El Perú es un país especial en América Latina debido a la alta presencia de economías ilegales que operan transversalmente en sus regiones. Contribuyen a ello algunas particularidades: a) la alta tasa de informalidad a nivel de la población económicamente activa (actualmente por encima del 75% de la Población Económicamente Activa [PEA] en promedio, aunque hay provincias en que supera el 90%), la más alta de América; b) la complejidad geográfica y la diversidad de recursos naturales; c) la inconstante presencia del Estado en zonas alejadas o de difícil acceso; d) la relativa fragmentación política del Estado; e) la corrupción de las instituciones y algunas empresas privadas; f) la impunidad; g) la pobreza y pobreza extrema, y h) la tolerancia social ante lo ilícito.
Estas variables crean, con frecuencia, un escenario propicio para el desarrollo de actividades algunas veces vinculadas a sectores de la criminalidad organizada trasnacional, otras a organizaciones delictivas locales (que incluyen organizaciones sociales y políticas), y, la mayoría de las veces, con vínculos con actividades legales e informales.
Por otro lado, y en adición a la presión que ya venían experimentando el sector formal y el informal en el Perú, la crisis económica producida por la pandemia de la COVID-19, trajo consecuencias directas en la economía. En marzo de 2020, se estimó que más de un millón de trabajadores de la micro y pequeña empresa perdieron su empleo, y que más de 200 mil iniciaron un retorno a sus lugares de origen en distritos y zonas rurales, entre otros impactos que, posiblemente, terminarían por empujar hacia la ilegalidad a un buen número de personas. ¿Está ocurriendo esto actualmente?
Publicación: 2021
ISBN: 978-612-47258-2-1
Autores: Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera
