En el Perú, los efectos devastadores de la minería no formal de oro son conocidos sobre todo por el impacto en el medio ambiente y en los derechos humanos de las víctimas de explotación sexual y laboral. De ahí que tanto la intervención del Estado para enfrentar este delito, como las intervenciones de las múltiples autoridades que se han pronunciado al respecto, han girado principalmente en torno a estas graves consecuencias.

Tanto la minería informal, así como la ilegal —como es definida actualmente— datan de una época muy antigua en el Perú y, en no pocas ocasiones, están relacionadas con condiciones de explotación humana. En la historia reciente, a fines del siglo XX, fue vista por diversas poblaciones altoandinas como una vía para salir de la situación de pobreza en la que los había sumido la crisis económica de los 80 y 90, o como una alternativa para salir de entornos violentos como los generados por la acción de Sendero Luminoso y la violencia política de esas décadas. Se tomaba, inclusive, como una forma «amable» de informalidad comparada con el cultivo ilegal de hoja de coca y el abastecimiento al narcotráfico. Actividad a la que también se dedicó una parte de la migración andina durante el proceso de colonización de la ceja de selva, así como de la selva baja.

Algunas zonas de la sierra peruana también sufrieron los embates de la minería no formal en esas décadas como Puno, Cusco y Ayacucho, ciudades en las que se exploraron y explotaron territorios comunales. En menor medida, la costa peruana también fue parte de ese proceso, sobre todo hacia fines de la década de los 90, donde hoy en día existen grandes enclaves de minería no formal de oro. Los casos que se presentan dan cuenta de ello.

Publicación: 2019

Editorial: Luzazul gráfica S.A.C.

Autores: Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera

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