liderazgo de Natalia Díaz, quien se desempeñó como primera ministra de la Presidencia del actual gobierno.
- Partido Nueva República: con el actual diputado y ex candidato presidencial Fabricio Alvarado.
- El partido Avanza está dirigido por José Aguilar Berrocal, quien está casado con una prima del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
- El Partido Progreso Social Democrático: liderado por su líder y actual diputada Luz Mary Alpízar, fue el grupo con el que Rodrigo Chaves ganó la presidencia en 2022.
- Partido Liberal Progresista: con el actual diputado Eliécer Feinzaig como candidato presidencial
Tendencias electorales
En las últimas décadas, el número de partidos que compiten en las elecciones ha aumentado drásticamente. En 2022, hubo 25 candidatos presidenciales. La creciente fragmentación de los partidos hace casi imposible lograr la mayoría necesaria en la primera vuelta. Por ejemplo, los tres últimos presidentes sólo lograron ganar el cargo tras una segunda vuelta. Hoy en día, entre el 70% y 80% de los ciudadanos ya no se identifica con ningún partido. Esto aumenta la volatilidad electoral y distribuye el voto entre varios partidos pequeños. La pérdida de lealtad partidista y la baja aceptación de los partidos tradicionales están desplazando la motivación del voto hacia otros factores: muchos votantes toman sus decisiones basándose en una conexión emocional con un líder en lugar de en una plataforma partidista.
Además, los temas específicos que movilizan a los votantes pueden ser decisivos a corto plazo. En 2018, por ejemplo, el debate sobre el matrimonio igualitario cambió significativamente el equilibrio de poder en los momentos finales de las elecciones. Además, una gran proporción de votantes toma su decisión final muy tarde, a veces incluso el día de las elecciones, o se abstiene. En las últimas elecciones, la proporción de no votantes alcanzó un récord del 40,9%. Los jóvenes, en particular, a menudo dejan de ejercer su derecho al voto debido a la frustración política.
Cuestiones de campaña electoral y desafíos de política interna
Costa Rica enfrenta una serie de desafíos para los cuales los votantes exigen soluciones concretas a los partidos y candidatos. Además de la economía, la educación, la salud y la inclusión social, esto afecta principalmente la situación de seguridad. El aumento de la violencia, también relacionada con el narcotráfico, se considera la principal preocupación de la población. En comparación con otros países de la OCDE, la tasa de desempleo de Costa Rica es alta, del 6,9%. Además, existe una gran proporción de empleo informal (40%).
El dinamismo económico se concentra en la región capital, que alberga sectores económicos dinámicos como la alta tecnología, las tecnologías de la información y la tecnología médica, mientras que las provincias rurales se quedan atrás. Dentro de la OCDE, Costa Rica tiene el segundo índice de desigualdad más alto, un indicio de profundas divisiones sociales. Durante mucho tiempo, fue el sólido sistema de educación y seguridad social lo que distinguió a Costa Rica de otros países de la región. Sin embargo, un atraso en las reformas y una burocracia excesiva han provocado un deterioro en la calidad del sistema escolar público. La pandemia ha exacerbado estos agravios existentes. Según estudios recientes, las habilidades de lectura y matemáticas de muchos estudiantes de secundaria se sitúan al nivel de los estudiantes de tercer o cuarto grado de primaria. Además, Costa Rica se encuentra entre los peores países de la OCDE en cuanto a la proporción de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Solo Turquía y Sudáfrica tienen un peor desempeño.
La tensa situación de seguridad
Un problema central que enfrenta Costa Rica es su alarmante situación de seguridad, en particular en relación con el crimen organizado transnacional, que influye cada vez más en las estructuras económicas, sociales, culturales y políticas del país. Costa Rica, que abolió su ejército en 1949, se encuentra en la ruta de la droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa, con puertos en las costas del Caribe y el Pacífico.
El país ya no es una mera zona de tránsito. Experimenta una creciente presencia de cárteles internacionales de la droga en conjunto con grupos locales y ahora sirve como punto de transbordo para drogas y lavado de dinero. En marzo de 2024 el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que alrededor de cuatro mil personas participan activamente en aproximadamente doscientos grupos criminales nacionales que reclutan jóvenes y cometen asesinatos por encargo.
Costa Rica ha experimentado un drástico aumento en la tasa de homicidios en los últimos años, alcanzando un récord de 907 homicidios dolosos en 2023. La OIJ también prevé casi 900 asesinatos para finales del 2025.. Recientemente, los medios de comunicación y las autoridades investigadoras han dado a conocer la posible participación de actores políticos y legales en organizaciones criminales. El caso más destacado se refiere al exjuez y ministro de seguridad Celso Gamboa, contra quien la Fiscalía de Dallas, Texas, presentó una solicitud de extradición. Gamboa está siendo investigado por presuntamente liderar un grupo transnacional responsable del narcotráfico a Estados Unidos y del lavado de dinero.
Entre otras cosas, se le acusa de actuar como operador del Cártel del Golfo en Centroamérica. Este aumento de la violencia ha atraído la atención internacional y está dañando la imagen de Costa Rica como un destino vacacional tranquilo y popular. A finales de septiembre, el descubrimiento de los cuerpos de una pareja de expatriados alemanes enterrados en su propiedad cerca del Parque Nacional Manuel Antonio fue noticia. Según una encuesta reciente de la Cámara de Comercio local, la tensa situación de seguridad se considera uno de los mayores obstáculos para la competitividad del país.
Conclusión
Nunca antes se había celebrado un proceso electoral en Costa Rica en un clima tan polarizado, caracterizado por tensiones institucionales y un presidente que desafía el Statu Quo constitucional. Los críticos temen que, si su movimiento pierde, Chaves no acepte incondicionalmente los resultados electorales, lo que constituiría una violación de un tabú en un país que ha defendido la estabilidad democrática durante décadas. Tradicionalmente, las dieciocho elecciones presidenciales y parlamentarias anteriores desde la fundación de la república han sido pacíficas y siempre han sido organizadas con transparencia por el Tribunal Supremo Electoral. Para un proceso electoral pacífico y la continuidad de una democracia estable, corresponderá a todos los costarricenses, incluidos partidos, candidatos, instituciones democráticas y medios de comunicación, cultivar una cultura de debate basada en hechos y respetuosa, y rechazar firmemente la difusión de noticias falsas.
Las encuestas actuales muestran un alto nivel de indecisión entre los votantes. Laura Fernández lidera actualmente, pero sólo obtuvo alrededor del doce por ciento de los votos.¹¹ Sigue siendo cuestionable si la candidata favorita de Chaves podrá aprovechar la fascinación que lo rodea como líder fuerte y figura de identificación, y si podrá lograr el mismo nivel de aceptación entre los votantes. Las elecciones recientes ya han traído varias sorpresas, y los pronósticos a menudo han resultado poco fiables. Por lo tanto, el resultado permanece incierto hasta el final. A largo plazo, el futuro de Costa Rica depende en gran medida de combinar la estabilidad política con la capacidad de reforma. El factor decisivo será si los partidos centristas logran movilizar a los votantes y convencerlos con soluciones creíbles a los problemas más acuciantes.
