Al finalizar un conflicto armado interno, las capacidades de las autoridades nacionales y territoriales para proveer servicios públicos y para mantener la paz y la estabilidad, tienden a ser bajas o, en muchos casos, inexistentes. Un reto fundamental durante este proceso de transición del conflicto al posconflicto es fortalecer las capacidades limitadas de los gobiernos locales y del Gobierno nacional, para coordinarse, afianzar los mecanismos institucionales de participación y avanzar en la construcción de políticas públicas incluyentes para la paz y el desarrollo humano; en otras palabras, consolidar un modelo de gestión territorial y administración pública eficiente.

Estas debilidades en las autoridades nacionales y territoriales han generado altos niveles de desconfianza ciudadana hacia las instituciones estatales, así como poca legitimidad en las decisiones de política. El problema, entonces, es que la ausencia de confianza y capacidades públicas podría, de nuevo, derivar en otros tipos de problemas territoriales que fueron las causas estructurales del conflicto y tener sus repercusiones en las decisiones nacionales.

Por esta razón, tres reformas centrales son pertinentes para garantizar la sostenibilidad de la transición. Primero, es fundamental reformar la actual configuración político-administrativa del sistema de descentralización del país, desde la atribución de competencias y funciones para las entidades territoriales, al igual que los sistemas de planeación y asignación de presupuesto.

Segundo, es clave establecer mecanismos de coordinación y construcción de una visión territorial a nivel nacional, que vayan más allá de los sectores y que avancen en la diferenciación de necesidades según la afectación del conflicto y la población, pero también que correspondan a un modelo de gestión territorial incluyente para la estabilidad administrativa y política de las entidades territoriales.

Y tercero, es crucial contar con un sistema de carrera civil más incluyente y representativo, así como con mecanismos institucionalizados para la participación e incidencia efectiva de las poblaciones en las decisiones que les afectan.

Para que estas reformas sean efectivas, al menos en la transición, se requiere que el Gobierno nacional aplique en la realidad el concepto de paz territorial, a través de una respuesta rápida y oportuna en los municipios y regiones priorizadas y, además, que la ciudadanía cuente con las capacidades necesarias para hacer incidencia y control social, especialmente en las zonas más vulneradas y afectadas por el conflicto armado interno.

Publicación: 2016

Editorial: Opciones Gráficas Editoriales Ltda.

Autos: Sergio Cuervo Escobar

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