La sociedad civil, en su conjunto, cumple un rol fundamental en el desarrollo de un país al constituirse en un contrapeso natural al Estado y su adecuado funcionamiento y articulación es crucial en razón de que así se gesta un legítimo control social sobre la gestión gubernamental.
Nuestra sociedad civil se encuentra integrada por personas jurídicas de derecho privado y público. Estas últimas son creadas por ley según ordena nuestra Carta Magna, de lo cual son claro ejemplo los colegios profesionales. Empero, nunca estará demás decir que todas estas personas jurídicas deben poseer tanto una estructura orgánica como una articulación y funcionamiento rigurosamente democráticos.
Sin embargo, cuando se trata de procesos electorales dentro de la sociedad civil, se percibe una serie de matices propios de cada una de las instituciones que venimos refiriendo; y, por ello debemos, a pesar nuestro, enfrentarnos a un marco regulatorio no solo inmenso, enmarañado y heterogéneo sino también, y en no pocas ocasiones, inconsistente e incompleto.
Ello hace difícil comprender las reglas que se aplican a la competencia electoral en estas instituciones de la sociedad civil y, muchas veces, es origen de lamentables conflictos internos que desdibujan esa prestancia institucional que normalmente debería coadyuvar al afianzamiento de su legitimidad social.
Publicación: 2020
Autores: Victor Amilcar Velásquez Javier, José Manuel Villalobos Campana, José Andrés Tello Alfaro
