La democracia se sostiene en dos pilares esenciales: elecciones y un estado de Derecho con un poder judicial independiente. En México, este último elemento fue derrumbado con la reforma judicial de 2024.
El país empieza el 2026 con desafíos importantes que pueden marcar de manera significativa el inicio de la consolidación de un régimen autoritario. Iniciaremos el año con una reforma constitucional de gran calado al sistema electoral. Al centro del debate están tres aspectos fundamentales: el sistema de representación proporcional; el financiamiento público para partidos políticos; y el modelo de gobernanza electoral.
Para una reforma electoral que busca cambiar las bases del sistema que permitió a México transitar pacíficamente del autoritarismo electoral y la hegemonía priísta a la democracia, la presidenta creó una comisión electoral. Por primera vez en la historia de las reformas electorales, esta comisión está integrada únicamente por personas afines al partido de la presidenta, Morena. La oposición ha quedado completamente marginada y deslegitimada por el gobierno. La comisión inició su encomienda con la organización de foros ciudadanos para modelar el proyecto de reforma señalando que el partido en el poder tiene “la fuerza política»: «Y la vamos a ejercer. No va a ser producto de un conciliado de camarillas”.
Además de excluir a la oposición, según se observa en la organización de los foros, también a la ciudadanía crítica con el cierre del sistema electoral. Aún no hay una propuesta definida por la comisión. Sin embargo, su proyecto se inspira en aquella iniciativa de reforma presentada el 5 de febrero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el denominado Plan C, un conjunto de reformas constitucionales que cambian la naturaleza del régimen político.
Contra la pluralidad
El sistema electoral que permitió a México transitar de un régimen hegemónico a una democracia es un sistema mixto que combina principios mayoritarios y de representación proporcional. Esta arquitectura institucional no fue un diseño accidental, sino una respuesta deliberada a décadas de exclusión política y concentración del poder. Su objetivo central fue garantizar la pluralidad, incluyendo las minorías políticas.
Las propuestas impulsadas desde el grupo político de la presidenta, Claudia Sheinbaum, apuntan a reducir de manera significativa, e incluso eliminar, los escaños de representación proporcional. Los principales argumentos son la austeridad y la reducción del gasto público. Sin embargo, un cambio de esta naturaleza tendría efectos profundos: concentraría los asientos en las cámaras legislativas en uno o pocos partidos, sobrerrepresentando a las mayorías y subrepresentando a las minorías.
La evidencia comparada y la propia experiencia mexicana muestran que los sistemas predominantemente mayoritarios tienden a producir legislativos menos diversos y más alineados con el partido dominante. En el caso mexicano, esta reforma implicaría un retroceso histórico, acercando al país a un escenario similar al existente antes de la reforma política de 1977, cuando amplios sectores sociales y políticos quedaban excluidos del Congreso.
No sorprende que esta iniciativa haya generado resistencias más allá de los partidos de oposición, también entre los partidos que integran la coalición gobernante. Particularmente la presencia legislativa del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo dependen en gran medida del sistema de representación proporcional. Aun así, Morena parece decidido a avanzar en esta ruta, enfrentándose tanto a las propuestas alternativas de los partidos afectados como a una iniciativa de reforma ciudadana que ha logrado reunir más de 130 mil firmas de personas electoras y que, conforme a la ley, deberá ser discutida en el Congreso.
Financiamiento público a partidos políticos
Otro de los ejes centrales de la reforma electoral propone la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, nuevamente bajo el discurso de la austeridad. El efecto de una reducción sustantiva del financiamiento público es bien conocido en el país. Lejos de generar una competencia más justa, tiende a profundizar las asimetrías entre partidos, beneficiando de manera sistemática al partido en el gobierno. Morena, al contar con una amplia red territorial, acceso privilegiado a la visibilidad mediática, capacidad de movilización desde el aparato estatal y vínculos con gobiernos locales afines, enfrenta menores costos relativos de operación política. En contraste, los partidos de oposición —y especialmente los partidos pequeños— dependen en mayor medida del financiamiento público para pagar campañas y competir en condiciones mínimamente equitativas.
La disminución del financiamiento público también incrementa los incentivos para recurrir a fuentes privadas de financiamiento opacas o ilegales, abriendo la puerta a la penetración del dinero ilícito en la política, especialmente del crimen organizado.
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En términos de pluralidad, el impacto es claro: menos recursos para los partidos implica menos voces en el debate público, menor capacidad de organización para las fuerzas minoritarias y una competencia crecientemente desigual. No hay cancha pareja cuando el partido en el poder compite con ventajas estructurales mientras el resto de los actores enfrenta restricciones financieras severas. Paradójicamente, una reforma que se presenta como una medida de austeridad y moralización de la vida pública puede terminar creando un sistema de partidos más concentrado y menos representativo.
Modelo de gobernanza electoral: quiebre de la independencia
Finalmente, uno de los cambios más delicados de la reforma se relaciona con la gobernanza electoral y la independencia de la autoridad encargada de organizar las elecciones. De acuerdo con el llamado Plan C, el Instituto Nacional Electoral (INE) sería sustituido por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), integrado por personas consejeras electas mediante voto popular.
Aunque la elección directa de autoridades puede parecer una medida democratizadora, la evidencia del proceso de elección judicial que vivió México en 2024 muestra un resultado claro e indisputable: la politización y la subversión de la independencia política del órgano. De hecho, siguiendo el modelo de la elección judicial, las personas consejeras serían seleccionadas para competir en elecciones a partir de listas propuestas por comisiones del poder ejecutivo, legislativo y judicial, poderes que actualmente se encuentran bajo control de Morena.
A ello se suma la propuesta de desaparición de los 32 organismos públicos electorales locales, nuevamente justificada en términos de austeridad. Estos organismos son responsables de organizar las elecciones subnacionales —gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos— y cuentan con conocimiento técnico, experiencia territorial y capacidades operativas específicas. La concentración de todas estas funciones en un INEC centralizado, sin experiencia subnacional suficiente ni el presupuesto adecuado, pone en riesgo la integridad, la legalidad y la confiabilidad de los procesos electorales.
El regreso al pasado autoritario: una amenaza latente
En conjunto, las propuestas de reforma electoral no pueden entenderse como medidas aisladas de ahorro o austeridad, mucho menos democráticas. Su orientación apunta a un cambio de régimen político, en donde se reduce la equidad en la competencia y erosiona la independencia de las instituciones electorales. Los efectos acumulados de estas reformas podrían comprometer seriamente uno de los principales logros del proceso democrático mexicano: la construcción de elecciones competitivas, creíbles y capaces de canalizar pacíficamente la diversidad política y la circulación de las elites sin violencia.
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