En las últimas tres décadas, su política climática ha sido construida por sucesivos gobiernos de distintos colores y aficiones. Desde que Río de Janeiro fue el escenario de la Cumbre de la Tierra (Río 92), el compromiso medioambiental brasileño ha sido renovado y fortalecido por los tomadores de decisiones. La política de reducción de la deforestación fue una de las principales estrategias que aplicó Brasil en el verde amazónico.

El cambio del uso de la tierra es el principal sector responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Brasil.1 Por lo tanto, la reducción de la tasa anual de deforestación de la Amazonia, sobre todo a partir del 2005, confirma la seriedad del compromiso brasileño con la agenda climática. De hecho, la deforestación en 2005 fue aproximadamente un 30 % menor que el año anterior, y en 2017, aquel índice se redujo en un 75 %.2 Gol, golazo.

La importancia de Brasil para la agenda climática internacional

Brasil es un país esencial para garantizar una exitosa política climática. La selva amazónica, de la que Brasil tiene el 64 % aproximadamente y que ocupa el 56 % del territorio nacional, es la reserva de biodiversidad más grande del mundo. Los árboles juegan un papel clave en la reducción de los niveles de contaminación; el bosque es responsable de filtrar y reprocesar la producción mundial de dióxido de carbono. Además de su importancia natural, las buenas políticas ambientales domésticas de los anteriores gobiernos, sumadas a la experiencia diplomática brasileña y su clara opción por el multilateralismo para enfrentar los desafíos globales, posibilitaron el liderazgo del país en el combate al cambio climático.

« Brasil es un país esencial para garantizar una exitosa política climática. La selva amazónica, de la que Brasil tiene el 64 % aproximadamente y que ocupa el 56 % del territorio nacional, es la reserva de biodiversidad más grande del mundo »

Brasil es un global player reconocido en la agenda ambiental internacional y ha realizado destacadas contribuciones al avance del tema. Entre ellas, la propuesta del Bali Road Map, el respaldo del grupo BASIC (Brasil, África del Sur, India y China) al Acuerdo de Copenhague y la mediación en las negociaciones de la COP21. Todas estas fueron etapas esenciales para la elaboración del Acuerdo de París, el actual marco jurídico del combate al cambio climático. El jogo bonito de Brasil fue actuar como puente entre los países en desarrollo y los desarrollados, lo que ayudó a la superación del impase que impedía la elaboración de un documento universal y destinado a sustituir al Protocolo de Kioto.

Río Amazonas

Foto: Wallhere

Pero este lugar en la mesa, conquistado después de años de exitosa diplomacia y cumplimiento del home-work, no es un asiento permanente. Otros jugadores también pueden ser convocados o, como parece ser la tendencia, lamentablemente, el partido puede ser suspendido por «falta de garantías». Las consecuencias de la inacción brasileña serían desastrosas tanto para la política brasileña como para la internacional. Los motivos de preocupación son considerables, cuando uno analiza los recientes discursos y los retrocesos de la política climática de Brasil. Los datos estimativos de deforestación de la Amazonia en 2018 preocupan: hubo un aumento de un 15 % con relación al año anterior.

Aun más alarmante es el hecho de que el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) detectó que en junio de 2019 hubo un aumento de 88 % en la tasa de deforestación amazónica (en comparación con junio del año anterior): el área deforestada fue equivalente a más de 100.000 campos de fútbol, lo que demuestra una clara discontinuidad de la política de control de la deforestación que existió durante la última década.

¿Brasil, un opositor al cambio climático más en el siglo XXI?

Según la Constitución de la República Federativa del Brasil, en su artículo 225, «todas las personas tienen derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado, que es un bien de uso común y esencial para una saludable calidad de vida, lo que impone al Gobierno y a la comunidad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras».

Con base en este cuadro constitucional, Brasil elaboró un importante marco legal que incluye, entre otras iniciativas, la Política Nacional de Cambio Climático (PNMC), y, más recientemente, su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). En esta, Brasil se ha comprometido a reducir hacia el 2025 las emisiones de GEI en un 37 % en relación con los niveles de 2005; y un 43 % al 2030. Para lograr esos objetivos, el gobierno brasileño debe adoptar políticas en varias áreas. En el sector del uso de la tierra, la predicción dice que se deben restaurar y reforestar 12 millones de hectáreas de vegetación en el territorio nacional, además de poner fin a la deforestación ilegal. Sin embargo, varias propuestas del actual gobierno van en la dirección opuesta de estos compromisos, lo que preocupa a los brasileños y a la comunidad internacional.

Revisión del Código Forestal

Entre las propuestas del último semestre están la revisión del Código Forestal, la revisión de las 334 unidades de conservación y la desaparición de las reservas legales, es decir, las áreas protegidas en propiedades rurales. Si se implementan estas propuestas, el resultado sería el aumento del área deforestada. Como la selva amazónica recibe recursos internacionales para su preservación, con énfasis en el Fondo Amazonia, el tema fue central en la última reunión del G20. Creado en 2008 para captar donaciones destinadas a inversiones no reembolsables en proyectos de prevención, monitoreo y combate a la deforestación, el Fondo Amazonia tiene el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) como gestor de aproximadamente 750 millones de dólares en donaciones.

La mayoría de estas donaciones provienen de Noruega y Alemania, y financian 103 proyectos de generación de empleo en las comunidades amazónicas, para asegurar su subsistencia sin la necesidad de deforestar. La gobernanza del bndes, que permite la transferencia de fondos a proyectos de municipios, estados, gobierno federal, el tercer sector y las universidades, siempre ha sido considerada exitosa por su transparencia, incluso por los países donantes.

Sin embargo, críticas del gobierno Bolsonaro a la gobernanza del Fondo, basadas en un discurso de desconfianza sobre el trabajo de las ONG y en la propuesta de aumentar el control del gobierno en el comité directivo del Fondo Amazonia (Cofa), condujo a un incidente diplomático que pone en peligro la propia existencia del Fondo. En el peor escenario, Brasil se quedaría sin estas donaciones, sin que haya una política pública del gobierno actual para proveer a las comunidades de medios de subsistencia suficientes para combatir la deforestación.

Deforestación equivale a pérdida del hábitat para muchos

Foto: Pixundfertig, vía Pixabay

A esos retrocesos se suman un abandono de campo de la oferta brasileña de ser el anfitrión de la 25.ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención sobre el Cambio Climático de la ONU; la controversia acerca de la Semana del Clima en Salvador; la destitución del coordinador ejecutivo del Foro Brasileño de Cambio Climático (FBMC); la interferencia en agencias ambientales como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICM-Bio); la disminución de más del 30 % en el número de multas aplicadas por deforestación ilegal de enero a mayo de 2019; además de la divulgación previa de los sitios a inspeccionar, reduciendo el elemento sorpresa para una inspección efectiva. Si la lista de retrocesos sigue aumentando, existe la posibilidad de que Brasil «pierda la categoría» de la primera división en temas ambientales.

El riesgo de más deforestación, de menos licencias ambientales y de desmantelamiento de la gobernabilidad socioambiental llevaron a ocho exministros de Medioambiente a declarar que Brasil no puede darle la espalda al mundo del siglo XXI». Estos ocho ministros representan treinta años de historia ambiental brasileña y se expanden a lo largo del espectro político nacional. De hecho, el discurso soberanista del actual gobierno incorpora una discusión ya obsoleta, del siglo pasado, cuando se pensaba que la preservación del medioambiente y el desarrollo económico eran incompatibles. Ya desde la década de 1980 (Informe Brundtland) prevalece un enfoque en favor del desarrollo sostenible, que asume tres dimensiones complementarias y equilibradas: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medioambiente.

Transformación progresiva

Ese nuevo concepto implica una «transformación progresiva de la economía y la sociedad», donde el desarrollo sostenible es un «proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la inversión, el desarrollo tecnológico y el cambio institucional están en armonía y refuerzan el potencial presente y futuro para satisfacer las aspiraciones y necesidades humanas». Hoy el concepto está traducido en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que abarca el compromiso de 193 países con medidas audaces y transformadoras para promover el desarrollo sostenible en los próximos 15 años, «sin dejar a nadie atrás».

« Si Brasil disminuye sus compromisos con la agenda climática, no hay ganadores. Pierden los brasileños, pierden las próximas generaciones, perdemos todos »

Calificar el calentamiento global como tema académico, no prioritario o ideológico significa rechazar las evidencias científicas que fundamentan un llamado universal a enfrentar este desafío. Como hemos visto, diferentes partidos políticos de Brasil asumieron compromisos con la agenda ambiental. El tema no debe ser tratado como ideológico de la izquierda. En Latinoamérica, por ejemplo, el actual gobierno de Chile, de derecha, aprovechó la retirada brasileña para recibir a la COP25 en su país, e impulsar oportunidades económicas y de innovación tecnológica. También el gobierno alemán, de centroderecha, implementa una ambiciosa agenda climática, que, de hecho, es un tema transversal a todos los partidos en la sociedad alemana.

¿La protección del medioambiente dificulta el crecimiento económico?

Todo lo contrario. Hay ventajas competitivas de agregar la protección ambiental a la producción nacional. Incluso el poderoso lobby agroindustrial se ha dado cuenta de que es importante evitar restricciones en la compra de nuestros productos agrícolas, y que la reducción de la participación de Brasil en el comercio mundial agravaría la crisis económica brasileña. Es preocupante la carta firmada por más de 600 científicos3 que demandan que empresas europeas solo hagan negocios con Brasil a condición de que el país cumpla con los compromisos de reducir la deforestación y los conflictos indígenas.

También el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado recientemente, pero que ya lleva dos décadas en discusiones, depende para su aprobación del compromiso brasileño con el enfrentamiento al cambio climático. Asimismo, Brasil debe fortalecer su gobernanza climática si desea el apoyo de la Unión Europea a su solicitud de unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), donde prácticamente todos los países del grupo, con la excepción actual de los Estados Unidos, creen en una solución multilateral liderada por la onu para controlar el cambio climático. Para ser competitivo y permanecer en las ligas mayores de la economía global, el país debe anticiparse estratégicamente, con una definición clara de sus objetivos a largo plazo.

Clima, seguridad y soberanía

Las amenazas no son solamente comerciales, sino también de la seguridad internacional y de la propia soberanía brasileña. No son pocas las propuestas de un abordaje conjunto de las agendas de clima y seguridad. Aunque los temas estén entrelazados, sobre todo cuando se piensa en la cuestión de los refugiados ambientales y de los conflictos como en el caso de la escasez de agua, Brasil ha sido tradicionalmente contrario a llevar los asuntos de medioambiente al Consejo de Seguridad de la onu, porque desea evitar la posibilidad de sufrir sanciones militares o económicas.

La defensa de la soberanía brasileña y la protección de sus recursos naturales siempre han sido realizadas mediante la participación del país en foros multilaterales, a través del diálogo internacional. Pero si continúan las tendencias del último semestre a convertirse en un opositor al cambio climático (porque contra el medioambiente no hay rivales en buena lid), Brasil dañaría su reputación internacional, construida a lo largo de décadas. Y como clima es geopolítica, el enfoque unilateralista actual pone en riesgo la misma soberanía que se dice tanto querer preservar. El discurso y la práctica terminan teniendo efectos opuestos, y el país se pone en una posición más vulnerable a la interferencia externa, con una defensa abierta y expuesta.

Un desafío global

El cambio climático es un desafío global. Las acciones para disminuir las emisiones de GEI dependen de la cooperación internacional, del diálogo multilateral y de las medidas implementadas a nivel mundial, nacional y local. Es un partido donde jugamos todos. Nos queda otra vez la pregunta: ¿qué pasa cuando un global player no juega? Si Brasil disminuye sus compromisos con la agenda climática, no hay ganadores. Pierden los brasileños, pierden las próximas generaciones, perdemos todos. De hecho, Brasil no puede darle la espalda al mundo del siglo XXI. El cambio climático es el principal desafío que enfrenta este siglo, de cuya superación depende la supervivencia de las generaciones futuras. La victoria de Brasil frente a la insensatez política será la victoria de todos. Aún quedan algunos minutos antes del final. Joguemos bonito.

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